Vivienda, consumidores y tribunales: ¿Es posible salir de la tormenta perfecta?

José Mª Fernández Seijo
Magistrado

En la película La Tormenta Perfecta los marineros asumieron su destino trágico y murieron con honor. El cine tiende a sublimar las reacciones humanas, supongo que la realidad debió ser mucho menos digna y que el caos daba pocas oportunidades al heroísmo.
Cuando no es posible solucionar un problema de gran magnitud tal vez haya que trocearlo en pequeños problemas e ir resolviéndolos pieza a pieza, como si se tratara de montar un rompecabezas.
El primero de los problemas que debería solucionarse es el referido a la vivienda.

Hay que advertir que en la Constitución española el derecho a una vivienda digna no es un derecho fundamental, se contenta con ser un principio rector de la política social y económica, es decir, se convierte en una mera declaración de intenciones, un desiderátum, un derecho débil. Este déficit de valor hace que cuando el derecho a una vivienda digna choca con otros derechos de mayor intensidad, como el derecho de propiedad que sí tiene la consideración de derecho fuerte, el derecho débil se diluye.

En el ámbito europeo la perspectiva es radicalmente distinta, así el Tribunal de Justicia de la Unión Europea el 10 de septiembre de 2014, en el caso Kušionová, consideró que el derecho a una vivienda digna entroncaba con el derecho a la dignidad de las personas y el derecho a la integridad del domicilio, derechos fundamentales de primera intensidad que se recogen en el núcleo duro de la Carta de Derechos Fundamentales de los Ciudadanos de la Unión Europea. Por lo tanto, los jueces españoles, en tanto jueces europeos, deben dar a los ciudadanos un ámbito de protección más intenso. La Carta Europea es de aplicación preferente frente a la Constitución española y eso debería permitir construir un sistema de tutela a los ciudadanos de mayor intensidad, sobre todo cuando la pérdida de la vivienda pone a las personas en riesgo de exclusión social.
Este tema no es meramente formal, no se trata de hacer una reflexión dogmática sobre la intensidad de los derechos fundamentales, se trata de poder paralizar un desahucio cuando se detecte un riesgo razonable de vulneración del derecho fundamental a una vivienda digna.

Actualmente las políticas de vivienda las tienen asumidas las comunidades autónomas, pero estas competencias se ven interferidas por la competencia estatal en cuestiones fundamentales como la de la regulación de los mercados o las competencias en cuestiones procesales, eso ha determinado que cuando alguna comunidad autónoma ha intentado regular el derecho a la vivienda (por ejemplo, en Cataluña) la norma haya sido de complicada ejecución. Este laberinto competencial debería simplificarse y permitir competencias, plenas, sin interferencias, no sólo para diseñar una adecuada política de vivienda, sino la garantía de su correcta y completa ejecución.

En esta línea de actuación, también debería reivindicarse el derecho de los ayuntamientos, sobre todo de los de las grandes ciudades, a definir las líneas fundamentales del derecho a una vivienda digna. Ciudades como París o Berlín tienen amplia autonomía para definir estas políticas, pueden adoptar medidas básicas para establecer límites en las rentas de alquiler o establecer zonas de protección. Los ayuntamientos, que tienen el diseño del urbanismo, sin embargo, en materia de vivienda son los principales damnificados, sin disponer de instrumentos para evitar situaciones como las que se viven actualmente de degradación de los centros urbanos, expulsión de los vecinos de sus barrios, obstaculización del acceso a la vivienda de los jóvenes que acaban de acceder al mercado laboral … Hay ciudades que corren el riesgo de morir de éxito y convertirse en parques temáticos en manos de especuladores y turistas. En el nuevo dibujo de las competencias en materia de vivienda los ayuntamientos deberían disponer de un margen más amplio para establecer impuestos (los ibis a los pisos vacíos), o iniciar procesos expropiatorios ante un uso incorrecto del derecho de propiedad.
En la medida en la que no se han dado soluciones a las llamadas políticas de vivienda, a la regulación del derecho a la vivienda digna, los ciudadanos han tenido que acudir a otro ámbito del derecho, al derecho del consumo. Esta huida ha abierto nuevos campos de protección, pero ha distorsionado el problema. Los derechos del consumidor no son adecuados para garantizar el derecho a una vivienda digna, aunque lo cierto es que a través de la tutela al consumidor se ha puesto coto a algunos abusos en las escrituras de préstamo con garantía hipotecaria.

De nuevo hay que acudir al derecho y a la jurisprudencia de la Unión Europea para comprender la actual fortaleza del derecho del consumidor. En el derecho español el derecho de consumo había corrido una suerte pareja a la del derecho a la vivienda, no era un derecho fuerte, sino un mero principio informador de la política social. Es el Tribunal de Justicia de Luxemburgo el que recuerda que la tutela al consumidor es una manifestación inequívoca al principio de tutela judicial efectiva, a partir de esta advertencia construye una jurisprudencia que intensifica la protección a la parte más débil en los contratos y exige una mayor implicación a los jueces a la hora de abordar estos desequilibrios que se producen en el momento de la contratación y que se trasladan a los procedimientos judiciales.
En el caso Kušionová y en el caso Aziz el Tribunal de Justicia de la Unión Europea combina estos dos derechos para la UE fundamentales (vivienda y consumidor) para exigir una actuación contundente y eficaz de los tribunales.

En España se han producido cambios legales, muchos de ellos afrontados tras los terremotos que han causado las sentencias de la UE, pero estos cambios son meras medidas cosméticas que al poco de aprobarse se manifiestan insuficientes. Sería necesario replantearse el modelo de protección de los consumidores en el derecho interno español, en otros países de nuestro entorno se han creado autoridades independientes en materia de consumidores, agencias estatales capaces de adoptar medidas generales de protección. En España es una aberración que el consumidor haya de acudir a procedimientos judiciales individuales para la tutela de sus derechos, que las acciones colectivas hayan fracasado o se hayan embarrancado en procedimientos judiciales extremadamente largos y costosos.

Además de valorar la creación de esta agencia estatal de tutela al consumidor, sobre todo frente a contratos bancarios y financieros, deberían ponerse en marcha juzgados especializados en materia de consumo y consumidores, juzgados que tendrían que disponer de normas procesales específicas, no las generales del enjuiciamiento civil, manifiestamente insatisfactorias.

El tercero de los indicadores que habría de servir para salir de la tormenta perfecta sería el de la regulación de un sistema efectivo de segunda oportunidad, es decir, un mecanismo por el cual se pudieran perdonar las deudas de aquellas personas que no pueden hacer frente al cumplimiento de sus obligaciones económicas. La crisis ha dejado a miles de familias con deudas de imposible cumplimiento, deudas que les arrastran a situaciones desesperadas. En 2015 se aprobó una primera ley de segunda oportunidad, excesivamente farragosa, vinculada a procedimientos judiciales de insolvencia. Durante el año 2016 apenas 600 personas han utilizado esta vía para eliminar parte de sus deudas, en otros países de nuestro entorno (Alemania, Francia, Bélgica) son miles de ciudadanos los que acuden a procesos de reestructuración de deudas para obtener esa segunda oportunidad.

Seguramente es en el ámbito de estas situaciones de insolvencia en las que los jueces y el resto de poderes públicos podrían adoptar medidas más eficaces para proteger a los más débiles y paliar los efectos de la crisis. En la Unión Europea se está actualmente discutiendo el contenido de una directiva sobre segunda oportunidad que permitirá imponer un modelo unificado para toda Europa, aquí deberíamos ser capaces de adelantar ya alguna de las medidas que propone la directiva.

En definitiva, estas son algunas ideas para evitar que la próxima tormenta perfecta, que sin duda vendrá, nos coja de nuevo embarcados. No son soluciones mágica, tampoco se trata de medidas que puedan adoptarse de un día para otro, se trata de buscar modelos más justos y equitativos, no sólo las reglas del libre mercado deben regular las políticas de vivienda.

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