La delincuencia financiera, ante los tribunales

rtr3942g_comp-640x640x80Carlos Jiménez Villarejo
Jurista. Ex Fiscal Anticorrupción

El enunciado parece que advirtiera de una novedad. Pues, en cierta forma, sí lo es.  Así lo reconoció el Fiscal General del Estado (FGE) en 1996:”Los delitos económicos presentan mayor sofisticación y menor rechazo social que los tradicionalmente asociados con la delincuencia organizada, y las ganancias derivadas de ellos se encuentran potencialmente mas al resguardo de las acciones represivas penales”. En una reciente investigación académica se hace constar la “evidente desproporción entre la contundencia con la que el legislador trata la delincuencia patrimonial clásica y el tratamiento penológico que reciben los delitos contra el orden socio-económico” así como la “tolerancia ante la delincuencia económica”. Hay multitud de datos que lo acreditan. Basta uno ellos; han tenido que pasar 20 años para que el Tribunal de Justicia de la UE obligue a una entidad financiera -CatalunyaCaixa- a aplicar la Directiva comunitaria de 1993 que protege a los consumidores frente a las cláusulas abusivas en los contratos hipotecarios. Tolerancia más permisividad oficial.

Con estos antecedentes, produce cierta conmoción el relato de los 290 procesos penales- la mayoría por fraude fiscal y corrupción política- en los que estaba interviniendo la Fiscalía Anticorrupción (FA) hasta finales de 2012. Hoy son muchos más. Pero, es necesario resaltar la novedad que representa la reacción de la justicia penal ante los delitos cometidos por las entidades financieras, contra, como decía Sutherland, “los delitos de la clase alta compuesta por personas respetables o, en último término, respetadas…”. En este momento hay causas penales abiertas contra Caja Castilla-La Mancha, Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), Caixa Galicia-Caixa Nova, Bankia, Banco de Valencia, Caixa Penedés y Catalunya Caixa.

Esta forma de delincuencia abarca todos los delitos de contenido esencialmente económico  que lesionan gravemente los equilibrios que debe garantizar una economía social de mercado. Es decir, delitos contra el mercado, contra los consumidores, de administración desleal, y, desde luego, el fraude fiscal.

La Memoria de la FA hace constar las dificultades probatorias que presentan estos delitos al referirse al empleo de “testaferros”,  “estructuras fiduciarias”,  “sociedades opacas”, “trust, fundaciones y otras figuras fiduciarias” y, desde luego, a los paraísos fiscales, instrumentos todos ellos para el maquillaje de la actividad delictiva y de la contabilidad  y  como forma óptima para  la ocultación y lavado de la riqueza ilícitamente obtenida.

Los datos obrantes en la Memoria de la FA han sido complementados por el FGE en un análisis de la “corrupción social, política y económica”. Reconociendo que hay  una percepción social mas intensa de la gravedad de esas formas de delincuencia “provocando un mayor rechazo, si cabe, el comprobar  como se han podido emplear fondos públicos o privados, en el caso de los ahorradores de determinadas entidades de crédito, en provecho de unos pocos cuando cerca de una cuarta parte de la población se encuentra por debajo del umbral de la pobreza”. Delincuencia que, en ocasiones, se ha producido por Administradores y Directivos que representaban partidos políticos, como quedó de manifiesto cuando se conoció públicamente la composición del Consejo de Administración de Bankia. Además de Rodrigo Rato, estaban José Manuel Fernández de Norniella, también del PP,   Virgilio Zapatero, del PSOE  y José Antonio Moral Santín, de IU (1). Un  estado de cosas altamente preocupante que ya fue advertido por Don Sturzo en 1949: “Hay diputados que tienen hasta catorce despachos en varios Consejos de Administración públicos y privados(…). No se puede ser interventor y tutor del dinero público y, a la vez, despilfarrador del mismo”. No podían ser ajenos a las decisiones económicas antisociales que estaban adoptándose. Sobre todo, de los elevadísimos beneficios económicos que estaban autoconcediéndose los Consejeros y directivos  de  dichas entidades y, especialmente, de la comercialización de productos financieros como las participaciones preferentes y la deuda subordinada, productos que las entidades sabían que eran estructuralmente engañosos dado que su rentabilidad estaba asociada a los beneficios de la entidad, beneficios de los que carecían, pues las entidades que los emitían estaban sufriendo evidentes y gravísimas pérdidas. Partidos que guardaron un condenable silencio durante su presencia en dichas entidades.

Pero una parte importante de la delincuencia descrita sería imposible sin la presencia de los paraísos fiscales. Solo recordar algunas de las voces que han exigido su desaparición ante la culpable pasividad de los Gobiernos y de la comunidad internacional. Entre otras, la Resolución del Congreso de Diputados de 2005 que reclamaba “concentrar las actuaciones investigadoras en aquellos ámbitos y sectores, en los que se han detectado bolsas de fraude más importantes como… los paraísos fiscales”. Y la de 2011, “en respuesta a las demandas de la ciudadanía”, que  aprobó instar al Gobierno a “continuar reforzando la lucha contra el fraude fiscal y a respaldar, de manera coordinada con la comunidad internacional…, la supresión de los paraísos fiscales…”. Ahí siguen, amparando el lado mas sucio de la economía- el tráfico de personas y de armas, el  terrorismo y el fraude fiscal-.Hasta el punto de que las rentas depositadas en dichos territorios fueron objeto de un tratamiento favorable en el RDL 12/2012 del Gobierno del PP que reguló la amnistía  fiscal.

La expresada delincuencia, desde la lógica mas estricta del capitalismo, el “evangelio del mercado”, que decía Rodotá, y la máxima ganancia a cualquier precio, es especialmente lesiva  para los derechos sociales, que están siendo derruidos poniendo fin a cincuenta años de un  reparto mas equitativo de la riqueza y una mayor cohesión social. Por todo ello, los jueces y fiscales deben reaccionar con justicia y la convicción de que los responsables de estos delitos “no están por encima del alcance de la ley”.

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(1) quienmanda.es. Fundación Civio.