Lo que queda de la gloria

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Foto: Juan Carlos Cárdenas / EFE

Ander Gurrutxaga Abad
Catedrático de Sociología

El Partido Popular tomó el poder político hace dos años en una posición “inmejorable”. El éxito electoral de la derecha española es incontestable. El Partido Socialista abandona el Gobierno con una derrota sumaria, pierde algo más del 42% de los votos que obtuvo en la segunda legislatura, lo que significa que más de cuatro millones de votantes le abandonan, en una derrota electoral histórica. El presidente M. Rajoy accede al gobierno en una cómoda posición política, no depende de nadie para sacar adelante sus iniciativas, sólo de la contención que promulga el programa de gobierno con el que se presentó a las elecciones, su ambición y el sentido del futuro. Enseguida, no tardó ni un mes, descubre lo que marca los dos años de gobierno: la crisis económica, que el socialista Zapatero despreció o no comprendió y que el Partido Popular ocultó durante la campaña electoral para no verse expuesto a los costes que habría que pagar por ella y por su política real de reformas, hay que gestionarlas bajo un guión donde el guionista no está en la Moncloa sino en los pasillos de los despachos de Bruselas y en la espesura del mundo financiero global.

La crisis permite ver que la autonomía de las naciones y la soberanía de los Estados es muy limitada. El club europeo dice que es La Unión la que impone las reglas de juego y hay que adecuarse a lo que esta administración dice, quiere y exige. Sin aceptar los objetivos que promulga y las formas de alcanzarlos, el juego político no es posible, pero tampoco –lo que es más importante- las ayudas económicas y el marketing político que promueven. La oficina central que dicta la estrategia está fijada en los países de la Europa del Norte, dirigidos por el decisionismo de la política alemana. La propuesta se resume en tres objetivos: austeridad en el gasto público, intervencionismo presupuestario para controlar el crecimiento de la deuda pública y reformas estructurales en las políticas públicas.

A largo de estos años, lo que reforma el PP lo transforma en fruto de la decisión que marca la UE. Recurre también, con frecuencia, a lo que desde su ideología dice que pide la estabilidad y el futuro de España. El discurso puede resumirse en una frase: el sacrificio traerá sus recompensas. En el horizonte cercano se adivina la salida de la crisis y la restauración del crecimiento económico que creará trabajo y bienestar para todos. La intervención no deja aspecto sin tocar. El laboratorio del cambio acomete, casi a la vez y con velocidad de vértigo, el control del gasto público para reducir el peso de la deuda pública, la reducción presupuestaria con impacto en los servicios públicos, la reforma laboral que abarata el despido con un objetivo, hoy todavía- cuando ya se habla de una segunda reforma- imposible de cumplir: la creación de empleo, por más que esta estrategia sea un fiasco y la impostura permanente de los sectores que pidieron la reforma y hoy no saben que hacer con ella, aunque sepan que los nuevos contratos y los despidos les salen más baratos que dos años antes. El descuido o la reducción del gasto de investigación, ciencia e innovación tecnológica, las restricciones a las pensiones -ocultas bajo el discurso de la inevitabilidad para asegurar la supervivencia de las mismas-, las ayudas a la banca con cargo a fondos públicos….

Mientras tanto, por sólo referirme a algunos datos significativos: las tasas de paro se mantienen por encima del 25 % -muy lejos de la media europea-, la reforma laboral pone “patas arriba” la seguridad en los contratos de trabajo sin evitar el incremento de las tasas de desempleados, el crecimiento de la economía no llega, la renta media de los ciudadanos desciende vertiginosamente, el consumo privado se mantiene en tasas muy bajas, el crédito no se mueve y no acude en ayuda de los sectores productivos, especialmente de la pequeña y mediana empresa ni tampoco del consumo privado, como si España fuese una opción inviable para, lo que se creía que era el negocio bancario: el crédito y el deterioro institucional no cesa.

Las  protestas se generalizan y derraman líquido inflamable a lo largo y ancho del espacio democrático, sin encontrar -al menos hasta el momento- cauces, canales, voces o salidas para cambiar las cosas.  Es como si, de pronto, se cayese en cuenta que los paraísos construidos tienen pies de barro, que los partidos políticos y los sindicatos que deben representar otros intereses,  tienen dificultades para cumplir con su papel y que, en general, no hay respuestas nítidas o claras  para comprender el cambio de época.

Los dos años de gobierno popular aúnan cuatro situaciones. La primera es la crisis económica y sus consecuencias. La incierta mejoría del cuadro macroeconómico no se traslada, al menos todavía, a la microeconomía y la percepción de los ciudadanos es que el empleo es un problema sin respuesta y las bases de la economía española son débiles. La consecuencia es que la inseguridad y la desconfianza se apoderan de la idea del futuro para una parte sustancial de la ciudadanía. Por otra parte, en segundo lugar, hay una crisis de conocimiento, que ciertamente el PP ni puede ni sabe gobernar, es decir, no tiene respuestas para las preguntas como la de qué es lo que pasa o cómo proponer salida a la situación. Una de las consecuencias es que la desafección de la política no olvida que el voto ciudadano no es esclavo de casi nada, sólo de la voluntad de poder y la falta de alternativas y, una vez más, no es que lo que existe no guste sino que para darle la vuelta debe haber en el mercado ideas, expectativas, oportunidades, ofertas nuevas y novedosas. El drama del partido que gobierna se representa también como drama para la oposición porque ambos comparten la carencia de resultados e ideas.

El gobierno del PP debe enfrentar, en tercer lugar, la crisis de la política tradicional. La política de reformas que protagoniza pone patas arriba el margen de seguridad que promovían las instituciones del estado del bienestar, por precarias que fuesen, e incita a restaurar comunidades de confianza, ligámenes solidarios o escenarios de buenas prácticas. Estos bienes no parece que estén en la mano de los partidos dirigentes del actual sistema político. La paradoja es que con ellos casi nada es posible, pero sin ellos las cosas son más difíciles. Restaurar fuentes y mecanismos de solidaridad y restaurar/construir el cuadro de valores adecuados a la crisis van a ser las vías adecuadas para generar estrategias de cambio. Superar el actual estado de cosas requiere otra arquitectura institucional, pero también otra cultura y otros criterios de responsabilidad. Lo demás es esperar respuestas de aquellos que no pueden ofertarlas porque no saben, no pueden o no quieren, por más que tenga mayoría absoluta, pero hace mucho tiempo que sabemos que ésta no ofrece la sabiduría.

En cuarto lugar, el gobierno del presidente Rajoy parece que no termina de saber como hay que enfrentar la crisis institucional sin precedentes que asola el territorio español. Ésta tiene dos recorridos indudables: el primero afecta al papel que la corrupción juega en la confianza, credibilidad y legitimidad de los partidos políticos, de sus dirigentes y de la política tradicional. El caso Bárcena no es una anécdota, sino un síntoma, los más de cien cargos públicos inculpados en la Comunidad de Valencia no son tampoco una anécdota, los miles de cargos públicos salpicados por los desmanes urbanísticos trasladan la imagen de fragilidad institucional y malas prácticas difíciles de ocultar. La falta de eficacia y eficiencia de las administraciones públicas son otra demostración de incompetencia institucional, lo mismo que tanta obra pública faraónica e irresponsable de la que nadie se hace cargo. Todos estos ingredientes empíricos demuestran la fragilidad de las instituciones y permiten  sostener el imaginario de una quiebra para la ciudadanía de algo tan significativo como las instituciones que rigen el Estado. Otro hecho que no puedo olvidar es el tema catalán. No tanto por lo que éste dice y exhibe sino por la palpable demostración que hace de la incompetencia del Estado central y de sus elites políticas para abordar tema tan complejo ¿Qué ofrece? Hoy parece que crisis económica, recortes, formas y gestos inadecuadas.

El Gobierno Rajoy acoge, después de estos dos años estas cuatro crisis que se entrecruzan. La económica, de conocimiento, la de la política tradicional y una profunda crisis institucional. De cómo juegue con estos ingredientes dependerá el resultado futuro de gobierno tan incierto y problemático. Tiene otros dos años de mandato.