La empresa del sobrino

FranciscoCamps_AlbertoFabra
Francisco Camps y Alberto Fabra

e-Mail del País Valenciano
Javier Andrés Beltrán
Periodista

Es lo que te puede pasar si vas a la capital y te encuentras con la prensa de allí en unos días tan movidos. Alberto Fabra se fue tranquilo hace una semana a Madrid para promocionar en Fitur los langostinos de Vinarós y las galeras del Grau de Castelló -porque el aeropuerto sin aviones del otro Fabra ya se vende en los medios él solito con un éxito más que notable- y se encontró con la realidad: Los periodistas que le esperaban estaban más interesados por el embutido que por el marisco. Concretamente, por el chorizo de Bárcenas.

Y fue así que al ser requerido por los sobresueldos en la calle Génova y por el listado de la contabilidad paralela del PP que publicaba ese día El País, el presidente de la Generalitat Valenciana se vio obligado a tirar de manual para repetir al dedillo el argumentario oficial puesto en circulación por Mª Dolores de Cospedal. Tampoco podía hacer mucho más, así que negó la mayor y defendió la honorabilidad de su partido, tal vez por entender que en los apuntes contables sobre los presuntos pagos de Luis Bárcenas el Partido Popular de la Comunidad Valenciana (PPCV) que él preside no sale muy mal parado. No es para tirar cohetes, pero resulta curioso cuando ese partido está en la génesis de la presunta financiación irregular del PP que empezó con el ‘Caso Naseiro’; el mismo que gobierna una comunidad que, tras Baleares, se lleva la medalla de plata en las investigaciones judiciales a las administraciones implicadas en el ‘Caso Noos’; y, por supuesto, un partido que está metido hasta la médula en el ‘Caso Gürtel’ y que le disputa a la trama madrileña el dudoso honor de ver en cual de los dos territorios fue mayor el saqueo. Pero no en el ‘Caso Bárcenas’. ¡Mira que hasta en eso va a resultar ser cierta la cantinela sobre la secular discriminación de la que se quejan tanto los valencianos! Madrid no sólo les niega la financiación legal que les corresponde en justicia… también se olvida de esa otra que, según dicen, llega en mano y en sobres.

Y es que en los papeles de El País -al menos en los conocidos hasta ahora- no figura ningún alto dirigente del PPCV. No aparecen los ex-presidentes Eduardo Zaplana y Francisco Camps ni militantes de largo recorrido por los pasillos de la sede de Génova como Esteban González Pons. Si figura Juan Cotino, presidente de les Corts Valencianes, pero hasta en eso somos paganos los valencianos porque lo hace como presunto donante. Bueno, él no, pero si ‘Sedesa’, la empresa de su sobrino Vicente Cotino, que según esos apuntes el 11 de marzo de 2004 ingresó un total de 200.000 euros en las arcas del PP. Una empresa que ha estado en el punto de mira de la oposición por los presuntos y reiterados tratos a favor desde el gobierno de la Generalitat Valenciana. De hecho, el PSPV, cifra en 900 millones de euros la cantidad que Sedesa ha contratado con la Generalitat. Una cifra por la que han pedido explicaciones en sede parlamentaria al presidente de Les Corts y a la consellera de Infraestructuras, Isabel Bonig.

Ya en 1998 se le adjudicó la conservación, reparación y adecuación de los firmes en el itinerario Castellón Norte, “a pesar de que no obtuvo la mejor puntuación global y se aprobó con el precio inicial sin la rebaja del 6,59% que había propuesto dicha empresa”, según denunció el PSPV. Mejor le fue en 2008 cuando Sedesa recibió de la Generalitat 336.000 euros por una obra que nunca se realizó, el aparcamiento para el hospital Doctor Peset de la ciudad de Valencia. Tiene explicación: Una vez adjudicada la obra y su explotación por un periodo de 38 años, la consellería nunca acometió su construcción y la empresa del sobrino del presidente de las Cortes pidió la resolución del contrato y el resarcimiento de los costes, que evaluó en 336.380,05 euros.

Le correspondían y debió cobrarlos, porque no consta que Sedesa figure en la interminable lista de proveedores afectados por los impagos del Consell. Curiosamente donde si aparece es en esa otra lista, mucho más corta, de las cinco empresas con domicilo social en el País Valencià a las que la Fiscalía Anticorrupción solicitó que se investigaran por su relación con la empresa Orange Market y, por tanto, con la trama valenciana del ‘Caso Gürtel’. Es decir, en la presunta financiación irregular del PPCV. Pues eso.