Trascender los síntomas

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Manifestación contra la Ley Wert el pasado mes de mayo en Valladolid. Foto: Rod Castro

Josep Maria Cuenca
Escritor

Recién aprobada una nueva ley orgánica de educación -la séptima desde la restauración democrática- todavía hay quien insiste en pedir la dimisión del ilegible ministro Wert. Trabajos de malhumor perdidos. Especialmente en un país en el que los altos cargos no dimiten ni aunque lo deseen, ya que, desde su palurda prepotencia, nuestros máximos mandatarios conciben cualquier dimisión como una humillante derrota y como una insufrible muestra de debilidad. Pero no es ésta ni la única ni la más notable razón por la cual resulta estéril ejercitar compulsivamente la petición pública de dimisiones, deporte muy hispano que practican con fervor consuetudinario  gentes que circulan por la derecha, por la izquierda o por alguna de las mil patrias de que disponemos. Wert no es más que un síntoma, y los síntomas se extienden con una absoluta desvergüenza por los ministerios, los gobiernos autonómicos y las casas consistoriales. Es más, hay un ejército de síntomas inquieto como un tumulto de espermatozoides esperando sustituir a los síntomas titulares. En estas circunstancias, pedir dimisiones constituye una perfecta pérdida de tiempo, además de ser un grotesco ejemplo de sobrevaloración del poder de un solo individuo en nuestro mundo ultratecnificado.

Cuando una ley es un despropósito -y la de Wert sin duda alguna lo es- hay que desautorizarla públicamente con argumentos sólidos y, lejos de esperar obtener lo que las propias fuerzas no pueden conceder, hay que retirarse estratégica y momentáneamente para reflexionar un poquito sobre el fondo del asunto. Sin embargo, ninguna de las izquierdas televisibles opta por proceder de semejante modo. Y no opta por ello por la sencilla razón de que haceya demasiado tiempo que han asumido que la política parlamentaria se rige por criterios mediáticos y publicitarios, lo cual condiciona de forma extrema sus actuaciones, todas las cuales sin excepción han de tender a aumentar la audiencia (los electores) y a prevenir en la medida de lo posible el disgusto de la clientela ya ganada y de la potencial.

En estos tiempos en que la inteligencia crítica y la voluntad social emancipatoria adolecen de una debilidad inédita desde el siglo XIX, resulta desolador comprobar la inanidad de los balbuceos impugnadores ante las políticas radicales del neoliberalismo triunfante. Más de dos décadas de renuncia al pensamiento y al análisis rigurosos, tanto por parte de la socialdemocracia como del resto de las posiciones zurdas, han acabado por extraviar los puntos de referencia más elementales. Ya casi nadie subraya el carácter profundamente político de la totalidad de lo existente, ni se atreve a afirmar que todas las partes de que consta dicha totalidad mantienen una estrecha e indivisible relación entre sí. La desorientación y la indefinición actuales de las izquierdas explican con cegadora claridad que algunos de sus dirigentes hayan llegado a denunciar que la ley Wert era ¡ideológica! Hasta tal punto han asimilado el discurso dominante según el cual la política es hoy una cuestión de asepsia técnica gracias a la feliz circunstancia de vivir en un mundo en el que han muerto las ideologías en tanto que proyectos sociales. He aquí, para quien no se haya enterado, el mejor de los mundos posibles, el fin de la historia.

Claro está que el sistema educativo de cualquier comunidad política es una instancia esencial para lograr una sociedad mínimamente presentable, pero aspirar a transformarlo sin que se modifique estructuralmente la economía y el resto de parcelas de la realidad es como pretender ir a la luna en un globo aerostático. Solipsismo vacuo. Y depositar toda esperanza en un mero vuelco electoral sin una base social consolidada de bien poco puede servir. Cuatro u ocho años más tarde se podrá desmantelar todo de nuevo y aprobar otra ley que neutralice la anterior.

¿Cómo se puede estabilizar lo que funciona y convertirlo en la medida de lo posible en intocable? ¿De qué modo podemos detener cuanto antes el desmantelamiento de lo alcanzado por el Estado social de derecho? ¿Cabrá la posibilidad de restaurarlo en un futuro más o menos cercano? Y, aún más concretamente, ¿qué contenidos y métodos educativos se deben defender y oponer con argumentos racionales y morales a los ahora triunfantes? Trabajar en la búsqueda de respuestas serias a estas preguntas y a otras similares, así como intentar la politización cotidiana de una parte apreciable de la sociedad, es lo que habría que hacer para, cuando menos, limitar los efectos de la tendencia que nos está conduciendo a un retroceso social demoledor y generalizado. Pero no habrá demasiados motivos para la esperanza mientras la oposición oficial centre sus moderados esfuerzos en pedir la inútil dimisión de los señores ministros; mientras no vaya más allá de las poses estéticas para consumo tanto interno como externo y mucho más allá de los síntomas de aquello que nos asola.