La corrupción en España inquieta en Europa

El Roto lo vió así en El País

Por Carlos Jiménez Villarejo


El demoledor Informe del Consejo de Europa, del pasado 1 de abril, sobre la financiación de los partidos políticos en nuestro país, refleja el proceso de degradación de la vida pública que vivimos tanto en la clase política como en las instituciones oficiales. Es verdaderamente alarmante. Y, más aún, cuando hace escasamente dos años, el 15/5/2009, el propio Consejo de Europa ya advirtió de las graves deficiencias de dicho sistema. Señalaba entonces la falta de transparencia de la financiación en cuanto “no era descifrable” y la sociedad no puede tener acceso a los orígenes y formas de financiación.

El Consejo de Europa también exigía que las cuentas y las informaciones contables de los partidos “fueran suficientemente útiles para descubrir los vínculos financieros dudosos y los eventuales casos de corrupción”. Y, asimismo, reclamaba “sanciones eficaces, proporcionadas y disuasorias” frente a las infracciones del sistema. Denuncias y exigencias no cumplida. La realidad es preocupante: el endeudamiento financiero de los partidos, la opacidad de las Fundaciones vinculadas a los mismos, la carencia de un sistema contable uniforme, las deficiencias del control interno de los partidos, etc.

Por otra parte, el Informe llega en un momento muy oportuno; las vísperas de las elecciones municipales y autonómicas del 22 de Mayo. Titulares como “La corrupción se presenta a las elecciones”, “Mas de 100 candidatos implicados en casos judiciales concurren en las listas” y que el Teniente Alcalde de Sevilla, de IU, está imputado por corrupción y se resiste a retirarse de la lista electoral desoyendo el “compromiso ético por la regeneración democrática” de su partido, son muestras de que los valores éticos no están presidiendo con la intensidad deseable la actividad política. Por esta razón, la mayor parte de los llamados Códigos éticos de los partidos, genéricos y flexibles, no impiden la continuidad en sus cargos de los fundadamente sospechosos de corrupción. Cargos que, como dijo el Presidente de la Unión Progresista de Fiscales (El País, 7/9/2009), “no asumen que puedan ser investigados”.

Ante dicho Informe, el Grupo Parlamentario de IU-ICV-ER, el 3 de Febrero de 2010 presentó una Proposición de Ley de “lucha contra la corrupción” que, salvo algunos retoques de la reforma del Código Penal, ha quedado en el más absoluto olvido. Decía así la Exposición de Motivos: “El goteo de irregularidades en distintas Administraciones Públicas y la acumulación de graves escándalos de corrupción pública y privada dañan la credibilidad de las instituciones y de la política, atentan contra el patrimonio público, socavan las bases mismas del sistema democrático y provocan la desafección política entre la ciudadanía, que sitúa el problema de la corrupción política como uno de los principales del Estado”. Y en cuanto a los partidos afirmaba: “Por último, la posición de los partidos políticos en el sistema democrático, proclamada en el artículo 6 de la Constitución obliga a protegerlos frente a ciertos comportamientos que desde dentro o fuera del partido adulteran aquella función convirtiéndolos en instrumentos para la obtención de beneficios económicos o de cualquier otra clase, comportamientos que, sin incurrir en exceso alguno, podrían ser penalmente tipificados. La laxitud y debilidad de la normativa que regula y sanciona dichas actividades delictivas de cargos y partidos es impropia de la gravedad de los hechos”.

Por todo ello, es ya exigible, sin más dilación, una profunda reforma de la L.O. 8/2007, de 4 de Abril, sobre la financiación de los partidos, que no fue suficiente para atajar los abusos cometidos bajo la cobertura de los partidos.  Reforma que debe seguir las siguientes pautas:

1. Que los partidos políticos no puedan constituir o formar parte, directa o indirectamente, de empresas o sociedades mercantiles, como tampoco que  puedan  participar, por cualquier medio, de los beneficios económicos obtenidos por empresas o entidades mercantiles.

En ningún caso, las fundaciones constituidas por los partidos políticos, las federaciones de partidos, coaliciones y las agrupaciones de electores podrán aceptar aportaciones y donaciones anónimas.

Los partidos políticos tampoco podrán aceptar o recibir, directa o indirectamente, donaciones de personas o empresas privadas que, mediante contrato vigente, presten servicios o realicen obras para las Administraciones Públicas, organismos  públicos o empresas de capital mayoritariamente público o que hayan prestado dichos servicios o realizado obras en los dos años anteriores. La misma prohibición afectará a las personas o empresas que estén participando en concursos públicos para ser adjudicatarias de contratos con las Administraciones Públicas.

. Deben quedar prohibidas las donaciones procedentes de una misma persona física o jurídica superiores a 100.000 euros anuales,  aplicando este límite unitario a los grupos de empresas así como a las empresas que sean dependientes de otras principales o de personas físicas donantes y las donaciones procedentes de varias personas físicas que en su totalidad superen el 10% del presupuesto anual del partido político.

A estos efectos, se considerará dependiente aquella empresa que esté participada en su capital social en más de un 50% por la empresa principal o de la persona física donante, o bien que su facturación a la empresa principal o a la persona donante suponga más de un 50% del total de facturación anual.

Las donaciones superiores a 6.000 euros habrán de abonarse siempre  mediante cheque bancario.

Y el valor de las donaciones en especie de bienes inmuebles en ningún caso podrá ser superior a 500.000 euros en un año natural.

Debieran quedar absolutamente prohibidas las cancelaciones o reducciones, sin contraprestación, de las deudas de los partidos políticos con entidades bancarias, en concepto de principal o de intereses de préstamos obtenidos de las mismas, medida de suma importancia ya que dicha práctica es hoy una de las fuentes del sometimiento de los partidos a las entidades financieras.

. Entre las restricciones a las aportaciones desde el extranjero, debe incluirse, más expresamente que en el régimen vigente, la prohibición de recibir dichas aportaciones de empresas, grupos empresariales y multinacionales relacionadas con las Administraciones o Gobiernos extranjeros.

. El régimen contable de los partidos y su transparencia obliga a que las cuentas anuales consolidadas no solo  se extiendan a los ámbitos estatal, autonómico, comarcal y provincial, sino que  las cuentas anuales consolidadas de federaciones de partidos y coaliciones incluirán las de los partidos federados y coaligados. Asimismo, incluirán, lo que actualmente no ocurre, los ingresos derivados de la representación en el Parlamento Europeo y los resultados de las Fundaciones y Asociaciones vinculadas a los partidos políticos.

. El control interno de las finanzas de los partidos exige que se instituya un mecanismo que garantice  la participación de los afiliados o órganos colegiados en orden a una  adecuada intervención y contabilización de todos los actos y documentos de los que se deriven derechos y obligaciones de contenido económico.

7. En cuanto al control externo por el Tribunal de Cuentas, los partidos deberán dar cuenta a dicho Tribunal de las condiciones de los préstamos y créditos que perciban así como de los términos y condiciones de los mismos.

. Para asegurar la plena transparencia y publicidad de las cuentas de los partidos, debe establecerse que los registros y archivos del Tribunal de Cuentas y Organismos de control de cuentas externo Autonómicos sean de acceso público, es decir, la documentación, especialmente la contable, que los partidos, federaciones, coaliciones y agrupaciones de electores hayan  entregado en cumplimiento de su deber de colaboración.

. En el  régimen sancionador, se dispondrá lo necesario para que no se hagan efectivas las subvenciones si no se han cumplido los deberes de transparencia ante el Tribunal de Cuentas u Organismo de control de cuentas externo Autonómico. Y que, en los supuestos de superar el límite del gasto electoral, el importe superado será descontado de la correspondiente subvención.

10. Finalmente, se adoptarán las previsiones necesarias para que las Fundaciones y Asociaciones vinculadas a los partidos políticos estén sujetas a los requisitos y límites establecidos en esta Ley y, en consecuencia, al mismo control y fiscalización que los partidos políticos, federaciones, coaliciones y agrupaciones de electores.

Si treinta años después de tener democracia, la financiación de los partidos es tan deficiente, se explica perfectamente que bajo el amparo de una Ley como la vigente hayan proliferado casos como el de Gürtel-PP y otros más como Pretoria, Ferrovial-CIU, Unió Mallorquina, etc.

Por todo ello, las propuestas formuladas no bastan.

Dado que los partidos políticos han sido excluidos como personas jurídicas penalmente responsables en el Art. 31 bis.5 del Código Penal recientemente reformado, resulta  imperativo que los políticos respondan personalmente de cualquier forma de enriquecimiento injusto. Es una exigencia del Art. 20 de la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción de 31 de Octubre de 2003, ratificada por España. En la Exposición de Motivos de ésta se dice: “Convencidos de que el enriquecimiento personal ilícito puede ser particularmente nocivo para las instituciones democráticas, las economías nacionales y el imperio de la Ley”, razones por las que recomienda su sanción penal. Para ello, debe formularse un nuevo tipo penal que sancione a  la Autoridad o funcionario público que a sabiendas percibiera en beneficio propio, por si o por persona interpuesta, ingresos en metálico o en especie, distintos de los propios de su cargo o de las actividades públicas o privadas declaradas compatibles, que  pudieran representar un incremento significativo de su patrimonio. La reciente reforma del Código Penal ha eludido asumir dicha Recomendación, proporcionando a la clase política una parcela significativa de impunidad.

Pero sigue pendiente una cuestión capital, la persecución penal de la financiación irregular grave de los partidos políticos. Porque si hay una evidencia, es que las sanciones actuales no son suficientes ni, en ningún caso, disuasorias. Ahí están para acreditarlo los 594 procedimientos penales por delitos de corrupción que el Fiscal General del Estado denunciaba el 18/11/2009 ante el Congreso de Diputados.

La sanción de las conductas que perturban el funcionamiento democrático de los dos políticos exige, en algunos supuestos particularmente graves, que la sanción tenga una relevancia penal. La posición de los partidos políticos en el sistema democrático, proclamada  en el artículo 6 de la Constitución obliga a protegerlos frente a ciertos comportamientos que desde dentro o fuera del partido adulteran aquella función convirtiéndolos en instrumentos para la obtención de beneficios económicos o de cualquier otra clase, comportamientos que, sin incurrir en exceso alguno, podrían ser penalmente tipificados.

El problema no es nuevo, muestra de ello es que la Ley Electoral General tipificó como delito dos formas de conductas ilícitas, producidas en el proceso electoral, que sustancialmente son una forma específica de falsedad documental y otra de apropiación indebida, como se desprende de los delitos tipificados en los artículos 149 y 150 de dicha Ley.

“149.1. Los administradores generales y de las candidaturas de los partidos, federaciones, coaliciones o agrupaciones de electores que falseen las cuentas, reflejando u omitiendo indebidamente en las mismas aportaciones o gastos o usando de cualquier artificio que suponga aumento o disminución de las partidas contables, serán castigados con la pena de prisión menor y multa de 30.000 a 300.000 pesetas (181,81 a 1.818,18 euros).

“150. 1. Los administradores generales y de las candidaturas, así como las personas autorizadas a disponer de las cuentas electorales, que se apropien o distraigan fondos para fines distintos de los contemplados en esta Ley serán sancionados con las penas de prisión menor y multa de 30.000 a 300.000 pesetas (181,81 a 1.818,18 euros).

Ciertamente, fue un acierto que se garantizase y protegiese la pureza del proceso electoral otorgándosele la máxima tutela mediante la tipificación penal de aquellas conductas. Pero si graves son las citadas conductas, tanto o más pueden serlo la de aquellos que, quebrantando la normativa vigente, aportan fondos irregularmente a un partido político, aportación que no puede tener otra finalidad que, con independencia de que se produzca o no, obtener una ventaja presente o futura sobre todo cuando quien hace la aportación es una sociedad mercantil que ha sido o puede ser adjudicataria de una obra o servicio público o beneficiaria de una decisión urbanística. Por otra parte, a nadie se le escapa que quien realiza aportaciones que por ser irregulares el partido tiene que ocultar mediante operaciones de simulación adquiere una posición de influencia cuando no de dominio sobre el aparato del partido y sobre sus dirigentes particularmente cuando ocupan cargos públicos.

Podría sostenerse que la financiación ilícita de un partido político podría incardinarse en los tipos penales ya existentes en el Código Penal como, por ejemplo, el de cohecho. Argumento que también podría haberse esgrimido respecto de los delitos electorales, lo que no impidió su criminalización específica. Sin embargo, con independencia de que puedan no concurrir los elementos típicos de aquella figura delictiva, la conducta de quienes “a sabiendas”  aportan y reciben fondos en relación a un partido, con grave infracción de las normas que regulan su financiación ,lesiona un bien jurídico específico y de mayor relevancia cual es el orden constitucional. Ello sin perjuicio de la aplicación de las reglas del concurso conforme a lo dispuesto en el artículo 77 del Código Penal.

Estamos pues ante conductas de contenido lesivo del orden constitucional en cuanto alteran gravemente, por las razones descritas, los fundamentos y las garantías del pluralismo democrático, como bien decía el Tribunal Supremo en la Sentencia del caso FILESA. Son conductas, diciéndolo en los términos del artículo 4.2 del Código Penal “dignas de represión” y, por ello deben tipificarse penalmente.

El Estado no puede sustraerse por más tiempo a configurar como último instrumento una reacción de naturaleza penal ante hechos que, además de revestir una evidente gravedad, están situados de lleno en el ámbito de la corrupción pública con los efectos devastadores que ya han sido denunciados en repetidas ocasiones por el Consejo de Europa. Es una reacción penal proporcionada a la gravedad de la conducta, lo que se ha llamado la “criminalización primaria”, y desde luego compatible con que se perfeccionen los instrumentos preventivos respecto del control de la actividad económico-financiera de los partidos. Es una cuestión planteada y aceptada por quienes ante el equilibrio entre Estado de Derecho y Democracia “creen que los mecanismos del proceso político democrático no bastan, por sí solos, para evitar los excesos de los gobernantes; y ello, en especial, cuando los casos de criminalidad gubernativa afectan al correcto funcionamiento de la democracia misma”. Serían dos formas claramente complementarias de defensa del orden constitucional.

La penalización de tales conductas es la condición necesaria para concebir un sistema unitario y coherente de normas penales, además de las ya previstas en la Ley Electoral, para salvaguardar la función que los partidos políticos están llamados a cumplir en el sistema democrático.