Guía de la corrupción urbanística municipal

El Ayuntamiento de Barcelona plantea una peculiar solución para dar cumplimiento a un fallo judicial que exige demoler obras ilegales  

Can Caralleu - 3ok
Edificio de Can Caralleu construido sobre una cota del terreno indebida

M. Eugenia Ibáñez
Periodista

El día que alguien decida escribir la historia de la corrupción en España, los primeros y más amplios capítulos de esa vasta enciclopedia tendrán como escenario los despachos oficiales de pequeños y grandes ayuntamientos. Ahí, o en los restaurantes próximos, se han gestado toda suerte de trueques, cambio de calificaciones urbanísticas, concesión de licencias que desbordaban la legalidad y recalificaciones de suelo no urbanizable, entre otras variantes.

Ahí también se ha pergeñado lo que se ha venido llamando urbanismo concertado entre propietarios y promotores, por un lado, y la administración por la otra, es decir acuerdos que implican algo tan simple como “dígame usted lo que quiere construir y yo le aprobaré la normativa pertinente”.

Y así, entre planes urbanísticos de alto calado y construcciones menos ambiciosas ha ido quedando un poco de todo, desde las grandes corruptelas hasta compensaciones que no siempre han tenido a los ciudadanos como beneficiarios, adobado todo con grandes dosis de negligencia e irresponsabilidad por parte de los políticos que permitieron esas operaciones y de los técnicos que cerraron los ojos ante lo que se les ponía delante.

Los políticos han abusado de una libre interpretación de la normativa urbanística que ellos mismo habían aprobado, en ocasiones en beneficio de pequeños y grandes promotores y siempre con el falaz argumento de que el objetivo final era el bien de la ciudad. Los ayuntamientos han hecho oídos sordos cuando los ciudadanos han alzado la voz contra las arbitrariedades, y no siempre rectificaron cuando esas reclamaciones llegaron a los tribunales y los jueces dieron la razón a los recurrentes. Y resulta extraño que ese rechazo a corregir el error se haya mantenido cuando, tras una larga tramitación judicial, un gobierno municipal debiera haber corregido la arbitrariedad cometida por otro grupo de signo político contrario, como si los despachos oficiales actuaran de manto protector de las anomalías allí cometidas. Los ejemplos de lo anterior pueden ser múltiples y variados, porque, por lo que se ve, los jueces están evidenciando en los últimos años una especial sensibilidad por las infracciones urbanísticas.

Citaré un caso. En los despachos del Ayuntamiento de Barcelona se mueve en las últimas meses un expediente cuyo origen hay que buscarlo en marzo de 1999, fecha de la aprobación definitiva del estudio de detalle de una parte del Plan de Reforma Interior (PERI) de Can Caralleu. Hay que aclarar que este barrio, en la ladera de la sierra de Collserola de Barcelona, pasó en la década de los 90 de ser una zona de viviendas del extrarradio de la ciudad, olvidada y con nulos servicios, a convertirse en un lugar objeto del deseo de constructores y promotores. El PERI, que debía ordenar ese territorio, imponer unas normas de construcción y fijar alturas y volúmenes de las edificaciones, se sometió a un largo proceso de negociación entre vecinos y ayuntamiento, con acuerdo final. Pero el problema, como siempre, no está en la generalidad de un PERI, sino en el detalle de los trámites que debe desarrollarlo. Y ahí aparecieron los conflictos en Can Caralleu. Un grupo de vecinos rechazó la volumetría adjudicada a los edificios de un sector, denunció movimientos de tierras que carecían de licencia de obras, llevó sus quejas al juzgado de guardia, reclamó ante el ayuntamiento la concesión de permisos posteriores a la concesión de licencia, clamó ante inspecciones municipales que pasaron por alto irregularidades palmarias…Ante la inhibición de los responsables de urbanismo del Ayuntamiento de Barcelona, esos vecinos llevaron el caso ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) que en octubre del 2004 estimó parcialmente el recurso contra la empresa Derat, SL y el Ayuntamiento de Barcelona. Lejos de acatar la sentencia, Derat y ayuntamiento recurrieron ante el Supremo, que en julio del 2009 anuló el estudio de detalle de una unidad de actuación, así como las licencias que permitían la ocupación ilegal del suelo y la construcción de muros y plataformas de nivelación a cotas irregulares, artilugios todos para dar más volumen a los edificios. En definitiva, el Supremo desautorizó con rotundidad las resoluciones del primer teniente de alcalde que firmó esas licencias, a la sazón el socialista Xavier Casas, y ordenó al Ayuntamiento de Barcelona la demolición de todo lo construido que no pudiera ser legalizado. Tras el fallo del Supremo, los servicios municipales de urbanismo optan por maquillan parte de las irregularidades cometidas. Pero los muros de contención construidos a una cota más alta no se pueden maquillar.

Las elecciones municipales de junio del 2011 dan un vuelco en el Ayuntamiento de Barcelona. Los socialistas pierden la alcaldía y CDC pasa a gobernar la ciudad. ¿Cambio en la política urbanística? ¿Acatamiento de los fallos judiciales emitidos durante el mandato socialista? ¿Ejecución de las sentencias? No lo parece. El 3 de diciembre del 2012 entra en el registro municipal la petición vecinal que exige el “cumplimiento estricto de la sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya”. Casi nueve meses después de ese escrito los vecinos no han recibido respuesta alguna a su petición y tampoco parece que el ayuntamiento muestre celeridad para acatar la orden de los tribunales.

Can Caralleu - 2okEl concejal Joan Puigdollers, presidente del distrito de Sarrià-Sant Gervasi, donde se sitúa el barrio de Can Caralleu, reconoce que queda pendiente la ejecución de la licencia y que los servicios municipales se han puesto en contacto con el principal propietario afectado, promotor de la unidad de actuación, quien ha alegado que carece de medios económicos para llevar a cabo el derribo exigido. Por otra parte, el concejal argumenta que quiere evitar el pago de la indemnización que los propietarios exigirán por el hecho de que las obras realizadas gozan de una licencia concedida por el gobierno municipal anterior, porque, en definitiva, las obras se llevaron a cabo con la autorización del ayuntamiento.

La solución que han ofrecido los técnicos municipales para salir del paso es un tanto peculiar, incluso inédita en los anales del urbanismo barcelonés. Esos especialistas proponen tapiar la planta construida sobre una cota indebida, anular su utilización y dar así por zanjado el problema. La propuesta implica que si los propietarios, en teoría, no pueden usar el espacio clausurado, la planta construida ilegalmente deja de existir, desaparece como por arte de magia, y si los vecinos del entorno siguen teniendo un muro ante su ventana o se topan desde la calle con un edificio más alto de lo debido es sencillamente porque no entienden el urbanismo moderno y no saben interpretar las decisiones que su ayuntamiento toma en defensa de los intereses generales.

No obstante, el concejal deja una puerta abierta al sentido común. Puigdollers, que dice no querer juzgar el trabajo de sus predecesores en el cargo, insiste en que la anterior es una propuesta técnica que deberá obtener el visto bueno político y ser aceptada por el distrito y los responsables de urbanismo del ayuntamiento. ¿Cuándo se tomará ese acuerdo? Antes de Navidad, porque cuatro años de que el Supremo emitiera su fallo, la original propuesta debe ser estudiada con calma, con mucha calma. La decisión que tomen los concejales deberá trasladarse a la sección quinta de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya a quien corresponde decidir si las propuestas municipales cumplen su sentencia del 2004. Sería interesante ver la cara del presidente de esa sala en el caso de que se le presente el tapiado como  alternativa a una chapuza urbanística.

La historia se repite

El anterior es solo un ejemplo de la manipulación que muchos ayuntamientos han hecho de la normativa urbanística, pero hay muchos más. Por seguir con el mismo escenario, Barcelona, citaremos otros cuatro que tienen, además, un elemento común con el ya descrito. Las licencias y tramitaciones de los cinco casos fueron firmadas por el mismo teniente de alcalde: Xavier Casas.

En 1998, vecinos de Sarrià recurrieron la licencia concedida a los laboratorios Sandoz, en el barrio de Sarrià. En 1994 ocurrió lo mismo en Vallvidrera, y en 1999, se repitió el recurso vecinal en el barrio de Penitents. En los tres casos se daba idéntica circunstancia: exceso de edificación en los edificios, amparado por la licencia municipal. En los tres, el ayuntamiento aceptó los argumentos urbanísticos presentados por los constructores, ignoró y manipuló el Plan General Metropolitano y se plegó a las peticiones de promotores privados. En el 2002, cuatro entidades vecinales recurrieron la recalificación de un terreno y el convenio firmado entre el ayuntamiento y la Clínica Quirón. Los cuatro casos pasaron por el TSJC y el Supremo y en los cuatro los jueces dieron la razón a los vecinos.

 

 

3 pensaments a “Guía de la corrupción urbanística municipal”

  1. Buscando información sobre el Puigdollers, leo este interesante artículo sobre las prácticas de nuestros políticos municipales. Ayer, en un Consejo de Barrio del Putxet, en el que se trataba las obras de alcantarillado de la calle Ferran Puig, me enfrenté a este señor que no es otra cosa que prepotencia y mala baba, propias de quien lleva años y años apoltronado en el Poder. A parte que como tantos personajes públicos es difícil de entender en su verbalidad, se permitió tratar a los vecinos como si fuéramos niños pequeños a los que, “paternalísticamente” se puede regañar y tapar la boca con lo “legales” que son las actuaciones municipales. Soy funcionario jubilado de nivel A y sé de tanta basura e irregularidades cometidas que se me “revuelven las tripas”, como le dije a Puigdollers. Ciertamente estamos en sus manos y grande es nuestra impotencia. También le dije que el Ajuntament no trata bien ni a los funcionarios ni a la ciudadanía por más que se les llene la boca de palabras. Qué tristeza e impotencia, queridos conciudadanos. Espero que algún día se creen los mecanismos de control que impidan tanto autoritarismo y prepotencia políticas.

  2. Maria Eugènia: Et teu artícle és veritablement demolidor. M’alegra que segueixis tal com fa tants anys et vaig conèixer.
    Crec que allò que denuncies té molt a veure amb l’artícle que he escrit sobre els Partits polítics. Aquesta distancia entre la partitocràcia i els ciutadans, facilita una gestió opaca i carregada d’engreïment (qui, si no, sap què convé al barri, al districte o a la ciutat) i de defensa d’interessos econòmics per sobre del benestar dels ciutadans. Deixa’m-ho dir: les conseqüències econòmiques d’una mala gestió (concessió de llicències irresponsable) hauria de recaure sobre el mal gestor i no hauria de ser excusa per no acatar una sentencia favorable als interessos dels veïns.

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