Sanidad pública madrileña: de aquellos barros, estos lodos

El modelo de sanidad pública madrileña ingeniado por Esperanza Aguirre y sus secuaces es un escarnio que deben pagar los ciudadanos con sus impuestos

Carmen Esbrí
Miembro de la MEDSAP – Marea Blanca

El “tamayazo” se dio en las elecciones autonómicas de mayo de 2003 a cargo de dos tránsfugas pertenecientes al PSOE que provocaron que este partido no gobernara la Comunidad de Madrid, voluntad de los madrileños por las urnas. Desde entonces, convirtieron a los madrileños en laboratorio perverso de pruebas, en especial en la sanidad pública. El PP empezó a desplegar en ella el modelo que justificara esa especulación con millones de euros que riega nuestros impuestos.

Sanidad pública madrileñaEstaba claro que el “tamayazo” truncó la sustitución, tras dos legislaturas, de Alberto Ruiz Gallardón; un enorme escándalo político que produjo rabia y frustración y permitió contranatura convertir a la condesa y aristócrata Esperanza Aguirre en presidenta de la Comunidad de Madrid; con él, se apuntaban ya las líneas maestras de cuánto hemos soportado los madrileños después; una traición que nos metía en el mundo sórdido de una política ya defectuosa pero, desde entonces, tremendamente antidemocrática, injusta, chulesca y antisolidaria.

Esperanza Aguirre, a la que muchos definían por detrás como soberbia y dictadora, se rodeó de una cohorte de seguidistas que llevaban objetivos distintos para la administración del bien común; planes propios de ascenso a posiciones estratégicas para enriquecimiento personal y, según parece, para financiación de su partido con los bienes de todos. La sanidad pública se convirtió en uno de los bocados económicos de interés para el Partido Popular y su neoliberalismo recalcitrante. El primer consejero de Sanidad fue Manuel Lamela, del Cuerpo de Abogados del Estado, quien, tras otros empleos, se incorporaba ese mismo 2003 procedente de la dirección del gabinete del entonces ministro de Economía, Rodrigo Rato. Decían de Rato que había hecho milagros en nuestra economía, hoy sabemos que fueron sus habilidades de rey Midas las milagrosas medidas para procurarse riquezas, algunas viajeras a lugares exóticos. Manuel Lamela estuvo en el cargo hasta 2007; a él se debe el Plan de Infraestructuras Sanitarias de 2004 a 2007, por el que se dedicó a firmar licitaciones con UTES en las que algunos de sus representantes ni siquiera aportaron el DNI, incluso alguno aparece con número de pasaporte; todas ellas con intereses en negocio fácil y boyante.

A su salida de la Consejería de Sanidad, Lamela constituyó un entramado de empresas sanitarias, como Madrid Medical Destination SL que tenía relaciones con Capio, luego Idc Salud y después Quirón Salud; gestora de algunos hospitales concesionados públicos y hoy perteneciente al alemán Grupo Fresenius; también creó Madrid Ciudad de la Salud SA. En paralelo, volvió a Bankia para ser consejero del Grupo Cibeles de Caja Madrid, y presidió una asociación mimada por Esperanza Aguirre, Madrid Centro Medico que acabaría recibiendo 1,3 millones de euros del Ministerio de Ciencia e Innovación. A día de hoy, su carrera sigue en alza y protegida. En esa primera legislatura Esperanza Aguirre llevaba ya en su equipo a Ignacio González como vicepresidente.

Segundo asalto neoliberal

En 2007, con la VIII legislatura la Consejería de Sanidad se entregó a Juan José Güemes, yerno del Carlos Fabra y marido de la diputada nacional del PP, Andrea Fabra, conocida por el minuto de gloria que se procuró en 2012 con un soez  “que se jodan “, “cariñosa” dedicación a parados que recibían un enorme bofetón contra su prestación por desempleo de parte del “ignorante de la cotidianidad de los ciudadanos”, de nombre Mariano Rajoy. Güemes fue cesado a petición propia antes de acabar legislatura, y nombró como director de Hospitales de Madrid a un cerebro privatizador: ideólogo del montaje que atraía tanto a la presidenta, de nombre Antonio Burgueño proveniente de la aseguradora Adeslas y padre del modelo Alzira, que “hacía ver estrellas de colores ” a Aguirre.

Sanidad pública madrileña
Antonio Burgueño

Antonio Burgueño, al que algún medio afín nombraba como “el hombre de la sanidad privada que revolucionó la pública”, no era más que otro “ troll ”, elemento clave que diseñó e importó su fórmula Alcira, la que se puso en pie y se mantiene en el Hospital de la Ribera en dicha localidad valenciana; un modelo que escupe corrupción por hallazgos fraudulentos e incumplimientos que empezaron a dar la cara hace escaso tiempo. El modelo Alcira ha sido un montaje político de concesión que se montó en el 2000 con propiedad, control y financiación públicas, pero gestión privada. Fue tortuoso el proceso y sangrante para las arcas públicas valencianas que, ante la alegación de pérdidas y no poder atender al hospital, se logró que se anulara la concesión y resarcir a la concesionaria con 25 millones de euros como indemnización por el lucro cesante. Decisión mal recibida por el Tribunal de Cuentas valenciano. A pesar de ello, la Generalitat Valenciana decidió entregarla a la misma UTE de nuevo, ampliando la dotación en más de un 60 %.

El modelo ya no sólo trabajaba en Valencia, donde su espectro alcanzó a cuatro hospitales más, hoy en pie de guerra, sino que añadió a su elenco hospitales en Madrid y el Laboratorio Clínico Central. Era el anillo más deseado que Esperanza Aguirre pudiera lograr, quien tras reunirse con un repertorio de constructores, les daba apoyo para motivarles cuando se apuntaba la burbuja inmobiliaria; quería favorecerles con “encarguitos” y lograr ser la dama de hierro española a la manera de la privatizadora inglesa Margaret Thatcher; que había hundido el reconocido modelo británico: National Health Service (NHS). El propio David Cameron se ha posicionado no hace mucho sobre tan fallida decisión reconociendo las enormes pérdidas económicas de aquella descapitalización pública y el aumento de las desgracias humanas. Nadie recuerda que también Esperanza Aguirre tuvo que rescatar con millones de euros alguno de sus hospitales de nuevo cuño en el 2010, por la ineficiencia en su gestión o quizás por algo más.

Fraternal hermanamiento entre Valencia y Madrid

Sanidad pública madrileña
Jesús Sánchez Martos

Queda claro que Madrid bebió, además de la inspiración neoliberal británica, del modelo valenciano. Con respecto al mismo, además de destacar a Antonio Bugueño padre (el hijo también participa del negociazo), hay que señalar la existencia del Foro Sanitario Alzira que ha venido acogiendo ilustres personalidades, entre ellas un presidente del Centro Internacional de Gestión Emprendedora IE Business School, Juan José Güemes, puesto que ocupó el mismo mes en el que había pedido su destitución como consejero. En 2010, le sustituyó en el cargo: Javier Fernández Lasketty; al que siguieron Javier Rodríguez, Javier Maldonado y el actual Jesús Sánchez Martos, sucesivos consejeros clonados que han sido el caballo de batalla directa, cuerpo a cuerpo, contra los que hemos resistido y luchado sin parar un minuto a partir del 2012, año en el que surgía la Marea Blanca de Madrid, formada por profesionales y ciudadanos, bajo el único objetivo de defensa de un servicio cien por cien público, universal y de calidad, implícito al derecho humano a la salud y la vida. Su éxito, irlos echando de una u otra forma; ahora toca el último citado, tan irreverente como los anteriores.

Los últimos cargos aún no han sido investigados. En junio de 2013, un Juzgado de Madrid admitía a trámite una querella presentada contra Güemes y otros acusados por irregularidades en la privatización de la gestión sanitaria externalizada de los hospitales Infanta Elena, Rey Juan Carlos y Hospital de Torrejón, curiosamente todos adjudicados al Grupo Capio con ciertas relaciones con Ribera Salud a través del Manuel Lamela. Meses después tanto Güemes como Lamela fueron imputados por delitos de cohecho y prevaricación; querellas sospechosamente archivadas porque aquel tribunal no vio en ellos delito alguno.

Los escándalos salpican el plan sanitario de Aguirre

Sanidad pública madrileña
Javier Fernández Lasquetty

La sanidad pública madrileña ha tenido lobos vigilando las ovejas –aún siguen– a los que hemos denunciado mes a mes durante cuatro años y medio. Y seguimos. Javier Fernández Lasquetty, empezó con Esperanza Aguirre una legislatura muy corta que a penas duró un año; ella acabó dejando la presidencia diciendo que por razones personales. Aparte de sus disensos con el presidente del Gobierno, había algo más: sombras y más sombras de corruptelas y corrupciones que han acabado por saberse en un atronador vocerío, algunas ya descritas; otras no pertenecientes a sanidad pública, como la de Francisco Granados, Lucía Figar o Alfonso Prados. La más nueva y altisonante, la de su sucesor: Ignacio González.

La sanidad pública de Madrid se ha destrozado entre bocado y bocado de desayunos en grandes hoteles como el Ritz o el Holiday Inn, a veces al precio nada desdeñable de 1.308€/cubierto. Fue precisamente en el desayuno de lujo del 2008 de la jornada nombrada como: ‘Servicios compartidos y externalizados en la gestión hospitalaria’ en el que Alberto de la Rosa, director general de Ribera Salud Grupo, responsable de las claves de un negocio tan oportuno afirmaba que apostaba firmemente por el modelo de gestión público-privado, añadiendo:  “Esta nueva fórmula es símbolo de calidad y de eficacia en la gestión, por eso creemos en su expansión a otras Comunidades Autónomas”.

Ignacio González

No sólo por haber funcionado las puertas giratorias y otros, Aguirre ha tenido que despedirse de la política acosada por el cerco de una corrupción que cada vez se cierra más sobre ella. Ignacio González, ese sucesor en el cargo que ella mismo nombró y que jamás pasó por las urnas, era el por ahora último peón de la jugada de este plan maquiavélico. Por el desvío de fondos reservados del Canal de Isabel II, que casualmente importan 23 millones de euros realizado mediante ingeniería fiscal con sociedades y filiales en Latinoamérica, le imputan presuntos delitos de pertenencia en organización criminal, falsificación de documentos públicos, prevaricación, blanqueo de capitales, fraude y malversación de caudales públicos. Son también 23 millones/€ los que la UCO investiga en relación al famoso Plan de Infraestructuras Sanitarias de 2004 a 2007,que suponen un 1 % de los 2.300 millones que en 2005 se adjudicaron a los nuevos hospitales; cantidad que parece haberse utilizado para publicidad y otras partidas aún sin determinar y que algunos señalan como presunta financiación irregular de su partido en una pieza separada del caso Púnica en proceso.

Corrupción y opacidad neoliberal

Sanidad pública madrileña
Foto: Juanjo Delapeña

Por ese plan hospitalario, innecesario y especulador, llevamos pagando un canon a las empresas concesionarias; una parte del cual debería pagar la construcción del hospital. Curiosamente esa parte está oculta. Y hay otras diversas y sospechosas singularidades, como la valoración de los trabajos –cambiar una bombilla se paga a 65€/hora; el precio de la hora de un médico de guardia no excede de 20€/hora–. Obviamente se observa con nitidez el estrambótico y corrosivo modelo Aguirre & Co, garantes de la Sanidad Pública solo como oportunidad de negocio. Ellos ejercieron con nuestros impuestos de cómodos mecenas de empresas privadas que siguen traficando con nuestra salud.

Sanidad pública madrileña
Foto: Juanjo Delapeña
Sanidad pública madrileña
Foto: Juanjo Delapeña

Según una comisión de investigación reciente realizada en la Asamblea de Madrid, ya se ha pagado, por ejemplo, la construcción del Hospital Infanta Leonor de Vallecas; por tanto, no tiene sentido seguir pagándolo como quiere la presidenta actual Cristina Cifuentes. Esto no ha acabado con Aguirre; la opacidad continúa y la corrupción se pega a ella como una lacra invisible. Existe un “modus operandi” consustancial al sistema que pervierte los cimientos de la democracia y corroe los pilares del Estado de Derecho y eso no puede quedar impune.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *