Al voltant de ‘Donde nadie te encuentre’

Alicia Giménez Bartlett

L’alcalde de Morella comenta la novel·la d’Alicia Giménez-Bartlett basada en la vida del maquis La Pastora. (Llegiu també el text de Maria Eugènia Ibañez)

Por Ximo Puig, alcalde de Morella

 
 Potser Donde nadie te encuentre és per damunt de tot un poemari sobre la soledat. Totes les soledats que anem descobrint en tots els personatges i que culmina obviament en Teresa-Tereseta,Teresot- en Florencio. Una soledat que impregna tot i tots i que ens interroga sobre la pròpia realitat de l’ ésser humà que naix i mor soles.
 
   Una soledat immensa que mai no impedeix la voluntat del supervivent. “Nadie espera que vuelva, pero quiero seguir vivo. Nadie me ha esperado nunca pero quiero seguir vivo”.
La soledat está present fins i tot en els personatges més secundaris perquè la soledat forma part de l’estat d’ànim d’aquella, d’esta terra malmesa enmig de tanta tragèdia.
   I per això, un protagonista essencial de l’obra és l’escenari, el moment històric, la Espanya dels anys 50, la guerra que començà quan acabà la guerra. Fins a la darrera expressió es descriu tot el enfonsament d’una societat que va creure en tot fins la ingenuïtat i ja no creu en res. La por que esdevé delació, la renúncia moral que només pot suportar-se amb cinisme, formen part de l’ADN d’un mòn que només aspira a sobreviure.
   Certament la postguerra fou entre nosaltres el pitjor epíleg de la guerra. L’autora descriu amb solvència i senzillesa la negritut del moment. “Para los masoveros los años del maqui fueron más duros que la guerra” relata ben encertadament Alicia Giménez. Aixina ens ho han contat, aixina ho hem viscut ací. La despoblació des d’aquell moment marcá amb una certa irreversibiliat tot un segle. Una época que encara avui omple de silencis els nostres pobles. Massa sofriment, massa traicions, massa mala consicència per no voler oblidar.
   Molts dels personatges de la novela de Alicia necesiten redimir-se d’alguna manera. La redempció que possiblement també necessita el país tot i coneixent qué va passar, més enllà de passar comptes. El dret a la memòria.
   I enmig de tot: La Pastora. Un personatge present al imaginari col·lectiu de totes estes comarques des de l’odi fins l’amagada admiració. Un personatge envoltat per la llegenda i pel silenci perquè massa conciències no podien suportar el que va passar aquell temps de cólera. La lluita contra la subversió sempre ha tingut grans núvols de foscor i la llei a la posguerra no ere més que paper mullat en un país sense drets.
   “La sujeto”-com l’anomena el científic quan encara no ha estat pres de la atmósfera que l’envolta i de la seua pròpia revolta existencial –, “la sujeto”-Tresot.-Florencio resulta ser l’espill de la ruralitat que esclata tot un ventall d’odis i de crueltat que els xiquets amb el testimoni més cru de la indignitat canten: “Teresot, Teresot qué tens entre les cames, Teresot?
(Son trets que no ens sòn llunyans fins i tot els que naixqurem als finals d’aquells maleits anys 50).
   La novela despulla moltes altres racons de l’ànima i convida a retrobar-se amb la terra.
   Descripcions dels nostres pobles. “ A Nourisiser le impresionó Morella: la fastuosidad de su enclave elevado, el paisaje que le rodeaba, las antiguas murallas de piedra gris. Era como una visita  al corazón de algo misterioso y recóndito”.
   Potser un homenatge res pretenciós a esta terra a través dels pastors, un reconeiximent a l’aventura, a la curiositat, al coneiximent com eixe foc que existeix quasi sempre apagat però ben present al cor dels humans.
   O també el passeig per un teatre on la veritat i la mentida tenen poca importància en un mòn de supervivents que acaben visualitzan les seus misèries. Especial atenció als conductors de la novela i aquell jutge de Morella que és la veu de tants i tants que callaren i callaren, perdent a troços la seua dignitat.

La corrupción en España inquieta en Europa

El Roto lo vió así en El País

Por Carlos Jiménez Villarejo


El demoledor Informe del Consejo de Europa, del pasado 1 de abril, sobre la financiación de los partidos políticos en nuestro país, refleja el proceso de degradación de la vida pública que vivimos tanto en la clase política como en las instituciones oficiales. Es verdaderamente alarmante. Y, más aún, cuando hace escasamente dos años, el 15/5/2009, el propio Consejo de Europa ya advirtió de las graves deficiencias de dicho sistema. Señalaba entonces la falta de transparencia de la financiación en cuanto “no era descifrable” y la sociedad no puede tener acceso a los orígenes y formas de financiación.

El Consejo de Europa también exigía que las cuentas y las informaciones contables de los partidos “fueran suficientemente útiles para descubrir los vínculos financieros dudosos y los eventuales casos de corrupción”. Y, asimismo, reclamaba “sanciones eficaces, proporcionadas y disuasorias” frente a las infracciones del sistema. Denuncias y exigencias no cumplida. La realidad es preocupante: el endeudamiento financiero de los partidos, la opacidad de las Fundaciones vinculadas a los mismos, la carencia de un sistema contable uniforme, las deficiencias del control interno de los partidos, etc.

Por otra parte, el Informe llega en un momento muy oportuno; las vísperas de las elecciones municipales y autonómicas del 22 de Mayo. Titulares como “La corrupción se presenta a las elecciones”, “Mas de 100 candidatos implicados en casos judiciales concurren en las listas” y que el Teniente Alcalde de Sevilla, de IU, está imputado por corrupción y se resiste a retirarse de la lista electoral desoyendo el “compromiso ético por la regeneración democrática” de su partido, son muestras de que los valores éticos no están presidiendo con la intensidad deseable la actividad política. Por esta razón, la mayor parte de los llamados Códigos éticos de los partidos, genéricos y flexibles, no impiden la continuidad en sus cargos de los fundadamente sospechosos de corrupción. Cargos que, como dijo el Presidente de la Unión Progresista de Fiscales (El País, 7/9/2009), “no asumen que puedan ser investigados”.

Ante dicho Informe, el Grupo Parlamentario de IU-ICV-ER, el 3 de Febrero de 2010 presentó una Proposición de Ley de “lucha contra la corrupción” que, salvo algunos retoques de la reforma del Código Penal, ha quedado en el más absoluto olvido. Decía así la Exposición de Motivos: “El goteo de irregularidades en distintas Administraciones Públicas y la acumulación de graves escándalos de corrupción pública y privada dañan la credibilidad de las instituciones y de la política, atentan contra el patrimonio público, socavan las bases mismas del sistema democrático y provocan la desafección política entre la ciudadanía, que sitúa el problema de la corrupción política como uno de los principales del Estado”. Y en cuanto a los partidos afirmaba: “Por último, la posición de los partidos políticos en el sistema democrático, proclamada en el artículo 6 de la Constitución obliga a protegerlos frente a ciertos comportamientos que desde dentro o fuera del partido adulteran aquella función convirtiéndolos en instrumentos para la obtención de beneficios económicos o de cualquier otra clase, comportamientos que, sin incurrir en exceso alguno, podrían ser penalmente tipificados. La laxitud y debilidad de la normativa que regula y sanciona dichas actividades delictivas de cargos y partidos es impropia de la gravedad de los hechos”.

Por todo ello, es ya exigible, sin más dilación, una profunda reforma de la L.O. 8/2007, de 4 de Abril, sobre la financiación de los partidos, que no fue suficiente para atajar los abusos cometidos bajo la cobertura de los partidos.  Reforma que debe seguir las siguientes pautas:

1. Que los partidos políticos no puedan constituir o formar parte, directa o indirectamente, de empresas o sociedades mercantiles, como tampoco que  puedan  participar, por cualquier medio, de los beneficios económicos obtenidos por empresas o entidades mercantiles.

En ningún caso, las fundaciones constituidas por los partidos políticos, las federaciones de partidos, coaliciones y las agrupaciones de electores podrán aceptar aportaciones y donaciones anónimas.

Los partidos políticos tampoco podrán aceptar o recibir, directa o indirectamente, donaciones de personas o empresas privadas que, mediante contrato vigente, presten servicios o realicen obras para las Administraciones Públicas, organismos  públicos o empresas de capital mayoritariamente público o que hayan prestado dichos servicios o realizado obras en los dos años anteriores. La misma prohibición afectará a las personas o empresas que estén participando en concursos públicos para ser adjudicatarias de contratos con las Administraciones Públicas.

. Deben quedar prohibidas las donaciones procedentes de una misma persona física o jurídica superiores a 100.000 euros anuales,  aplicando este límite unitario a los grupos de empresas así como a las empresas que sean dependientes de otras principales o de personas físicas donantes y las donaciones procedentes de varias personas físicas que en su totalidad superen el 10% del presupuesto anual del partido político.

A estos efectos, se considerará dependiente aquella empresa que esté participada en su capital social en más de un 50% por la empresa principal o de la persona física donante, o bien que su facturación a la empresa principal o a la persona donante suponga más de un 50% del total de facturación anual.

Las donaciones superiores a 6.000 euros habrán de abonarse siempre  mediante cheque bancario.

Y el valor de las donaciones en especie de bienes inmuebles en ningún caso podrá ser superior a 500.000 euros en un año natural.

Debieran quedar absolutamente prohibidas las cancelaciones o reducciones, sin contraprestación, de las deudas de los partidos políticos con entidades bancarias, en concepto de principal o de intereses de préstamos obtenidos de las mismas, medida de suma importancia ya que dicha práctica es hoy una de las fuentes del sometimiento de los partidos a las entidades financieras.

. Entre las restricciones a las aportaciones desde el extranjero, debe incluirse, más expresamente que en el régimen vigente, la prohibición de recibir dichas aportaciones de empresas, grupos empresariales y multinacionales relacionadas con las Administraciones o Gobiernos extranjeros.

. El régimen contable de los partidos y su transparencia obliga a que las cuentas anuales consolidadas no solo  se extiendan a los ámbitos estatal, autonómico, comarcal y provincial, sino que  las cuentas anuales consolidadas de federaciones de partidos y coaliciones incluirán las de los partidos federados y coaligados. Asimismo, incluirán, lo que actualmente no ocurre, los ingresos derivados de la representación en el Parlamento Europeo y los resultados de las Fundaciones y Asociaciones vinculadas a los partidos políticos.

. El control interno de las finanzas de los partidos exige que se instituya un mecanismo que garantice  la participación de los afiliados o órganos colegiados en orden a una  adecuada intervención y contabilización de todos los actos y documentos de los que se deriven derechos y obligaciones de contenido económico.

7. En cuanto al control externo por el Tribunal de Cuentas, los partidos deberán dar cuenta a dicho Tribunal de las condiciones de los préstamos y créditos que perciban así como de los términos y condiciones de los mismos.

. Para asegurar la plena transparencia y publicidad de las cuentas de los partidos, debe establecerse que los registros y archivos del Tribunal de Cuentas y Organismos de control de cuentas externo Autonómicos sean de acceso público, es decir, la documentación, especialmente la contable, que los partidos, federaciones, coaliciones y agrupaciones de electores hayan  entregado en cumplimiento de su deber de colaboración.

. En el  régimen sancionador, se dispondrá lo necesario para que no se hagan efectivas las subvenciones si no se han cumplido los deberes de transparencia ante el Tribunal de Cuentas u Organismo de control de cuentas externo Autonómico. Y que, en los supuestos de superar el límite del gasto electoral, el importe superado será descontado de la correspondiente subvención.

10. Finalmente, se adoptarán las previsiones necesarias para que las Fundaciones y Asociaciones vinculadas a los partidos políticos estén sujetas a los requisitos y límites establecidos en esta Ley y, en consecuencia, al mismo control y fiscalización que los partidos políticos, federaciones, coaliciones y agrupaciones de electores.

Si treinta años después de tener democracia, la financiación de los partidos es tan deficiente, se explica perfectamente que bajo el amparo de una Ley como la vigente hayan proliferado casos como el de Gürtel-PP y otros más como Pretoria, Ferrovial-CIU, Unió Mallorquina, etc.

Por todo ello, las propuestas formuladas no bastan.

Dado que los partidos políticos han sido excluidos como personas jurídicas penalmente responsables en el Art. 31 bis.5 del Código Penal recientemente reformado, resulta  imperativo que los políticos respondan personalmente de cualquier forma de enriquecimiento injusto. Es una exigencia del Art. 20 de la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción de 31 de Octubre de 2003, ratificada por España. En la Exposición de Motivos de ésta se dice: “Convencidos de que el enriquecimiento personal ilícito puede ser particularmente nocivo para las instituciones democráticas, las economías nacionales y el imperio de la Ley”, razones por las que recomienda su sanción penal. Para ello, debe formularse un nuevo tipo penal que sancione a  la Autoridad o funcionario público que a sabiendas percibiera en beneficio propio, por si o por persona interpuesta, ingresos en metálico o en especie, distintos de los propios de su cargo o de las actividades públicas o privadas declaradas compatibles, que  pudieran representar un incremento significativo de su patrimonio. La reciente reforma del Código Penal ha eludido asumir dicha Recomendación, proporcionando a la clase política una parcela significativa de impunidad.

Pero sigue pendiente una cuestión capital, la persecución penal de la financiación irregular grave de los partidos políticos. Porque si hay una evidencia, es que las sanciones actuales no son suficientes ni, en ningún caso, disuasorias. Ahí están para acreditarlo los 594 procedimientos penales por delitos de corrupción que el Fiscal General del Estado denunciaba el 18/11/2009 ante el Congreso de Diputados.

La sanción de las conductas que perturban el funcionamiento democrático de los dos políticos exige, en algunos supuestos particularmente graves, que la sanción tenga una relevancia penal. La posición de los partidos políticos en el sistema democrático, proclamada  en el artículo 6 de la Constitución obliga a protegerlos frente a ciertos comportamientos que desde dentro o fuera del partido adulteran aquella función convirtiéndolos en instrumentos para la obtención de beneficios económicos o de cualquier otra clase, comportamientos que, sin incurrir en exceso alguno, podrían ser penalmente tipificados.

El problema no es nuevo, muestra de ello es que la Ley Electoral General tipificó como delito dos formas de conductas ilícitas, producidas en el proceso electoral, que sustancialmente son una forma específica de falsedad documental y otra de apropiación indebida, como se desprende de los delitos tipificados en los artículos 149 y 150 de dicha Ley.

“149.1. Los administradores generales y de las candidaturas de los partidos, federaciones, coaliciones o agrupaciones de electores que falseen las cuentas, reflejando u omitiendo indebidamente en las mismas aportaciones o gastos o usando de cualquier artificio que suponga aumento o disminución de las partidas contables, serán castigados con la pena de prisión menor y multa de 30.000 a 300.000 pesetas (181,81 a 1.818,18 euros).

“150. 1. Los administradores generales y de las candidaturas, así como las personas autorizadas a disponer de las cuentas electorales, que se apropien o distraigan fondos para fines distintos de los contemplados en esta Ley serán sancionados con las penas de prisión menor y multa de 30.000 a 300.000 pesetas (181,81 a 1.818,18 euros).

Ciertamente, fue un acierto que se garantizase y protegiese la pureza del proceso electoral otorgándosele la máxima tutela mediante la tipificación penal de aquellas conductas. Pero si graves son las citadas conductas, tanto o más pueden serlo la de aquellos que, quebrantando la normativa vigente, aportan fondos irregularmente a un partido político, aportación que no puede tener otra finalidad que, con independencia de que se produzca o no, obtener una ventaja presente o futura sobre todo cuando quien hace la aportación es una sociedad mercantil que ha sido o puede ser adjudicataria de una obra o servicio público o beneficiaria de una decisión urbanística. Por otra parte, a nadie se le escapa que quien realiza aportaciones que por ser irregulares el partido tiene que ocultar mediante operaciones de simulación adquiere una posición de influencia cuando no de dominio sobre el aparato del partido y sobre sus dirigentes particularmente cuando ocupan cargos públicos.

Podría sostenerse que la financiación ilícita de un partido político podría incardinarse en los tipos penales ya existentes en el Código Penal como, por ejemplo, el de cohecho. Argumento que también podría haberse esgrimido respecto de los delitos electorales, lo que no impidió su criminalización específica. Sin embargo, con independencia de que puedan no concurrir los elementos típicos de aquella figura delictiva, la conducta de quienes “a sabiendas”  aportan y reciben fondos en relación a un partido, con grave infracción de las normas que regulan su financiación ,lesiona un bien jurídico específico y de mayor relevancia cual es el orden constitucional. Ello sin perjuicio de la aplicación de las reglas del concurso conforme a lo dispuesto en el artículo 77 del Código Penal.

Estamos pues ante conductas de contenido lesivo del orden constitucional en cuanto alteran gravemente, por las razones descritas, los fundamentos y las garantías del pluralismo democrático, como bien decía el Tribunal Supremo en la Sentencia del caso FILESA. Son conductas, diciéndolo en los términos del artículo 4.2 del Código Penal “dignas de represión” y, por ello deben tipificarse penalmente.

El Estado no puede sustraerse por más tiempo a configurar como último instrumento una reacción de naturaleza penal ante hechos que, además de revestir una evidente gravedad, están situados de lleno en el ámbito de la corrupción pública con los efectos devastadores que ya han sido denunciados en repetidas ocasiones por el Consejo de Europa. Es una reacción penal proporcionada a la gravedad de la conducta, lo que se ha llamado la “criminalización primaria”, y desde luego compatible con que se perfeccionen los instrumentos preventivos respecto del control de la actividad económico-financiera de los partidos. Es una cuestión planteada y aceptada por quienes ante el equilibrio entre Estado de Derecho y Democracia “creen que los mecanismos del proceso político democrático no bastan, por sí solos, para evitar los excesos de los gobernantes; y ello, en especial, cuando los casos de criminalidad gubernativa afectan al correcto funcionamiento de la democracia misma”. Serían dos formas claramente complementarias de defensa del orden constitucional.

La penalización de tales conductas es la condición necesaria para concebir un sistema unitario y coherente de normas penales, además de las ya previstas en la Ley Electoral, para salvaguardar la función que los partidos políticos están llamados a cumplir en el sistema democrático.

 

 

Presses injustificades en la construcció

Obres de la línia d’alta velocitat al carrer
Bruc cantonada Diagonal. J BARRERAS

Per Jordi Pujol i Soler 


Un considerable nombre d’obres públiques, edificis o infraestructures, s’executen lamentablement amb presses no justificades.  Fa angúnia veure com una obra, que un cop feta és essencialment irreversible, amb un cost molt elevat i que té com a destinatari no només la generació present sinó tres o quatre o cinc generacions futures, es porta a terme  de manera neguitosa, apressada, a corre-cuita, treballant en hores intempestives i tirant pel dret, amb projecte incomplet i amb modificacions constants durant l’execució, per poder guanyar uns dies o mesos, sense que hi hagi cap causa d’urgència objectiva. Aquesta forma de fer,  comporta uns costos econòmics i també de baixa qualitat i funcionalitat que repercutiran al llarg de tota la vida útil de l’obra i que recauran sobre les generacions futures. I tot, simplement, perquè hi ha uns individus o una institució als que convé, per prestigi personal o electoral, que s’acabi abans d’una determinada data. És una forma greu de corrupció què, en general, no es coneix. S’ha d’acabar d’una vegada amb aquesta greu perversió.
   A continuació s’exposen alguns detalls del què s’ha parlat:

EL PROJECTE
En teoria i sobre el paper, tothom està d’acord que és absolutament imprescindible disposar d’un projecte molt definit i detallat d’una obra, en què tothom sàpiga, clarament i sense dubtes, què cal fer i com s’ha de fer. Sembla elemental. Així el termini d’execució serà el més reduït i l’obra de més qualitat i econòmica.
   A la realitat, però, en general, hi ha un  desconeixement i despreci majúscul respecte la complexitat d’un projecte  i l’execució d’una obra. Sovint el termini que es dóna per a la redacció d’un projecte ve donat per la imposició, frívola i irresponsable, d’encaixar-lo  en el termini global fins la data “imprescindible” d’inauguració de l’obra. Si per exemple, el termini necessari és de 8 mesos però cal que estigui en 3 perquè encaixi amb la data d’inauguració, serà de 3 mesos.
   El projecte serà entregat en la data exigida però, en canvi, des del primer moment,  haurà calgut anar per feina i enfilar les diverses fases de la redacció sense donar-hi gaires voltes. No hi haurà la fase imprescindible del “xup xup” en què es va  madurant  i perfeccionant la concepció del projecte, contrastant les diverses solucions, abans d’iniciar la concreció dels processos constructius, els càlculs i detalls constructius. En aquesta carrera contra rellotge no hi cap altra cosa que tirar pel dret, en el ben entès que durant l’obra ja s’aniran solucionant els problemes i indefinicions com es pugui, improvisant amb l’obra en marxa.    


L’OBRA
Comença l’obra. El contractista ha fet una baixa important en el pressupost (20% ò 30% o més) i també ha ofertat una disminució en la durada. Si no hagués fet aquestes baixes sap que no se li hauria adjudicat, però està convençut que la podrà recuperar a base de proposar projectes reformats, cosa que no tindria fàcil si en el projecte adjudicat no hi haguessin indefinicions i incongruències. En aquests projectes reformats el contractista sovint proposa solucions de menys qualitat però al mateix preu. En la construcció passen coses que en altres àmbits serien impensables (seria com encarregar i pagar un cotxe Mercedes i que entreguin un Panda pel mateix preu, lloant els grans avantatges del canvi, com per exemple que el podran lliurar sense demora). Durant tota l’obra hi haurà discussions sobre els nous preus per modificacions d’unitats d’obra, en el context de “a rio revuelto ganancia de pescadores”, i en general molt a favor del contractista. Es treballa caps de setmana i dia i nit per arribar a termini. Les decisions s’han de prendre amb gran rapidesa i com es pugui, de manera que sobretot no entorpeixin el ritme de l’obra i amb gran dosi de realisme, que es pot traduir en no donar gaires voltes a les coses, per tal de no ser obstruccionista. D’altra banda, els subcontractistes i la mà d’obra  seran els disponibles en aquell moment en funció de les presses i no de la idoneïtat i competència. 

EL PAPER DELS TÈCNICS
També hi ha un total desconeixement del paper del Projectista i del Director d’una obra. Evidentment, aquesta situació perjudica el propi professional, però és  especialment gravíssima per al bon resultat de les obres. L’enginyer,  i els tècnics en general, en el nostre país està molt poc considerat i respectat. Qualsevol gestor o coordinador no tècnic, amb càrrec polític, pot prendre decisions que és difícil discutir, a no ser que l’enginyer sigui un heroi o suïcida i estigui disposat a  jugar-se el seu lloc de treball o l’encàrrec i serà vist com un obstruccionista amb interessos obscurs. Com diu Javier Rui-Wamba, en aquest país, la feina de l’enginyer ha estat històricament clandestina i ara ha donat un pas més i ha passat a ser anònima, entre projectes reformats i complementaris, signats per diferents tècnics. Al final no se sap qui són els pares de la criatura.
   L’Administració, amb la creació de les Societats Públiques ha contribuït molt a afeblir el paper dels tècnics, lligats de peus i mans i condicionats a seguir absolutament els criteris i indicacions de la direcció d’aquestes Societats si volen continuar en el càrrec o la funció. El sistema de funcionariat presenta molts problemes, que tots sabem, però en casos concrets el funcionari té la llibertat real de poder discrepar de les indicacions de la direcció política i fer prevaler els criteris tècnics.


FUTURES RESPONSABILITATS
En el supòsit de danys posteriors a persones o a coses en l’obra en servei, la responsabilitat difícilment serà dels inductors de les presses, ja que defensaran que ells no hi entenen i han posat tots els mitjans legals i reals perquè tot funcioni a la perfecció i s’amagaran. A més, ja es preocuparan que, sota cap concepte, es pugui pronunciar la paraula “pressa” en el procés  judicial o del tipus que sigui. La responsabilitat recaurà indubtablement sobre les espatlles des tècnics.


CONCLUSIONS
Les obres han de ser percebudes i tractades de forma molt més seriosa. Les presses només quan hi hagi urgències justificades i prou de conveniències estranyes.

Sanidad: El capitán y el grumete

Artur Mas y Boi Ruiz el dia de la toma de posesión

Por José Martí Gómez

El capitán Artur Mas recibió al grumete Boi Ruiz en su despacho y acariciando el timón le ordenó que rebajase el presupuesto de Sanidad en mil millones de euros.

El grumete le dijo:

-No sufras. Tranquilo. Lo haré.

Y se tiró a la piscina, consciente de que con su ahorro el barco de la sanidad iba a zozobrar mientras desde cubierta profesionales y pacientes se disponían a gritar “usuarios al agua! y el capitán mostraba orgulloso el informe de su comité de sabios aconsejando recortes.
Vaya lio el del comité de sabios. Allí está el buen doctor Vilardell, a su vez presidente del Colegio de Médicos. ¿Cómo se puede ser al mismo tiempo juez y parte, como se pueden pedir recortes a la sanidad y al mismo tiempo presidir un colegio que se verá afectado por esos recortes? La contradicción es tan evidente que Vilardell se vio entre la espada y la pared cuando estalló con virulencia la crisis y como consejero del capitán tuvo que desaconsejar los recortes brutales del grumete.

Vilardell no es, por otra parte, hombre que aguante mucho las presiones. Es hombre de navegar tranquilo. Alguien que le conoce bien asegura que sería capaz de ir andando de Barcelona a Mallorca sin mojarse.

El capitán Mas tiene muchos consejeros áulicos pero su gobierno de los mejores parece que se quedó en proyecto. El grumete Ruiz llegó a la conselleria de Sanidad porque antes, según todos los indicios, dos personas rechazaron el cargo. Mal lo debía tener Mas cuando nombró conseller a Ruiz desoyendo los consejos que gente experimentada en la sanidad le habían hecho llegar:

Le decían:

-No nombres a Boi Ruiz. Le gusta mucho hablar, ejecuta poco, viene de la patronal de hospitales y nunca ha gestionado ningún hospital. Es un teórico.

Le nombró, pese a esos consejos. Porque no tenía nadie más a mano o porque Mas tiene la intima convicción de que la sanidad es incontrolable y necesitaba a un kamikaze poniendo la cara al frente de la conselleria.

El sector sanitario hace tiempo que es consciente de que se debe ahorrar. Lo que no acepta, ni el sector ni la opinión pública, es la brutalidad del recorte ni la incoherencia de los mensajes que se le envían.

Dice el grumete mientras el capitán no mueve ficha, estando como está obsesionado en tranquilizar al mercado demostrando lo mucho que manda:

-El recorte no afectará a la calidad asistencial.

Dicen los profesionales y se pregunta la opinión pública:

-¿Cómo no va a afectar a la calidad asistencial el cierre de plantas, cierre de quirófanos, despido de tres mil profesionales?

Y se preguntan los profesionales amenazados de despido:

-En un recorte tan brutal como este vamos a tener que cambiar de profesión porque trabajo en la sanidad no vamos a encontrar en ningún sitio.

El error de fondo del desaguisado cometido por el grumete con la aquiescencia del capitán es que el recorte en los gastos no afronta el problema de fondo: la reestructuración del sistema sanitario. No hay objetivos asistenciales en la medida. Solamente se ve el dinero a corto plazo. Y eso es lo que excita a usuarios y profesionales.

Nadie sensato discute que se ha de reestructurar la sanidad para contener un gasto que crece exponencialmente superando en casi cuatro puntos al PIB.

Nadie sensato discute que hay abusos en la utilización del sistema sanitario; que hay exceso de gasto en farmacia y en transporte sanitario; que tenemos récord europeo, por habitante y año, en visitas a asistencia primaria; que es tan absurdo como costoso mantener en Barcelona cuatro servicios cardiovasculares de urgencia…

Pero nadie sensato acepta el plan que nos presentan el capitán y el grumete de un gobierno desnortado a los cien días. No se acepta ese plan porque por ser incoherente y precipitado puede llevar a la sanidad catalana a consecuencias irreversibles de pérdida de calidad asistencial.


 


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