‘Offside’ judicial

Los 10 miembros del clan Jodorovich fueron condenados a 100 años de prisión. Para nada.

José María Mena
Ex fiscal jefe de Catalunya

Es razonable que la gente no lo entienda, porque es difícil explicar cómo es posible que ocurra una cosa así, y no pase nada: A los Jodorovich les encontraron en sus casas alijos de drogas, y armas de guerra. La Audiencia de Barcelona les condenó a graves penas. El Tribunal Supremo ha anulado la sentencia condenatoria, y ha absuelto a los condenados, porque dice que el hallazgo se hizo irregularmente. O sea, como un gol anulado por offside (antes, en España, tan políglotas, se decía orsay). Ahora, ya todos españolizados, decimos “fuera de juego”. Pero, en el símil futbolístico-judicial que empleamos, se trataría de un gol  anulado después de acabar el partido, por la moviola.

Veamos la jugada. Según la prensa, la policía dispone de información suficiente para sospechar que los J. se dedican al tráfico de drogas, y que poseen armas ilegales. Le pide al juzgado de Santa Coloma autorización para “pincharles” los teléfonos. Se autoriza. Pasa el tiempo, y las conversaciones telefónicas, siempre crípticas entre delincuentes avezados, no dan resultados diáfanos. El juzgado ordena que cese el “pinchazo”, y archiva el caso.

La policía, pertinaz, continúa disponiendo de informaciones y sospechas. Ahora acude a otro juzgado, de Barcelona, con igual petición. Se vuelven a autorizar los “pinchazos” telefónicos, esta vez con más perseverancia, hasta que se obtienen datos concretos. Con estos el juzgado de Barcelona ordena el registro de las casas, y aparecen las drogas y las armas. Todo impecable, salvo que al juez de Barcelona no se le informó que el de Santa Coloma, con menos paciencia, había archivado el caso.

La irregularidad, el “fuera de juego”, consistió en que la policía no informó al juzgado de Barcelona del archivo previo del de Santa Coloma. Pero todo lo que hizo el de Barcelona es correcto, y fue eficaz. Por esta razón la Audiencia de Barcelona, conocedora de toda la peripecia, debió considerar irrelevante aquella desinformación, y dictó su severa condena.

El Tribunal Supremo es el árbitro máximo o superior para juzgar. Pero no juzga a la gente. Juzga a los juicios concluidos, a las sentencias ya dictadas. Sólo toma el silbato cuando el partido ha acabado. Es un árbitro de moviola.

Es lícito protestar por los goles anulados y criticar a los árbitros. No son infalibles. Los jueces, incluso los Supremos, tampoco. Es difícil entender que una omisión irregular de la policía haya sido desatendida por los magistrados de la Audiencia de Barcelona, por considerarla irrelevante, y para el Tribunal Supremo constituya una infracción tan grave como para anular todo el juicio y absolver a un clan cargado de drogas y armas de guerra. Y gracias, porque no les devolvieron sus peculiares pertenencias, “indebidamente” ocupadas.

La gente pregunta, consternada, si no hay otro modo menos catastrófico para resolver el dilema. En materia de intervenciones telefónicas u otras actuaciones policiales similares,  no hay reglas suficientemente precisas que ordenen ese tipo de actividades que afectan tan gravemente a los  ciudadanos. La suficiencia de los datos para ordenarlas, y los criterios para valorar su duración o terminación, deben ser estimados por cada juez, según su prudencia y buen hacer. Pero nos sorprende con frecuencia la noticia de que un tribunal superior anula una decisión de otro inferior. Y sorprende porque sería estadísticamente imposible que siempre tenga mayor prudencia y buen hacer el segundo tribunal que el primero.

En el futbol solo anula la jugada un fuera de juego cuando el jugador que está en tal posición interviene o interfiere en el juego activo. Si el Supremo hubiera alcanzado esta lógica elemental, habría concluido que la desinformación de lo de Santa Coloma no interfirió para nada en la correcta actuación del juzgado de Barcelona. En el símil futbolístico- judicial, no hubo fuera de juego.

La omisión policial, si mereciera corrección, podría ser corregida fuera del proceso penal, sin necesidad de que lo pague el erario público desperdiciado, y sin producir la negativa sensación de despropósito que la gente siente ante una absolución tan sorprendente e incomprensible.