La justicia para quien la pague

Protestas por las tasas judiciales ante el Ministerio de Justicia. Foto: EFE
Protestas por las tasas judiciales ante el Ministerio de Justicia. Foto: EFE

El proceso antidemocrático del PP (y 5)
Carlos Jiménez Villarejo
Jurista. Ex Fiscal Anticorrupción

El Art. 119 de la Constitución es taxativo: “La justicia será gratuita cuando así lo disponga la ley, y, en todo caso, respecto de quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar”. Éste es el principio básico, que se ha quebrado gravemente por la Ley 10/2012. Conviene tenerlo presente, la Administración de Justicia es un servicio básico del Estado que ofrece a los ciudadanos la garantía de sus derechos. Por ello, puede entenderse como un servicio esencialmente gratuito y universal.

Prueba de ello, es que la Ley 25/1986, con los siguientes argumentos, dejó sin efecto las tasas judiciales impuestas por varias disposiciones franquistas de 1959. Su preámbulo decía así: “La Constitución Española en su artículo 1º, propugna la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político como valores superiores del ordenamiento jurídico español. Además, en el párrafo 2 del artículo 9º instituye a los poderes públicos en la obligación de promover las condiciones para que la libertad y la igualdad sean reales y efectivas, y de remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud. En el ámbito de la Administración de Justicia los valores constitucionales se manifiestan en el derecho a obtener la tutela judicial efectiva de los derechos e intereses legítimos, reconocido en el artículo 24 de la propia Constitución. El que además de la justicia se manifiesten también la libertad y la igualdad, y el que todas ellas sean, como quiere la Constitución, reales y efectivas depende de que todos los ciudadanos puedan obtener justicia cualquiera que sea su situación económica o su posición social”.

Hasta en una materia como ésta, la memoria histórica es débil. Pero la gratuidad judicial tuvo una corta vida. Ya, por Ley 53/2002 se restauró el viejo y antidemocrático sistema de tasas para acceder a los juzgados y tribunales. El proceso lo ratificó el Gobierno de la Generalitat por la Ley 5/2012 que estableció “La tasa por la prestación de servicios personales y materiales en el ámbito de la administración de la Administración de justicia de competencia de la Generalidad”. Para ya generalizarse por la Ley 10/2012 que fundamenta una medida tan discriminatoria de esta forma:

“En el ámbito de la Administración de Justicia los valores constitucionales se manifiestan en el derecho a obtener la tutela judicial efectiva de los derechos e intereses legítimos, reconocido en el artículo 24 de la propia Constitución. El que además de la justicia se manifiesten también la libertad y la igualdad, y el que todas ellas sean, como quiere la Constitución, reales y efectivas depende de que todos los ciudadanos puedan obtener justicia cualquiera que sea su situación económica o su posición social”. “La ordenación actual de las tasas judiciales, sobre ser incompatible con algunos principios tributarios vigentes, es causante de notables distorsiones en el funcionamiento de la Administración de Justicia”. “El derecho a la tutela judicial efectiva no debe ser confundido con el derecho a la justicia gratuita. Se trata de dos realidades jurídicas diferentes. Desde el momento en que la Constitución encomienda al legislador la regulación del alcance de esta última, está reconociendo que el ciudadano puede pagar por los servicios que recibe de la Administración de Justicia. Sólo en aquellos supuestos en los que se acredite «insuficiencia de recursos para litigar» es la propia Constitución la que consagra la gratuidad de la justicia”.

“La Ley pone todo el cuidado en que la regulación de la «tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en los órdenes civil, contencioso-administrativo y social no afecte al derecho a acceder a la justicia como componente básico del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva proclamado por el artículo 24 de la Constitución, de acuerdo con la jurisprudencia a este respecto del Tribunal Constitucional”.

Buenas palabras para ocultar que el régimen de tasas impuesto está cercenando ya el acceso a los tribunales y, por  tanto, a la tutela judicial efectiva. Pretende justificarse la reforma alegando el reconocimiento del  beneficio de justicia gratuita, lo que es falso, porque el diseño de ese beneficio excluye de él a gran parte de la ciudadanía. En efecto, ahora, con la terminología actual, el IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples) que ha sustituido al SMI (Salario Mínimo Interprofesional), criterio para medir quien puede acogerse a dicho beneficio, serán muchos los colectivos vulnerables económicamente que tendrán cerradas las puertas de los tribunales. Basta pensar en la jurisdicción social, dada la alta conflictividad laboral existente, donde la tasa para los recursos es de 500 a 750 euros, y en la civil, ante los conflictos permanentes en torno a las deudas contraídas y la propiedad, donde las tasas pueden alcanzar los 1.200 euros. Basta un dato económico muy significativo. Para que una persona pueda acogerse a los beneficios de justicia gratuita, debe acreditar, al menos, unos ingresos brutos del grupo familiar de unos 16.000 euros anuales. Resulta evidente que la imposición de tasas constituye un paso más en el despojo patrimonial de los ciudadanos y el sacrificio de sus derechos ahondando su indefensión ante las instituciones.

Este es el horizonte autoritario que el Gobierno del PP, en ocasiones con el apoyo de CiU, está imponiendo. El principio constitucional de “libertad” está en quiebra.

 

 

 

 

Un pensament a “La justicia para quien la pague”

Els comentaris estan tancats.