Memoria de San Raimundo de Penyafort

El Colegio de Abogados de Barcelona concedió a la Associació Catalana de Juristes Democrates (ACJD) la medalla del Colegio, con ocasión de los veinticinco años de la Associació. La medalla se entregó, con la proverbial liturgia, en el salón de actos del Colegio, el día de la festividad colegial, que se celebra con ocasión del día de San Raimundo. José María Mena, como presidente de la Associació, recibió la medalla, y agradeció al Colegio la distinción con las siguientes palabras. (Su publicación tiene por objeto que los lectores conozcan a la Associació, y que los profesionales del derecho, incluidos los estudiantes de Derecho, tengan ocasión de acercarse a ella.)

 

La Associació Catalana de Juristes Demòcrates (ACJD) agradece encarecidamente al Ilustre Col·legi d’Advocats de Barcelona (ICAB), y a su Junta, que haya decidido otorgarnosla Medalladel Colegio. Somos conscientes de que nuestros posibles méritos, modestos pero fruto de esfuerzos e ilusiones de muchos asociados, no pueden ser sino un paso más en el histórico camino de la aplicación del derecho desde perspectivas cívicas, democráticas y de progreso. Esta consciencia, que determina el impulso básico para nuestra actividad futura, constituye nuestro compromiso de no defraudar al ICAB en su decisión.

La concesión de tan importante distinción se efectúa con ocasión de la solemne festividad tradicional de San Raimundo de Peñafort. La tradición de acogerse al amparo de un santo es una vieja tradición  de raíz medieval, que practicaban todos los gremios y corporaciones. Buscaban la intercesión del santo para la protección de su salvación eterna, pero sobre todo de su salud, su inmunidad y su prosperidad.

Raimundo de Peñafort, (1180-1275) hijo del señor de Peñafort (cerca de Santa Margarida i els Monjos) en su dilatadísima vida fue jurista, dominico, confesor de Jaime I, y santo. Dos grandes obras le dieron fama como jurista. Una fue Las Decretales, compilación grandiosa de disposiciones papales, encomendada por  Gregorio IX. Por ello se le tiene por fundador del derecho canónico. Era época de compilaciones y recopilaciones. Así se fueron construyendo Els Usatges, así nació, en esa misma época el Fuero Juzgo de Castilla, o posteriormente las Partidas. Raimundo de Peñafort no fue un creador de conceptos jurídicos, ni un poderoso con voluntad de poder jurídico. Fue un fiel asistente jurídico del rey, y un recopilador riguroso. Y conviene recordar que en aquellos tiempos feudalesla IglesiaCatólicaera el único entramado capilar de control social y ejercicio de poder, no solo espiritual, sino también ideológico y político, desde aquellos ya entonces lejanos tiempos en que Constantino y Recaredo politizaron la iglesia católica, juntando la cruz y la espada. La verdad absoluta eclesial, de autoafirmada infalibilidad y fatalidad, estaba físicamente resguardada. El derecho canónico, por ello, era mucho más que la simple regulación de los conflictos intraeclesiales.

La otra obra jurídica perdurable de Raimundo de Peñafort fue la ordenación del tribunal del Santo Oficio. Los cátaros o albigenses habían surgido como reacción colectiva y organizada frente a los excesos de la escandalosa opulencia episcopal, proclamando la pureza y ascetismo radicales. Constituían una herejía que había arraigado ampliamente en los territorios de la antigua provincia narbonense, y significaban una grave preocupación para la estructura oficial dela IglesiaCatólica, desde Elne a Tarragona. Albí era uno de sus focos, que dio nombre a la secta. Domingo de Guzmán fundóla Ordende Predicadores para combatir la herejía. Su celo y severidad, en la predicación y en el castigo, eran célebres. Se recordaron mucho tiempo las hogueras de Carcassonne. Todo ello determinó que el papa decidiera restringir la jurisdicción episcopal, estimándola benigna a causa de su tibia tolerancia, su opulenta burocracia o su indecisa ambigüedad, encomendándosela a los dominicos. Así nacióla Inquisiciónmedieval. Raimundo de Peñafort, dominico, jurista, compilador, aunque no fue el creador del Santo Oficio, fue su cerebro ordenador, y, desde luego, fue el introductor en su tierra, que es la nuestra, en el reino de Aragón.

También fue santo. Cuando Jaime I le prohibió salir de Mallorca, por su posición razonablemente prorromana ante una de las excomuniones del rey, cuentan las crónicas que nuestro dominico puso su capa sobre las olas en la playa de Soller, y vino navegando sobre ella hasta Barcelona. Realmente, un milagro.

Así, no es exagerado estimar que en nuestras entrañables tierras catalanas, a ambos lados del Pirineo, surgió una de las primeras revueltas orgánicas frente a los excesos del poder, se compiló uno de los principales monumentos jurídicos multiseculares, se consolidó un tribunal de inolvidable eficacia represiva que perduró durante siglos y se extendió con distintos formatos por todala Europacatólica. Y todo ello de la mano de un fraile casi centenario que, a la vista de su milagrosa capacidad náutica, bien pudo ser patrono, además de los abogados, de los doctos profesionales de la jurisdicción naval.

La historia cambia a menudo el sentido de las tradiciones. Parece que estas también merecen el criterio de interpretación de nuestro Código Civil. Debemos interpretarlas con arreglo al sentido de la realidad social del tiempo de su aplicación. La tradición de acogerse a la intercesión de nuestro santo hoy no puede tener un sentido ni canónico ni inquisitorial. Tiene hoy, simplemente, un sentido plástico, aconfesional, estético y ceremonial.

La ACJDparticipa de esta perspectiva interpretativa.La ACJDes un colectivo de profesionales del derecho multidisciplinar, ideológicamente plural, que, de acuerdo con sus estatutos, pretende hacer del derecho un instrumento al servicio de la paz, el progreso social, la coexistencia y las relaciones pacíficas entre los Estados.

Tenemos la certeza, o al menos la firme esperanza, de que nuestros ideales estatutarios sean compartidos, en lo esencial, por todos nosotros, juristas democráticos. Compartimos el compromiso de promover entre los juristas la defensa de los derechos humanos, las libertades públicas, los derechos de los pueblos, la seguridad internacional. Compartimos el compromiso de promover una concepción jurídica que no solo reivindica los derechos pasivos de defensa y protección, sino que impulsa un concepto activo del derecho como instrumento de acción y realización, impidiendo que constituya un instrumento de dominación. Deseamos aunar voluntadas cívicas, democráticas y jurídicas para la defensa del principio de autodeterminación de los pueblos. Y, también, pretendemos participar en la aplicación social del derecho y la defensa de la efectiva independencia de la magistratura. Esto último, hoy, implica, en concreto, evitar cualquier atropello a una interpretación judicial de las normas de conformidad con el principio de jurisdicción universal, de inprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad, y de pervivencia o prosperabilidad de leyes de punto final nacidas de momentos transicionales, tan solo perdurables “rebus sic stantibus”. (“mientras las cosas estén así”).

La realidad social de este tiempo en que todos nosotros debemos desarrollar nuestras actividades individuales o colectivas como juristas demócratas, está marcada por el desprestigio del derecho, y especialmente de la administración de justicia, y por la crisis económica, generadora de infinidad de conflictos personales y sociales que el derecho debería poder  resolver.

En este siglo XXI, tan distante de aquellos siglos XI y XII, soportamos otras verdades absolutas de similar autoafirmada fatalidad e  infalibilidad. Los nuevos dioses son los mercados, y su adoración está controlada por unos nuevos oficiantes, también saciados de escandalosa opulencia. Las maquinarias institucionales de la sociedad de consumo sacrifican a las nuevas víctimas  en las hogueras del empobrecimiento severo, de los desahucios, los despidos masivos, y la marginación social extensa y creciente.

Stéphane Hessel, en su célebre opúsculo titulado “Indignaos!” quiso marcar el inicio de una nueva resistencia frente a la autoproclamada fatalidad e infalibilidad de los nuevos dogmas, y frente a la tibieza, tolerancia, burocratismo o ambigüedad de los que debieran ser, según Gramsci, los protagonistas colectivos de la contestación.

Los juristas demócratas estamos comprometidos en aportar nuestro modesto granito de arena en este nuevo impulso colectivo, para dinamizar las instancias jurídicas, institucionales, orgánicas o sociales, multidiscipinares y plurales, en la línea de la creciente indignación democrática.