¿Independencia?: entre el embaucamiento y la insolidaridad (y II)

Manifestacio_11S_Barcelona
Manifestación del pasado 11 de septiembre en Barcelona

Carlos Jiménez Villarejo
ex-Fiscal Anticorrupción

“Nada que ver con la mística vacía de la nación, que es otro opio con el que se trata de eludir los problemas reales, los de desigualdad e injusticia que las políticas públicas que practican al igual hoy unos y otros nacionalistas –los que quieren españolizar y los orgullosos de haber catalanizado– no dejan de incrementar sus consecuencias sobre los más vulnerables. Como recordara El Roto, “el sueño de la nación produce –cuando menos– exilios”. (1)

La anterior Declaración de soberanía de CiU y ERC, que fue someramente  examinada en un anterior análisis, ha sido sustituida, sin duda a causa de las críticas recibidas, por otra Declaración más fundamentada pero con idénticas carencias. Habíamos dicho que expresaba una ruptura con el marco constitucional democrático vigente, lo que sigue siendo cierto. Principalmente, porque el “poble de Catalunya” -ante la Constitución vigente y con independencia de lo que resulte de la pretendida consulta- no puede atribuirse una soberanía que, respetando la Constitución, corresponde al “pueblo español” del que el catalán es parte.

Una expresión constante de la Declaración actual -de 15/1/2013- es la completa ruptura con España y cuanto representa en nuestro pasado y nuestro presente. Ruptura que lleva a CiU y ERC a traicionar incluso los principios que inspiraron el Estatuto vigente. En el se hace constar que Catalunya “quiere proseguir… la construcción de una sociedad democrática y avanzada… solidaria con el conjunto de España…” y que quiere “desarrollar su personalidad política en el marco de un Estado que reconoce y respeta la diversidad de identidades de los pueblos de España”.

Naturalmente que Catalunya es una indudable “realidad nacional”, pero también es cierto que esa realidad se ha fraguado, fundamentalmente en el siglo XX, por el apoyo que ha recibido constantemente de todos los pueblos de España.

Catalunya es lo que es porque, tras las oleadas migratorias de dentro y fuera de España, se ha construido una “sociedad integradora” donde pueden convivir “identidades diversas”. Esta es la gran riqueza de Catalunya, como pueblo y como cultura.

Es la suma de los sufrimientos y aspiraciones de catalanes de origen y de inmigrantes, nacionales y extranjeros, que abandonaron sus tierras a causa de las políticas capitalistas que gobernaron coordinadamente las burguesías de España y Catalunya.

Lo acontecido en Catalunya desde 2006 no puede justificar el giro que se pretende. Sobre todo por un Gobierno de derechas, el de CiU que durante dos durísimos años para el pueblo catalán, ha aplicado medidas antisociales en todos lo ámbitos  -incluido el pago de un euro por receta, afortunadamente suspendido por el Tribunal Constitucional-  ha generado una sociedad mas injusta, mas desigual y más pobre. Y, todo ello, en estrecha alianza con el Gobierno neoliberal del PP, como lo  ha explicitado el Diputado Coscubiela: “De los 27 Decretos-Ley convalidados por el Congreso de Diputados, CiU ha votado SÍ en 17 ocasiones. Entre los Decretos-Ley en la que CiU ha votado SÍ están los que hacen referencia a los recortes presupuestarios y de derechos” (2). ¿Cómo puede ahora pretender encabezar la defensa del pueblo catalán?

Por otra parte, pueden continuar sin mencionar a España, pero CiU y casi todos los partidos catalanes participan, a través de sus representantes, con fervor y la consiguiente remuneración, en todas las instituciones del que, con distancia y menosprecio, llaman el Estado español. Están ampliamente enumeradas en los Arts. 179 a 181 del Estatut d’Autonomia, y su presencia responde a la necesidad de participar en “la toma de decisiones estatales”. ¿En qué quedamos?

DATOS ELECCIONES 2011 ok
La ley d’hont favorece a CiU en el reparto de escaños

Pero hay algo aún más grave y significativo de su real compromiso con España. Está vigente aún la Disposición Transitoria Cuarta del Estatut d’Autonomia de 1979 que declara vigente en Catalunya la legislación electoral española, es decir, la Ley de 1985. Es la única Comunidad Autónoma en que esto ocurre. El Art. 56 de actual Estatut obligaba a la aprobación de una ley electoral propia. Sencillamente, no se ha cumplido. ¿Por qué? Porque conviene a CiU, a quien le asegura, en Catalunya y en España, una representación electoral superior a la que le correspondería por los votos obtenidos. Pues, en esto, parece que las leyes españolas les resultan muy útiles. Y cuando, en el Parlament de Catalunya, en febrero de 2009, Ciutadans pel Canvi, a través de una ILP respaldada por 90.000 ciudadanos, pretende aprobar una ley electoral mas justa fue bloqueada por CiU. Todo un ejemplo de aprovechamiento de las estructuras españolas para evitar una democracia más representativa.

Pero, el aprovechamiento por CiU de las instituciones españolas para la protección de sus intereses tiene una mayor trascendencia. Valgan dos ejemplos.

Tras diez años de presidencia de Jordi Pujol, comienzan a aparecer signos de un aprovechamiento patrimonial de fondos públicos con un evidente abuso de poder. No se puede olvidar el titular de El Periódico de Catalunya de 18/3/1990: “Pujol atraviesa el momento mas difícil tras 10 años de mandato”. La causa fue que la Fiscalía de Barcelona abrió una investigación penal contra Lluís Prenafeta, entonces secretario general de la Presidencia, por compatibilizar ese cargo con el de consejero de Iberia de Seguros S.A. Entonces, el Fiscal General del Estado impidió que la Fiscalía formulara una querella.

La historia volvió a repetirse. La Fiscalía, en mayo de 1990, abría una investigación por hechos que tuvieron lugar en la década de los ochenta. El Gobierno de la Generalitat había creado la Comisión de ayuda para la reconversión industrial de Catalunya (Caric) con el fin de apoyar, con fondos públicos, a empresas en crisis. La realidad fue que parte de dichos fondos -los llamados avales- se destinó, en condiciones muy ventajosas, a sociedades vinculadas a Consejeros o altos cargos de la Generalitat, fondos que posteriormente no fueron reintegrados, causando un grave perjuicio al erario público autonómico.

Ante los resultados de esta investigación, la Fiscalía planteó formular una querella  por delito de malversación de caudales públicos y otros contra los Consejeros Cullell, Oller, Hortalá, Pujol i Figa, Vela, Garrell, Vallvé, Subirá, Basáñez y Alavedra.

El Fiscal General del Estado apoyó nuevamente a CiU y prohibió a la Fiscalía el ejercicio de acciones penales por entender que los delitos estaban prescritos. Y, luego, han venido los indultos del Gobierno español a condenados vinculados a CiU.

Produce pánico pensar en el grado de impunidad que puede implantarse en una Catalunya -no lo olvidemos, gobernada por CiU- fuera de los actuales contrapesos y controles de eso que llaman el Estado español.

Y, para concluir, el objetivo de que la libertad y la igualdad de los ciudadanos sean reales y efectivas en el marco de una democracia avanzada -centro de la Constitución y de Estatut vigente- ha quedado limitado a una leve y genérica referencia al “l’estat del benestar”.

Ya preparan su contribución a la prolongación y empeoramiento de la actual crisis.

 


(1) Javier de Lucas, Catedrático de Filosofía del Derecho. Universitat de Valencia. “Derecho a decidir ¿qué?: réplica a Pisarello y Asens”. Sin Permiso.25/11/2012.

(2) Joan  Coscubiela, “El doble lenguaje de CiU”. NuevaTribuna.es  2/10/2012

6 pensaments a “¿Independencia?: entre el embaucamiento y la insolidaridad (y II)”

  1. D. Carlos: Veo que cada cual barre para su casa. Lecciones (???) de historia del siglo XVIII interpretadas en base a conceptos del siglo XX; predeterminacion de moralidad, segun el origen de la persona o lengua materna; valoración de unas elecciones sobre la Constitución de 1978 hechas con ruido de sables aún, y cuyos principios se están destruyendo con interpretaciones de carácter político por pacto de fuerzas jacobinas (PP y PSOE)
    En mi limitado nivel jurídico digo que si se reconoce la foralidad catalana para el derecho civil, también debe poderse reconocer para cualquier otro derecho, y así se ha de aceptar el derecho a decidir a los que tengan esa foralidad. Yo adelanto que soy federalista y me siento orgulloso de haber trabajado con Vd, porque es una de las personas más honradas que he conocido, y lo digo con mi independencia ganada tras casi 50 años de trabajo.

  2. Totalmente de acuerdo con lo que indica Lluis y que la historia se cambia por los ciudadanos.

  3. Déjense de hipocresías, Catalunya necesita ser independiente por una cuestión de mera supervivencia. Catalunya es sujeto de dominio por parte de un estado, el español, que lleva 300 años de intento de genocidio cultural (y no sólo cultural) contra una nación que se ha negado a perder su lengua y su personalidad. Si esa aniquilación de lo catalán no ha cuajado completamente sólo se debe a la inepcia del estado español, patética caricatura del estado francés. Necesitamos ser independientes para librarnos de esa siniestra nube de prepotencia, intolerancia y soberbia, procedente de la negra alma de Castilla, que periódicamente pretende arrastrarnos al olvido de lo que somos. ¡No pasarán!

  4. ¿Cómo valoramos la soberanía del 1714 y la comparamos con la del 2013? ¿ Se pueden equiparar las dos? Estamos entrando en un terreno de valoraciones un poco subjetivas. ¿No nos olvidamos también que Catalunya formaba parte de una entidad política que se llamaba la Corona de Aragón? Aquí cada uno interpreta para lo que quiere (vamos barrer para casa).

  5. Señor Villarejo, el problema es que España no se ha enterado -me temo que en algunos aspectos tampoco lo ha hecho usted- de que la diversidad existe y debe respetarse. Que las lenguas existen y deben respetarse. Y que el Estatut -como bien dice Lluís- expresaba la voluntad mayoritaria del pueblo de Catalunya -y de su parlamento- y debía respetarse.
    Más que Catalunya, el problema lo tiene España (o el Estado español, ambos términos me producen el mismo afecto). Y sus dirigentes -sean del PP o del PSOE-. Que no se les quiere. Que producen sarpullido. Que no son ejemplo de nada, ni referente, ni aspiración. Y que entre un futuro catalán incierto, turbio y corrupto. Y un futuro español incierto, turbio y corrupto, como el actual, mejor quedarse con el catalán, que es más cercano y es el nuestro.

  6. Sr. Jimenez Villarejo
    Crec que tothom pot estar d’acord en que els actes tenen conseqüències. En aquest sentit la sentència del Tribunal Constitucional de juny de 2010, dictada per un tribunal qüestionat moral i legalment, va ser un nyap jurídic que pretenia aixecar una paret a l’autogovern de Catalunya, en un moment en que aquest pretenia dotar-se d’instruments més eficaços en un món globalitzat. Les conseqüències contra les que vostè alça una veu indignada, quasi irada, però del tot legítima, són les que són. Eren esperables i fins i tot inevitables. No recordo, potser va ser una manca d’informació per la meva part, que vostè aixequés la seva veu amb la mateixa indignació en contra d’aquella ominosa sentència.
    Pel que fa al tema de la lliure determinació, es cert que aquest principi estava pensat per incentivar la descolonització en un context en que aquesta afavoria l’estratègia bipolar de les dues súper- potències de la guerra freda. Gairebé l’única condició que s’imposava al reconeixement dels Estats nous era el respecte als límits establerts per la metròpolis durant la dominació colonial: el conegut principi de “uti possidetis iure” , és a dir, “té dret a utilitzar”…
    Tanmateix, si s’observa la pràctica històrica i l’aplicació del Dret Internacional contemporani durant els últims 50 anys és fàcilment constatable la seva evolució continuada. De fet, s’ha adaptat a la transformació de la pròpia societat internacional, una comunitat d’Estats que a principi del segle XX estava formada per unes poques desenes de membres i que al tombant del segle XXI ja en té gairebé dos centenars, i no tots, sobretot a Europa, fruit d’un procés de descolonització. Atès que el Dret Internacional és eminentment declaratiu i evolutiu, la pràctica fa que la major part de les seves normes i disposicions admetin excepcions i fins i tot acords a contrari. Així doncs, no hi ha dos processos d’independència iguals ni pel que fa als seus fonaments jurídics ni al seu procés polític.
    De tota manera, cada cop hi ha més juristes que plantegen que la independència de Catalunya no és un cas de simple secessió, sinó de restitució d’una sobirania, ja que el Principat va ser una entitat política de Dret Internacional públic. No era un territori perifèric de cap nació, sinó el seu centre polític fins a la seva annexió forçosa amb l’excusa d’un canvi dinàstic (1714). Gaudia del que se’n diu subjectivitat internacional només atribuïbles als Estats. Les raons jurídiques que es poden invocar per la restitució d’aquesta sobirania, entre moltes d’altres, són l’ incompliment de l’article XIII del Tractat d’Utrech, que garantia la sobirania del Principat i el respecte a les seves Constitucions. També s’hi pot afegir la violació de les condicions del testament de Carles II – que explicitava clarament l’obligatorietat de respectar la sobirania i les institucions de Catalunya- així com el perjuri de Felip V en el seu acte de Coronació davant les Corts catalanes. Per tant, reclamar el compliment íntegre de l’article XIII del Tractat d’Utrech té sentit, més encara quan la resta de l’Acord continua en vigor (per exemple, el cas de Gibraltar). Actualment no hi ha cap element subjectiu que impedeixi el compliment del citat article, a banda que la seva vulneració contradiu nombroses normes de ius cogens, és a dir obligat compliment.
    A més de les resolucions 2625/XXV i 1514/XV de l’Assemblea General de les Nacions Unides, que efectivament estaven pensades pels estats colonials, però que van ser l’inici del reconeixement internacional del “dret de lliure determinació”, s’hi poden afegir de manera substantiva moltes altres resolucions que mostren l’evolució d’aquest dret, com, per exemple, la resolució 637 (VII) de 1952 i la 49/118 de 1995.
    Quant al cas d’Escòcia, sovint s’afirma que és diferent. Ben cert: la sobirania només es pot cedir per voluntat pròpia i així ho recull l’Acta d’Unió d’Escòcia (1707) i el propi ordenament constitucional anglès. I a més, ha d’incloure la possibilitat de la seva restitució i establir els seus procediments. El procés d’adhesió d’Escòcia a la corona anglesa va seguir tots el tràmits legals i parlamentaris. Escòcia va poder manifestar la seva voluntat de formar part de la Corona britànica, sense perdre el dret a restituir la seva pròpia sobirania. Per tant, la seva “devolució” està totalment prevista legalment. La diferència amb el cas de Catalunya és ben clara: Escòcia va cedir voluntàriament la seva sobirania, i en canvi, al Principat li va ser arravatada per la força de les armes, sense cap consentiment previ. Tot el contrari, com està documentat de manera exhaustiva.
    Finalment, pel que fa a la seva observació sobre la reducció de drets des ciutadans per part del PP i de CIU, totalment d’acord sempre que hi afegim el PSOE, que és el primer que va començar a rodar la pel•lícula (de terror). Per cert, és ben curiós el comentari del dirigent del CUP, sobre que el principal garant de la “unidad nacional” , en els últims trenta anys, no ha estat l’exèrcit sinó CIU. No cal compartir-lo, però s’hi pot reflexionar.
    Contra la corrupció, a mort. Però també contra els que l’utilitzen per a desacreditar una aspiració democràtica, com és la sobirania de Catalunya. Tan lamentable és intentar assimilar la lluita contra la corrupció amb l’espanyolisme, com buscar desesperadament relacionar sobiranisme amb corrupció.

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