¿Quién recibe el PER?

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Jesús Páez Narváez
Licenciado en Ciencias de la Empresas

En España el paro ha bajado en marzo en 58.216 dejando la cifra total en 4.094.770 parados. Andalucía ha descendido su cifra total   en 6.543 dejando en 981.950 la cifra de  parados  de febrero.  Esos 6.543 afortunados representa un raquítico 0,66%  de descenso sobre el dato del mes anterior.

De 1.508.881 contratos registrados en marzo únicamente 150.726 fueron de carácter indefinido (9,99%) y de estos sólo un 5,7 % han sido fijos a tiempo completo.  Los 1.358.155 restantes, un 90,01%, se registraron como temporales.  En Andalucía  los contratos que se registraron han sido 1.079.713 de los que nada menos que el 96,03% (1.036.890) han sido temporales.

Cada día parece más evidente que este goteo estadístico sobre el paro deja más indiferente a los no afectados y adormecidos a estos.  Con el argumento de que hay que darlo todo por la  recuperación económica pues esta traerá el empleo para todos, se da carta de naturaleza a todo un desguace de las condiciones laborales. Se tienen que seguir las directrices que exige el mercado se le repite una y otra vez a la ciudadanía; se ha de aumentar la productividad; se han de bajar los costes laborales a las empresas, etc.

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Fuente: ABC

No creo exagerado decir que desde los poderes fácticos y los poderes políticos,  de manera deliberada y consciente, se trabaja en degradar -habría que decir triturar- las condiciones laborales. Para que esa clase trabajadora que ya era clase media baja descienda de nuevo al lugar hace decenas de años y que una buena parte de ella baje hasta lo que, en otro tiempo, se denominaba subproletariado.

Pensar que esta situación es pasajera, que es una mala racha, creo que es un error. La precariedad, si la clase trabajadora no pone pié en pared, ha venido para quedarse. Ahí están los sucesos de estos días en la Francia socialista de la liberté, egalité y fraternité.

Junto al discurso de esto es lo que hay y es por vuestro bien, está también el de: Hay que sofocar cualquier atisbo de rebeldía  y, a ser posible, de raíz. No vaya a ser que prenda. Y lo mejor es hacerlo ley en mano y ahí está la “ley mordaza”. Y están la centenas y centenas de sindicalistas encausados, con multas que suman cantidades astronómicas y que, probablemente, terminen en cárcel. Ejemplo último es la sentencia de tres años y medio de prisión para el jornalero de Jodar y sindicalista del SAT Andrés Bódalo.

“A pesar de que los vídeos grabados por la guardia civil allí presente (septiembre de 2012) muestran que Andrés Bódalo se esforzó activamente en encauzar de forma pacífica una protesta, el juez lo condena como agresor de un concejal de Jódar y lo condena a tres años y medio de cárcel por producir a éste “una contusión costal con hematoma, que no precisó para su sanidad más de una asistencia”. Andrés Bódalo no lo llevan a la cárcel para tres años y medio por agredir al concejal del Psoe. La cosa va de escarmientos. El SAT o Sindicato Obrero del Campo (SOC) es muy incomodo, una mosca cojonera, que se dice en el campo. A los terratenientes no hay que molestarles. Hay que dejarles que se gasten las ayudas de la PAC que les llegan de Bruselas sin sobresaltos.

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El padre Javier de Mora-Figueroa y López de la Torre, con los miembros de la familia Mora-Figueroa, tras finalizar la ceremonia religiosa, en la iglesia de San Mateo, en Tarifa, en 2011. Fuente: Ignacio Casas de Ciria

Entre  70 u 80 familias de reparten las mejores tajadas de las ayudas de la PAC que llegan a Andalucía desde Bruselas. Así, la de  Mora-Figueroa, fundadora de Rendelsur -embotelladora y distribuidora de Coca-Cola en Andalucía-  se embolsa por encima de los 6 millones de euros. De este selecto manojo de familias terratenientes, al menos 13 llevan pegado a su nombre un título nobiliario.  La Casa de Alba ocupa el primer puesto entre esta aristocracia que hunde sus raíces en la conquista de Al-Andalus y se sitúa entre los cinco o seis primeros puestos  de los perceptores de la ayuda europea. En este ranking de afortunados de la subvenciones de la PAC que llegan a Andalucía hay también  empresas y/o instituciones que cobran ayudas por posesión de tierras. Está la propia Junta de Andalucía y el Ministerio de Defensa y  el grupo Noriega al que todos asociamos al negocio inmobiliario o Inmobiliaria Osuna de Nicolás Osuna.

Las ayudas de la PAC han llegado a unos 270.000 agricultores. De los que más de 200.000 reciben menos de 5.000 euros. Mientras que algo más  de 1000 reciben más de 150.000 euros por cabeza.  ¿Los jornaleros y sus familias? Ya tienen el PER. Y si no les llega, pues como decía aquella señora diputada del PP en el Congreso ¡que se jodan!

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Susana Díaz junto a Pedro Sánchez en su última visita a Sevilla. Foto: Jorge Guerrero

Pero todo esto lo va a arreglar la Sra. Susana en los tres años escasos que quedan de su mandato. Es verdad que ya lleva de Presidenta de la Junta 2 años y seis meses largos -desde que renunció Griñan-  y se ha notado poco. Se ha notado poco la mejoría de los males endémicos andaluces, no  que Doña Susana es la Presidenta de la Junta. Esto es conocido hasta en el reino de Narnia.  Como lo es que no le gustaba Madina y aupó a Sánchez a la Secretaría General del Psoe y que, como le salió respondón, lo trae a mal traer; y deshojando la margarita,  que cojo el tren a Madrid que no lo cojo, que no que sí… Y que se pasa el día dando lecciones a Dios y a su madre de cómo se arregla España.

En Andalucía el mes de agosto previo a que Doña Susana ocupase su actual cargo, había 1.046.483 parados, a día de  hoy, con un mes de marzo bueno por la Semana Santa, las personas en paro son 981.950. No parece que estos largos 30 meses de mandato de Doña Susana hayan arreglado mucho. Sin entrar en el incremento experimentado por otros añejos problemas de esta tierra como la pobreza, la desigualdad, subalimentación infantil, etc.

Posdata

El martes el Congreso sometió a debate parlamentario la ley Wert (Lomce) y los decretos ley aprobados por el Gobierno del Gobierno del PP: la conocida como ley mordaza y la prisión permanente revisable. Es de esperar que las tres cosas pasen a mejor vida. Seguro que no será fácil eliminar estas cosas de nuestras vidas.

Sí pueden ser fáciles otro tipo de cuestiones. Por ejemplo derogar la norma que permite a la Iglesia Católica adueñarse de bienes públicos como la Mezquita de Córdoba. O, es otro ejemplo, que se anulen todos los privilegios de los que en la actualidad disfrutan las y los diputados y senadores, empezando por hacer absolutamente  incompatible su condición de diputado con cualquier otra actividad laboral o profesional,  le reporte o no ingresos económicos. Y ,de paso, que limiten el tiempo de diputado a dos legislaturas seguidas. Ah¡ y que a los del Barberá Club –Alcantara dixit- les  descuenten del sueldo las inasistencias con sus partes proporcionales de pagas.

De este modo todo este impasse pre y post electoral y puede que de nuevo pre, no sea tiempo perdido.