Un retrato social y económico del consistorio barcelonés

 

780_377_58105_cda6bd8516d66465f52e51e075dabfd7 (1)Por M. Eugenia Ibáñez

Viven en los cuatro distritos donde se considera que reside la clase más acomodada de Barcelona, tienen mutua médica privada, disponen de vivienda en propiedad y llevan a sus hijos a escuelas privadas y concertadas. Ese es a grandes rasgos, y con las excepciones que iremos matizando, el perfil mayoritario de los 41 concejales (16 mujeres y 25 hombres) que el pasado 22 de mayo fueron elegidos para asumir y resolver los problemas de la ciudad y de los barceloneses. Ese retrato social y económico de los ediles se ha elaborado con las respuestas facilitadas por los propios interesados a un cuestionario dela Federaciód’Associacions de Veïns de Barcelona (FAVB) con cinco preguntas sobre vivienda, escuela, sanidad, movilidad y asociacionismo.

Saber dónde viven nuestros representantes, dónde van cuando se encuentran enfermos y qué escuela eligen a la hora de preparar el futuro de sus hijos puede ayudar al ciudadano a entender algunas de las decisiones que esos hombres y mujeres tomen en el ejercicio de su cargo.

Vivienda: pisos de propiedad
Treinta y un concejales –el 75% del total– tienen fijada su vivienda en el Eixample, Sarrià-Sant Gervasi, Gràcia y les Corts, y si se añaden los dos ediles que viven en Sant Cugat, el porcentaje de zonas de residencia, en cierta manera privilegiadas, se eleva al 80%. Lo que está claro es que a los miembros del consistorio barcelonés no les gusta Sants-Montjuïc –ninguno de ellos vive en ese distrito— y son excepción los que han optado por los cinco restantes (ver mapa adjunto). La propiedad es el régimen de vivienda de 28 concejales –el 68% del total– y otros 20 pagan hipoteca de ese piso. Trece ediles (cuatro de CiU y del PPC, tres del PSC y dos de ICV) viven en pisos alquilados. A tenor de los datos facilitados, el disfrute de una segunda residencia no es mayoritaria, pero poco falta: 18 concejales, el 44%, (seis de CiU, tres del PPC, dos de UpB, cinco del PSC y dos de ICV).

Sanidad: preferencia por mutuas privadas
La confianza en la calidad de la sanidad pública no parece muy extendida entre los concejales, ya que una amplia mayoría, el 58% del total –23 ediles– han optado por protegerse de hipotéticas deficiencias de la misma y han suscrito póliza con una mutua privada. Los más desconfiados son los de CiU (10 sobre 14 representantes), seguidos por 6 del PPC, los 2 miembros de UpB, 4 del PSC y 1 de ICV. No obstante, la inmensa mayoría de los 41 ediles destacan en el cuestionario que también son usuarios de la sanidad pública, como no podía ser de otra manera ya que, salvo que la realidad demuestre lo contrario, la asistencia sanitaria en este país es de alcance universal, es decir, que todos la pagamos y todos podemos disfrutar de ella. Incluso los políticos.

Enseñanza: poca escuela pública
Trece de los 41 concejales del consistorio barcelonés no tienen hijos: cinco del PPC, tres de CiU y del PSC, y dos de ICV. En consecuencia el análisis sobre sus preferencias escuela privada-escuela pública se ha hecho sobre los 28 restantes. Veintidós de estos representantes municipales, el 78%, han eludido la pública y han optado por la privada o la concertada como escuela primaria de de sus hijos: diez concejales de CiU; cuatro del PPC; uo de UpB y siete del PSC. A centros públicos asisten los hijos de ocho regidores: dos de CiU, uno de UpB, uno del PSC y los tres de ICV. Solo dos partidos muestran unidad de criterio a la hora de elegir el destino escolar de los retoños de sus representantes: todos los ediles del PPC van a la escuela concertada y todos los de ICV los llevan a la pública. Un caso aparte es el del alcalde, Xavier Trias (CiU)  que, a tenor de la respuesta dada al cuestionario dela FAVB, ha mostrado serias dudas a la hora de elegir escuela: sus cuatro hijos han pasado por la pública, la concertada y la privada. El alcalde tiene pues información de primera mano sobre la bondad de los diferentes tipos de escuela.

Movilidad: de todo un poco
La inmensa mayoría de los concejales se muestran entusiastas usuarios de metro y autobuses y solo cuatro excluyen el transporte público y prefieren otros medios para moverse por la ciudad: Mercè Homs (CiU), en moto y bici; Belén Pajares (PPC) en utilitario; Óscar Ramírez (PPC), en moto, y Jordi Hereu (PSC) en coche oficial “cuando el trabajo lo requiere”. Los ediles se muestran reacios a señalar el coche oficial o uno de la flota municipal como vehículo de sus movimientos urbanos; tan solo nueve citan esa posibilidad y todos ellos con el condicionante de “exigencias municipales”: los citados Trias y Hereu; Maite Fandos, Jaume Ciurana, Raimond Blasi y Jordi Martí, de CiU; Sara Jaurrieta, Inma Moraleda y Carmen Andrés, del PSC. Esta última es la única regidora que afirma no tener carnet de conducir, y siete declaran no tener coche privado: Francina Vila, Joaquim Forn, Gerard Ardanuy, de CiU; David Escudé, del PSC; Miriam Casanova, del PPC, y Quim Mestre y Janet Sanz, de ICV.

La mayoría dispone de coche propio –26 concejales, el 63%–; siete regidores declaran ser propietarios de moto –el 17%–, y otros siete citan la bicicleta como transporte por la ciudad, sin especificar la frecuencia de su uso: Ricard Gomà y Janet Sanz, de ICV; Sara Jaurrieta  (PSC); Joan Laporta (UpB) y Mercè Homs y Eduard Freixedes, de CiU. Los concejales han hecho toda una exhibición a la hora de elegir su medio de desplazamiento por la ciudad

Xavier Trias mantiene la pauta de probarlo todo y se define como peatón, usuario del transporte público, conductor de coche privado y pasajero del vehículo oficial cuando la situación lo requiere. El alcalde sigue acumulando experiencias.

Asociaciones: apartado variopinto y multicolor
Como era de esperar, en este apartado hay de todo un poco, como en botica. Salvo tres concejales del PPC (Gloria Martín, Eduardo Bolaños y Miriam Casanova),  que no pertenecen a ninguna entidad, la mayoría del resto es generosa en este apartado. Baten el récord Isabel Ribas y Elsa Blasco, ambas de ICV, y Guillem Espriu (PSC) que se deben dejar un pastón en el pago de cuotas: las dos primeras  pertenecen a 13 y 8 entidades, respectivamente, y el segundo, a 10.  La naturaleza de las asociaciones que aparecen en la encuesta es variada, pero solo dos regidoras (Elsa Blasco e Isabel Ribas, ambas de ICV) están afiliadas a una asociación de vecinos. Guillen Espriu (PSC) señala su vinculación al Taller de Historia de Gràcia y Eduard Freixedes (CiU) al Centre Moral de Poblenou y al Arxiu Historic del mismo barrio. Los sindicatos tampoco gozan de especial entusiasmo entre los miembros del consistorio: Guillen Espriu (PSC) cotiza en UGT; Quim Mestre y Elsa Blasco (ICV), a CCOO, y Raimond Blasi (CiU) ala Unióde Treballadors.  Y salvo que se les haya olvidado en el tintero, solo una edil, Maite Fandos (CiU), pertenece a una asociación feminista: Dones Avui.

Omnium Cultural es la entidad preferida por nueve regidores de CiU, la práctica totalidad de los convergentes–. Xavier Trias abona, “entre otras”, las cuotas del Barça, Ômnium, Ateneu, Teatre del Liceu y CDC. Los nueve concejales del PPC no concretan en demasía sus afinidades asociativas y su jefe de grupo, Alberto Fernández, pertenece a Arrels, Amics de la Gent Gran y otras dos deportivas. En esta línea de indefinición están también los dos de UpB: Portabella habla de grupos de “sensibilidad social, nacional, medioambiental y cultural”, o sea, casi todos, y Laporta lo tiene claro: solo cita al Barça. Los nueve del PSC tienen una media de tres asociaciones por cabeza, y Jordi Hereu destaca Intermon y Acció Solidaria contra l`atur. Los cinco de ICV son, en conjunto, los que más afiliaciones acumulan; no obstante, su jefe de filas, Ricard Gomà, solo deja constancia de una: Casa dela Solidaritat.

Habrá que darles un margen de confianza
Es probable que los barceloneses confiaran en que el retraso social de sus representantes municipales se acercara algo más a su propia realidad, a su cotidianidad. Quizá los ciudadanos tuvieran la esperanza de que, por aquello de predicar con el ejemplo, de demostrar su confianza en la cosa pública de la que cobran sus sueldos y para la que trabajan, los 41 ediles del consistorio se decantaran con mayor rotundidad por la escuela pública, por ejemplo, o prescindieran de la red de salvaguarda de las mutuas médicas privadas, o, incluso que fueran mayoría aquellos cuya vivienda tuviera más proximidad física con los problemas de los barrios, en vez de optar por zonas donde los edificios de alto estanding son las fachadas más repetidas. No se trata de hacer demagogia barata y esperar que los concejales renuncien a una calidad de vida, en muchos casos heredada y  en otros conseguida a base de su propio trabajo, pero una cosa es forzar situaciones personales o renunciar a derechos adquiridos y otra muy distinta olvidar la obligación de los políticos de ser coherentes con los principios que dicen defender. Porque no parece muy coherente tener la obligación de mejorar las condiciones de la escuela pública, por ejemplo, y llevar a tus hijos a la privada, porque la conclusión inmediata que puede tomar el ciudadano, el votante en definitiva, es que ese político, concejal en el caso que nos ocupa, desconfía de su propio trabajo y no quiere que sus hijos sean víctimas de la incompetencia de sus padres.

Quizá el barcelonés, malpensado él, considere que la postura de un  concejal con mutua médica privada que le cubre los problemillas derivados de los recortes en la sanidad pública no puede ser la misma que si esos recortes le alargan la visita con el urólogo, por poner otro ejemplo. O que a esos mismos ediles les pueda faltar capacidad de reacción cuando la consellera de Ensenyament suprime las ayudas a programas de acogida matinal o las sustituciones de maestros en los centros públicos porque, a fin de cuentas, sus hijos no sufrirán las consecuencias de esas medidas. O que los representantes municipales no dirán ni mu cuandola Generalitat proponga reducir la superficie de suelo que los ayuntamientos deben destinar a vivienda pública en sus planeamientos urbanísticos, porque, en definitiva, el precio del suelo en sus barrios no permite construir vivienda social.

Todo eso lo puede pensar el ciudadano. Y muchas cosas más. Pero esos 41 concejales acaban de llegar al consistorio barcelonés y aún no han tomado decisiones a través de las cuales se les pueda juzgar. Así que habrá que confiar en que ni la escuela privada de sus hijos, ni la vivienda de alto nivel en la que algunos viven, ni la mutua sanitaria privada que ese 58%  tiene por paraguas, nada de eso les impedirá tomar decisiones que beneficien a  la mayoría de ciudadanos, aquellos que llevan a sus retoños a centros públicos, carecen de mutua privada y esperan que la oferta de pisos sociales les permita disponer de la vivienda digna de la que carecen. 

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* Este reportaje se ha publicado en la revista ‘La Veu del Carrer