De nuevo, la vergüenza de cuelgamuros

La permanencia del Valle de los Caídos sigue siendo una ofensa para los republicanos y sus herederos. Sin embargo, para el Gobierno es un tema que no interesa a la gente, razón por la cual no parece sentirse especialmente concernido.

Marc Carrillo
Catedrático de Derecho Constitucional de la Universitat Pompeu Fabra

 A raíz de la reciente aprobación de una proposición no de ley en las Cortes Generales, presentada por el PSOE, en la que instaba al Gobierno a exhumar los restos de Franco del llamado Valle de los Caídos, y aprobada por todos los miembros de la Cámara con la única abstención del PP, el Ministro portavoz del Gobierno se descolgó, según las informaciones de prensa, con afirmaciones como las que siguen: que ésta “no es una buena idea”, que la iniciativa forma parte de un “debate antiguo” que “reabre viejas heridas, viejas historias”, etc. Y después de invocar a la Transición, pasó a afirmar que el tema de las “rivalidades” (sic) entre españoles ya entonces quedó resuelto, para concluir que “al Gobierno lo que le preocupa es resolver los problemas de la gente, que la senda del crecimiento que hemos emprendido siga creando puestos de trabajo y resolver la cuestión de las pensiones…”. Ahí queda eso.

La iniciativa parlamentaria responde a la finalidad de intentar hacer aplicar las previsiones de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, es decir la Ley de Memoria histórica. Previsiones que desde la vuelta al poder del PP en 2011, sus gobiernos han hecho absoluta abstracción de una ley que, como todas, se había de cumplir. La excusa aparente para no hacerlo era que como esta ley implicaba gastos presupuestarios para las diversas administraciones públicas, la crisis económica y financiera no permitía esos dispendios.

Pero en realidad la verdadera razón se encuentra en los peculiares y, por otra parte, manidos argumentos del Ministro-portavoz. La permanencia del tétrico complejo del nacional-catolicismo franquista de Cuelgamuros sigue siendo una ofensa para los republicanos y sus herederos, para los que fueron perseguidos por la dictadura de aquel criminal de guerra que fue Franco. Sin embargo, para el Gobierno es un tema que no interesa a la gente, razón por la cual no parece sentirse especialmente concernido. Y ello a pesar de la amplia mayoría parlamentaria que le insta a exhumar los restos del dictador y del líder del fascismo español, ubicados en un destacamento penal como fue Cuelgamuros, donde sufrieron condena y trabajos forzados presos republicanos.

Valle de los Caídos
Obreros trabajando en la construcción del Valle de los Caídos

El espantajo de la cruz que domina el Valle, se proyecta como símbolo del nacional-catolicismo sobre un establecimiento religioso construido con la mano de obra de esos presos, y como un acto más de venganza de un régimen ominoso. Así lo recordaba, entre otros, Nicolás Sánchez Albornoz, que siendo muy joven dio allí con sus huesos como opositor al franquismo. A casi cuarenta años de la reinstauración de la democracia en España con la Constitución de 1978, el mantenimiento en los actuales términos del complejo de Cuelgamuros es una indignidad, un insulto a los valores democráticos.

El actual Gobierno ha afirmado que retirar los restos de los dos sátrapas enterrados allí no forma parte de sus prioridades. Pero la amplia mayoría parlamentaria que le ha impulsado a hacerlo a través de la moción resultante de la Proposición no de ley, le debería obligar políticamente a hacerlo. Su manifiesta negativa a ejecutar la resolución parlamentaria, sin embargo, y más allá del eventual coste político que le pudiera suponer -?- no le comporta ninguna sanción jurídica. En consecuencia, puede seguir su camino como si la cosa no fuese con él. A pesar de que suponga un claro incumplimiento de la Ley de 2007 sobre la Memoria histórica, cuyo artículo 16.2, refiriéndose al Valle de los caídos establece que: “En ningún lugar del recinto podrán llevarse a cabo actos de naturaleza política ni exaltadores de la Guerra Civil, de sus protagonistas, o del franquismo”.

En este sentido, que mayor acto de exaltación puede ser la permanencia obscenamente preeminente de los restos de Franco y José Antonio presidiendo la cripta. Su presencia todavía en ese establecimiento público, constituye una exaltación de dichos sujetos a la vez que una ofensa para la democracia y para tantos hijos y nietos de republicanos que fueron enterrados en el mausoleo sin su consentimiento, después de ser fusilados por un régimen liberticida.

La Ley 52/2007 fue un tardío aunque, en todo caso, siempre bienvenido esfuerzo para establecer desde el poder público una modesta política de memoria democrática, a fin de dignificar y reparar a través del recuerdo, el conocimiento histórico de la lucha por las libertad en España. Fue una ley que respondía a la línea seguida en otros países  democráticos, en los que resultaría impensable encontrar un mausoleo público que mantuviese enterrados los restos de Hitler, Mussolini o Pétain. La referencia a la reconciliación  -adobada con una instrumental e interesada  invocación a la Transición- de la hablaba el Ministro portavoz,  jamás puede fundarse en el mantenimiento de un Mausoleo de los restos de dos de los  líderes más significados que se alzaron contra el régimen democrático de la II República.

Valle de los Caídos
Tumba de Franco en el Valle de los Caídos

Según exponían recientemente en un artículo en El País de 25 de mayo de 2016, p. 15, el exministro de la Presidencia, Ramón Jáuregui y su colaborador para estos temas, Carlos García de Andoin, de los restos de 33.847 personas que yacen en el Valle, 12.400 no han sido identificadas. Ello no ha sido posible, afirmaban, a causa «de las malas condiciones en que se realizó el traslado –a partir de 1959-, por la deficiente identificación en origen, en particular de las víctimas republicanas y por los sucesivos derrumbes que han sufrido los columbarios» donde se encuentran. Y, desde luego, no sólo eso. Sino que en todo el territorio español permanecen fosas comunes con restos de víctimas de la guerra y de la dictadura sin poder haber sido identificadas y enterradas con dignidad civil.

Sobre este aspecto, la Ley de la Memoria histórica establece en su artículo 11 que “1. Las Administraciones públicas, en el marco de sus competencias, facilitarán a los descendientes directos de las víctimas que así lo soliciten las actividades de indagación, localización e identificación de las personas desaparecidas violentamente durante la Guerra Civil o la represión política posterior y cuyo paradero se ignore […]”. Pero la realidad ha sido muy distinta. Numerosas entidades de recuperación de la memoria democrática así como particulares afectados por la desaparición de familiares, siguen en la búsqueda de sus restos para darles digna sepultura sin que  -salvo alguna que otra excepción- encuentren en las administraciones públicas el apoyo necesario para llevarlo a cabo.

En el informe que una comisión de expertos realizó por encargo del Gobierno del presidente Rodríguez-Zapatero, y al que se refiere el artículo sobre qué hacer con Cuelgamuros, se hicieron propuestas razonables en la lógica de la reparación y la pedagogía histórica, en el marco de una política pública de memoria: construir un memorial civil y un mausoleo en homenaje permanente a todas la víctimas; dignificar la situación de los restos, columbarios y criptas; construir un centro de interpretación del lugar con la historia de la construcción del Valle, la guerra y el recuerdo de los trabajadores penados, junto a un centro de documentación e investigación histórica.

Además, y en una concesión más a la Iglesia católica que, todo sea dicho, ya provenía de la propia Ley de la Memoria (art. Art. 16.1), se debía mantener el uso religioso del templo, pero con una presencia católica comprometida con la democracia, el pluralismo y la reconciliación.  Y en relación a los dos sátrapas, se proponía la exhumación de los restos de Franco y la reubicación de los de José Antonio. Respecto de esta última, la propuesta contó con el voto particular de tres expertos, al parecer no por razones de principio sino de prudencia. La larga sombra de la noche franquista.., seguía campando por sus fueros en forma de contención a pesar de la infamia. Y, escuchando los argumentos del Ministro portavoz para justificar el rechazo del Gobierno a aplicar la Ley 52/2007, hay poderosas razones para afirmar que todavía sigue cabalgando, no por prudencia sino desacomplejada,  en algunas esperas de poder del Estado. A Franco y al otro, no se les toca.

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