El empleo comunitario, una limosna

ENTREVISTA a Juan Serrano Jodar, diputado de IU en Andalucía

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Jesús Páez Narváez
Licenciado en Ciencias del Trabajo

Diputado en el Parlamento andaluz (IU) por la Provincia de Jaén en la presente legislatura. Juan Serrano (Canena, Jaén, 03/06/1962) obtuvo su acta de diputado cuando llevaba 9 meses de su tercer mandato como alcalde de su pueblo.

Estaba en su tercer mandato como alcalde con mayoría absoluta. Una situación cómoda, controlada, en un pueblo pequeño, con un desempleo casi testimonial y un Ayuntamiento  con superávit. ¿Qué le llevó a aceptar la propuesta de su partido de encabezar la candidatura de IU-CA por Jaén al Parlamento andaluz?

En este tercer mandato, me encontraba más seguro, las cuestiones municipales encauzadas y el Ayuntamiento capeando la crisis con cierta soltura. Pero ante la propuesta de mi organización política y la petición, ánimo y muestras de confianza de numerosos compañeros y compañeras me decidí a dar el paso. Entendí que mi experiencia en la agestión de lo público, adquirida en esos años al frente del Ayuntamiento, podía contribuir a mejorar las condiciones de vida y de bienestar de los jienenses.

Su pueblo es cien por cien agrícola, olivarero, pero es un pueblo sin paro. ¿Es Canena ejemplo de lo que ocurre en la provincia de Jaén?

Desgraciadamente no. Hablar de Jaén es hablar de una provincia especialmente castigada por el desempleo y en la que en los últimos años, hemos sido testigos del desmantelamiento del escaso tejido industrial que poseía. Es hablar de una economía en la que los índices oficiales del desempleo no se mueven en función de las horas de producidas sino del aumento o disminución de los contratos a tiempo parcial y precarios. El porcentaje de contratos a tiempo parcial sobre el total de contratos, en esta provincia, ha pasado de un 22% a un 36%. Aún así, y para desgracia de los jienenses, esta provincia padece una de las tasas de desempleo más alta de España con un 35,8%, un paro juvenil que alcanza el 64% y un tasa de desempleo femenino del 41,59%. La situación se torna cada día más difícil. Con un escaso índice de actividad 54,12%, hay 105.200 personas sin empleo, un 22,7% de familias con todos sus miembros en paro, o, lo que es lo mismo, 33.900 familias no cuentan con ningún ingreso salarial.

¿El campo tiene razón de ser hoy?

Andalucía es una tierra rica y con una gran diversidad en su producción agrícola que junto a la ganadera y marítima conforman un sector primario importante para su economía. A lo que hay que añadir lo que supone, en este sentido, la industria agroalimentaria andaluza.El campo, como decimos nosotros, supone para los pueblos del interior y, por tanto, para el conjunto de Andalucía, una parte importante de su economía y del empleo. Pero la agricultura en Andalucía es mucho más que lo que aporta al Valor Añadido Bruto (VAB) andaluz. La agricultura es historia, cultura, paisaje, medio ambiente. Y es un patrimonio común enorme, es sostenibilidad alimentaria, es asentamiento de la población, es la mejor forma de contención de la desertización, es desarrollo rural y, muy importante, contiene y mantiene una enorme riqueza intangible pero real, lo que se conoce como capital social. Que no es otra cosa que la argamasa–valores, actitudes, creencias, reglas de juego- que promueve y desarrolla la cooperación en una comunidad. Cooperación que es el elemento clave para sostener una economía, y un desarrollo respetuoso y sostenible cuyo principal fin es el bienestar del conjunto de la comunidad.

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Olivar de Úbeda, Jaén

 

Sin embargo todavía quedan personas, incluso con cargos públicos, que no tienen reparo alguno en acusar a la gente del campo en general y a los jornaleros en particular, poco menos que de vivir de la “sopa boba”. ¿Cómo les explicaría usted qué es y cuál es la situación de un jornalero en la provincia de Jaén?

Los trabajadores jienenses no viven de las prestaciones, sino que malviven de cuidar un patrimonio que es de todos. De todos los jienenses, de todos los andaluces y, también, de todos los españoles.

Las personas que acusan a los trabajadores agrícolas, fijos o eventuales, de vagos y poco menos que de maleantes, quiero pensar que no saben de lo que hablan y que pretenden molestar a otros insultando a los jornaleros. Yo nunca he oído decir que los trabajadores fijos discontinuos del sector turístico sean unos vagos que viven varios meses de la “sopa boba” que les pagamos entre todos. Ahora mismo todos los gobiernos, empezando por el Gobierno central y siguiendo por cada una de las Comunidades, están contentísimos celebrando el “mejor año turístico de la historia”. A pesar de que, acabado el verano, miles de trabajadores del sector turístico, despedidos por las empresas, pasan a cobrar el desempleo durante varios meses. ¡Cómo alguien se va a escandalizar por eso!

Los trabajadores del campo han de tener los mismos derechos que cualquier otro trabajador. ¿Acaso deben ser castigados por realizar uno de los trabajos más penosos e intermitentes que existen? De los 470.000 eventuales que existen en Andalucía sólo cobran el subsidio agrario o la renta agraria 260.000 personas, el resto no cumple alguno de los quince requisitos exigidos.

Todo ello para cobrar 426 euros/mes durante seis meses, 2.556 euros en los seis meses. No obstante, se ha de pagar 86,70 euros/mes del “sello agrícola” con lo que la cantidad recibida se le queda en 1.500 euros. “¿Alguien se cree de verdad que, con ese panorama, un trabajador va a rechazar un empleo? Los que hablan de este chollo, de los vagos que se pasan los días al solecito y con la cervecita en la mano, seguro que es por desconocimiento o por mala fe, claro. Pero quienes así piensen que renuncien a todo lo que tienen, se lo den a alguna familia que vaya a ser desahuciada y él o ella, o los dos, que se vengan a disfrutar ganándose la vida como jornaleros.

 Usted defiende empleo digno y derechos para todos y cada uno ¿pero que me puede decir respecto al PER? ¿Qué papel ha venido jugando en el campo andaluz?

Pues que, como casi todas las medidas y actuaciones, tiene sus luces y sus sombras. Yo no viví los años de casi esclavitud de los jornaleros andaluces; ni viví la humillación de la limosna del empleo comunitario que se implantó en 1971 -tenía entonces 9 años- a instancias de los latifundistas andaluces que temían que los jornaleros dijeran ¡basta! ocuparan sus cortijos y los llevaran corriendo hasta mucho más allá de Despeñaperros. Es en 1982 –unos mese antes de las primeras elecciones en Andalucía- cuando desde el Gobierno se habla de que la limosna del empleo comunitario va ser sustituida no por la prestación por desempleo como los demás trabajadores, sino por un denominado Subsidio Agrario. Subsidio cuyo “ámbito subjetivo de aplicación, estará constituido por los trabajadores eventuales por cuenta ajena que hayan disfrutado de empleo comunitario durante 1983″.

El Plan de Empleo Rural (PER) fue instituido en 1986 por el Gobierno Central. Digamos que, en dos comunidades con cifras de paro inasumibles y crónicas, pretendía que los jornaleros pudiesen cumplir el requisito imprescindible para acceder al Subsidio Agrario o sea, disponer de 35 peonadas cotizadas. El hoy PFEA, como su denominación indica, es un plan de subvenciones a los ayuntamientos para realizar inversiones en el ámbito rural. Aunque desde 1996 este plan se extendió a otras comunidades autónomas Andalucía y Extremadura copan un 85% del total de la dotación económica del plan. Consecuencia de que estas dos comunidades acogen el 67 % del total de trabajadores eventuales agrarios. El PER no era más que otra medida paliativa y sedante, una patada a seguir, mientras esa especie única, extraña, díscola –de tanto en tanto necesaria- del campo andaluz, que son los campesinos sin tierra o jornaleros, se va extinguiendo por sí sola. Todo menos acometer una reforma agraria de verdad, ¡ay! Miguel Manaute Humanes –primer Consejero de Agricultura de la Junta- qué lejos quedan tus sueños de una reforma agraria para Andalucía.

El PER hoy PFEA, contempla tres líneas de intervención: formación, empleo y protección social. El PFEA ha venido cumpliendo un papel no explicitado, al menos a priori, de motor de la recuperación y mantenimiento de decenas de pueblos andaluces y extremeños que hubiesen desaparecido o estarían ruinosos e inhabitables y que en la actualidad cuentan con infraestructuras, dotaciones y servicios básicos equiparables a los de cualquier ciudad. La subvención va a los consistorios, que presentan sus proyectos de obras a los directores provinciales de Empleo (dependientes del Ministerio). De no justificarse debidamente, se devuelve la subvención. Es una actividad temporal y temporal es el empleo que genera. Pero, a los trabajadores eventuales del campo, los días de trabajo en el PFEA les cuentan para justificar las 35 peonadas necesarias para acceder al Subsidio o la Renta Agraria.

Agroinformacion.com30082012_85006¿Qué medidas habría que poner en marcha de inmediato respecto a los trabajadores eventuales agrarios?

Andalucía va a tener esta campaña una producción estimada de 643.000 toneladas de aceite de oliva, lo que supone un descenso del 56% con respecto al año pasado. Eso significa que se perderán más de 6.5 millones de jornales agrícolas en Andalucía, solamente en la campaña de la aceituna, de los más de 14 millones que se trabajaron el año pasado. En Jaén, mi provincia, se perderán 4,1 millones de jornales.

Esto es una catástrofe. Es imprescindible la eliminación del requisito de las peonadas para tener derecho al Subsidio agrario; es de suma urgencia aumentar la partida destinada al PFEA y es imprescindible y urgente la puesta en marcha de un plan extraordinario de empleo para el mundo rural. Y es necesario la adopción de medidas que refuercen la capacidad protectora y de garantía de rentas que dichos programas tienen y eviten que la mayoría de los 132.400 perceptores andaluces, 15.900 en Jaén, entren en riesgo de exclusión social ni en la indigencia..

¿A largo plazo cuáles serían las políticas a adoptar en Andalucía respecto a la agricultura y el ámbito rural en general?

Considero necesario no ir más allá del medio plazo, pues es muy necesario dotarnos de una ley integral de agricultura que contemple un reparto más justo de la tierra; establecer e impulsar unas políticas agrarias que favorezcan a quienes trabajan directamente la tierra y viven en el medio rural; a quienes defienden una agricultura sostenible y procuran productos saludables; a quienes prefieren “alimentos para todos, no beneficios para unos pocos”. Confío en que antes de final de año se aprobará el anteproyecto de la Ley Integral de Agricultura de Andalucía.

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