La protección de la costa, tocada y hundida

El Algarrobico, Carboneras, Almería

Pilar Marcos
Responsable de la campaña de Costas de Greenpeace España

Muchas cosas se han dicho estos días sobre la Ley de Costas, cuando creíamos que habíamos aprendido las lecciones del pasado, pero la base es que hay que salir de esta crisis económica sin volver a inflar una nueva burbuja inmobiliaria.

En 1988, con la entrada en vigor de la Ley de Costas, se dio un paso muy importante en la conservación de los recursos naturales de nuestro litoral. Esta Ley pretendía ser un freno significativo al proceso de degradación que desde la década de los 50 se había iniciado en la costa española. De hecho, a finales de los 80, en la exposición de motivos de la Ley, se hablaba de la situación a la que se había llegado debido a las consecuencias del creciente proceso de privatización y depredación. En esta Ley se subraya literalmente que es debido a “una grave dejación administrativa, que ha hecho irreconocible, en numerosas zonas, el paisaje litoral de no hace más de treinta años, con un urbanismo nocivo de altas murallas de edificios al mismo borde de la playa o del mar”. Hoy, estos preceptos se han cambiado con el nuevo proyecto de Ley.

La Ley ha sido vista durante muchos años como la gran enemiga por aquellos que ven en la franja costera una gran parcela para urbanizar y, a su vez, ha sido víctima de la desidia, arbitrariedad y pasividad de muchos ayuntamientos, comunidades autónomas y las propias demarcaciones de costas. Hoy el Gobierno defiende una reforma legislativa sin buscar culpables y sin realizar una sencilla reflexión: los gestores públicos han sido los responsables de la mala protección de la costa y han sido responsables de la aplicación retroactiva y arbitraria de la Ley.

Desmanes legalizados

Mucho ruido se ha hecho con la excusa de que la ley de 1988 es injusta y que ha creado mucha inseguridad jurídica, pero lo cierto es que en disposiciones transitorias salvaguardaba los derechos de quienes contaban con derechos legítimos. La Ley daba un nada desdeñable plazo de 30 años para buscar otra ubicación al gran número de industrias altamente contaminantes que se asientan en la costa. No existía pues inseguridad jurídica o limitación desproporcionada alguna, como se ha dedicado a subrayar estos días el ministro de Medio Ambiente, Arias Cañete, sino, más bien, garantías y soluciones equilibradas. Insistimos, el único problema que tenía la ley es que ayuntamientos, comunidades autónomas y constructoras la han obviado. Hoy, en el proyecto de Ley que ya se ha presentado en Consejo de Ministros se otorga una concesión en propiedad y con venta incluso a terceros en los próximos 75 años. Es decir, a casi tres generaciones vista. Lo que da el peor de los mensajes: todo ha valido durante estos años de locura inmobiliaria. Y se legalizan los desmanes, durante por lo menos, 75 años más.

En vez de perseguir a quienes se enriquecieron a costa del patrimonio natural y gracias a la corrupción y las ilegalidades, ahora se pretende dar por bueno el beneficio privado y buscar soluciones a medida, a la carta. A la carta, 10 núcleos urbanos como Oliva (Valencia), Punta Umbría (Huelva) o toda la isla de Formentera quedan excluidos de los preceptos de la protección del dominio público marítimo terrestre.

Las salinas, desprotegidas

La tramitación de esta Ley de alta incidencia ambiental no ha contado desde el principio con las principales organizaciones ecologistas e institutos de investigación. En ningún momento se tuvo acceso a los borradores previos, de un borrador que se ha elaborado por un bufete de abogados ajenos al Ministerio de Medio Ambiente. El proyecto de nueva Ley de Costas se ha presentado bajo el florido nombre de Ley de protección y uso sostenible del litoral, pero este nombre es un engaño pues aunque proclama la protección del litoral, a la vez, excluye construcciones ilegales y reduce el deslinde de lo que es costa pública. Por ejemplo, las salinas quedan fuera de protección.

La nueva Ley de Costas no responde a la supuesta austeridad anunciada por el Gobierno, sino a la venta del suelo público. Esta argumentación queda clara al conocer que en los Presupuestos Generales del Estado para 2013 el importe para el mantenimiento de la costa se reduce a la mitad, pasando de los 104 millones del 2012 a los 48,8 millones en 2013. Sin presupuesto, con la costa privatizada y permitiendo la peligrosa permanencia de industrias y viviendas en la franja costera, quedan claras las intenciones del Gobierno: vender la costa al mejor postor.