Los Mossos necesitan un Código ético

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PUIG RELEVA AL JEFE POLICIAL RESPONSABLE. El conseller de Interior. Felip Puig, ha relevado de su cargo, un mes después de los hechos y en apariciencia sin que tengan nada que ver uno con el otro, al jefe policial responsable de la actuación policial que provocó el malestar y la protesta del TSJC.

Por Carlos Jiménez Villarejo

La actuación de la Policía autonómica en la Ciudad de la Justicia, “irrumpiendo en un edificio judicial” para  detener varios  miembros del movimiento 15-M ha hecho saltar todas las alarmas. ¿Hasta donde van a llegar? Nunca, en democracia, una alta instancia judicial, la Sala de Gobierno del TSJ de Catalunya, se había pronunciado en términos tan duros respecto de un Cuerpo de Policía. En su Comunicado se refieren al “absoluto desprecio a los derechos individuales de los ciudadanos”, a que dicha actuación fue  “manifiestamente desproporcionada” y que constituía “un claro abuso en el ejercicio de la fuerza” además de que “la detención fue absolutamente innecesaria”. Es inexplicable que un error tan grave y vulnerador de derechos no haya determinado ninguna dimisión. Pero tal comportamiento es la culminación de un proceso de actuaciones, protagonizadas particularmente por las Unidades Antidisturbios, presididas por las infracciones a su ordenamiento legal, como no  llevar de forma visible “el número de identidad profesional” (Decreto 217/2008) o cubrirse el rostro para, en todo caso, ocultar su identidad, seguramente conscientes de su hacer profesional irregular, para evitar ser denunciados y así garantizar su impunidadad. Y  lo hacen, no  ante presuntos delincuentes peligrosos, como serían los integrantes de bandas criminales o terroristas, sino para controlar, dificultar  o impedir reuniones o concentraciones pacíficas de ciudadanos como, entre otras, las de los integrantes del 15-M. Es decir, el empleo de técnicas de atemorizamiento de la población a partir de una estigmatización política de grupos de ciudadanos por parte de  los responsables políticos de Interior.

Es un proceder que tiene su origen en la ocupación de la Consellería de Interior por el Gobierno de CiU y  la inmediata derogación del Codi d’Ética de la Policía de Catalunya  que había entrado en vigor en noviembre de 2010. Código que había representado la implantación  de un modelo de seguridad pública basado en el absoluto respeto a los ciudadanos y sus derechos y el control externo de la actuación policial en la aplicación de los principios deontológicos recogidos en dicho Código. Era el cumplimiento de una Recomendación del Consejo de Europa que, como es obvio, al Gobierno de CiU le merece un total desprecio. Las nefastas consecuencias están a la vista.

Antes o después, tendrá que volverse a un sistema de seguridad fundado en el estricto sometimiento a la Ley -la policía no está por encima de las Leyes-  y   una ética policial que se aplique rigurosamente. Es importante recordar que toda actuación policial tiene como fundamento el respeto a la dignidad de las personas y a sus derechos, que  es la condición para obtener el respeto y la proximidad de la ciudadanía, precisamente para garantizar mejor el ejercicio de  su función. Respeto que significa, en todo caso, un trato correcto y prudente, que es lo contrario de la arrogancia y la prepotencia, cuando no el menosprecio.  Proximidad que favorecerá que su intervención no esté presidida por la fuerza sino por el diálogo y la mediación ante situaciones que pudieran llegar a ser conflictivas. Ello exige que los ciudadanos puedan identificar al policía para así preservar y proteger la defensa de sus derechos. Que, como decía el Código, ante el ejercicio de los derechos de reunión y manifestación, “los servicios de policía protegen el ejercicio de este derecho como una expresión mas de su función de servicio a la comunidad”.

Y, en relación al uso de la fuerza, dicho Código apelaba a evitar por todos los medios producir a las personas “daños injustificados”, como ha sido el caso de las perdidas de visión causadas a cuatro jóvenes por el impacto de pelotas de goma lanzadas de forma  indiscriminada y con una notable falta de aptitud profesional para el manejo de medios tan peligrosos para la integridad personal. Medios  que ya entonces, cuando se produjeron estos hechos, deberían haber sido excluidos, como cualquier otro de similar peligrosidad. El daño causado ha sido  irreversible y la investigación judicial penal no está dando los resultados esperados en la averiguación de los hechos e identificación de los autores de los lanzamientos.

Continúa siendo una verdadera exigencia moral que “La sumisión de los Mossos a la Ley y a principios éticos, complementarios de aquella, es la garantía de que su actuación está legitimada ante la ciudadanía, legitimación democrática que constituye la condición necesaria para generar la  confianza de la ciudadanía y su activa colaboración para hacer del sistema policial un servicio central en la comunidad y para sus necesidades”.Ello obliga a evitar por todos los medios actuaciones policiales innecesarias, ineficaces o lesivas que, finalmente, causan mas daño que el que se trata de evitar.

Para alcanzar estos objetivos es indispensable que todos los Mossos,   especialmente los integrantes de las citadas Unidades, hayan asumido plenamente los valores democráticos y sean conscientes de que son unos meros servidores de la comunidad y de los derechos humanos. Solo desde esta posición cabe esperar una superación de los déficits democráticos actualmente presentes.