Gallardón, ese desconocido

Joan J. Queralt 

El cambio radical de orientación política tras el victoria del PP en las elecciones era lo lógico, lo normal y hasta lo sano. Pero no es lógico ni normal ni sano, hacer de la ideología partidista y no probadamente general ni generalizable la guía y norte de la actuación gubernamental.

Viene a cuento de las declaraciones del nuevo Ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón y me voy a referir exclusivamente al tema de la reintroducción de la penalización del aborto como norma general, pues es a lo único que ha dedicado más propaganda. Otros temas, como la enésima reforma del Código Penal, con el oximorón de la cadena perpetua revisable –al margen de su inconstitucionalidad-, la del Consejo General del Poder judicial, la de la institucionalización de los medios no judiciales de solución de conflictos o incluso la del Tribunal Constitucional, siendo temas de interés, hasta que no veamos textos y no meros fuegos de artificio, es decir, escaramuzas de salón para deleite de los propios, no vale la pena consumir ni tinta ni dioptrías.

Los planteamientos que ha puesto sobre la mesa Gallardón han revuelto algunas buenas conciencias, pues se han visto sorprendidas en su buena fe. Con lo centrado que parecería este joven –ya no tanto- y ahora hasta nos sale con estas embajadas, han pensado más de uno y más de cien.

Siento descalificar al lector –este medio permite esta licencia estilística-, pero si ha sido sorprendido en su buena fe es debido a su falta de información o a que la memoria le ha fallado.

Si Gallardón se ha presentado como el paladín de los matrimonios homosexuales –¿de los otros no?- lo ha sido, en esencia porque su archioponente, Aguirre, los repudia, en una pirueta más de su castizo liberalismo, sea lo que sea eso. Dos hitos y un estrambote creo que ponen bien a las claras el talante de Gallardón.

Allá, en los postreros ochenta, saltó a la palestra el caso Naseiro; una golfada de cuidado de la que forzosamente todos guardamos más o menos memoria. Pues bien, el juez instructor del caso, el juez Manglano, aplicó el recientemente reformado art. 527 de la Ley de Enjuiciamiento criminal a la mafieta levantina, la de los bañotos, en palabras del inefable Santiago Palop -¿dónde ha ido a dar con sus huesos por cierto este epígono democrático?- e incomunicó a los detenidos.

Cuando aun había debates más o menos regulares en televisión, especialmente, en la pública, el durante pocos meses fiscal y desde hacía casi 8 años concejal, diputado regional, senador y miembro de la Secretaría del PP, en 1990 tiene una, como era habitual en él –recuérdese el caso de la Revista Madriz-, aparatosa, intensísima y desagradabilísima intervención, lanzando a los telespectadores dos perlas: a) si les hubieran dicho los socialistas a los populares que la reforma procesal se aplicaría más allá de los casos por terrorismo, que iría también contra ellos, no la hubieran votado; y b) que, dado que el instructor era tan malo, el caso debería llamarse Manglano y no Naseiro, que era persona más que honorable.

La otra perla: en las municipales de 2003 concurre, desde la presidencia de la Comunidad de Madrid, a la alcaldía de la Villa y Corte. Pues bien, tras ganar las elecciones locales, durante varias semanas compatibilizó ambos cargos: uno recién elegido y otro del que no cesaba. Esta imposibilidad jurídica en nuestro ordenamiento fue señalada por Juan Fernando López Aguilar y fue mandado callar, y nada se hizo en contra de este desafuero  y se acabó. Gallardón no podía dejar de ser el perejil de la salsa de la transición entre una y otra instancia política, intentando siempre controlar a su archioponente, Aguirre.

Así las cosas, resumo: sorpresa ninguna.

Vayamos al aborto. La legislación en vigor reconoce el aborto como un derecho más, como el de la maternidad (y el de la no maternidad) como parte de uno más general cual es la autodeterminación sexual y la autodeterminación reproductiva dela mujer. Además, considera impune el aborto, sea cual sea el motivo durante las primeras 14 semanas de embarazo y, en caso de conflicto, establece que, de acuerdo con la legislación sanitaria general, una menor de 18 años, pero mayor de 16 puede abortar sin necesidad del consentimiento de quien ostente su patriapotestad. Podría pensarse que, desde que entró en vigor esa ley, España se ha convertido en el parque temático cósmico de la interrupción voluntaria del embarazo (IVE). Nada más lejos de la realidad.

Como la mujer que no es el imbecilitas sexus que predicaban los romanos, ejerce su sexualidad y sus derechos reproductivos con tino y, por ello, el número de abortos no se ha incrementado respecto a las IVEs que acontecían bajo la legislación anterior. Con la realidad en contra, lo queda es pura ideología, en el sentido, para más inri, marxista: para deformar la realidad.

Como esto es así, Gallardón se descuelga, ahora, con el argumento de la violencia de género estructural contra las embarazadas. Él lanza el anuncio y su compañero de gabinete, Fernández Díaz, lo arropa justificándolo con un argumento, bajo su perspectiva de peso: existen estudios universitarios que cifran el acoso laboral que sufren las mujeres, en concreto nueve de cada diez son presionadas, aunque no se sabe si para abortar o para no quedarse embrazadas o para irse a su casa a preparar la canastilla.

Vayamos por partes. No queda claro, como acabo de señalar, cuál es el objeto y finalidad de la presión. Nada se dice quién ha llevado a cabo ese estudio y por lo tanto no puede contrastarse su validez científica. Pudiera ser obra de un equipo liderado por Aquilino Polaino en comandita con el Dr. Marcus Bachmann, esposo de la decaída precandidata republicana Michelle Bachmann; ya que ambos afirman curar la homosexualidad, bien pudieran aplicar tan científicos métodos a la sociología del trabajo y a los riesgos laborales. Sólo un detalle: la homosexualidad no es una enfermedad.

También nos deberían decir de qué universidad se trata y que ranking ocupa. Ahora que estamos todos metidos en el marcado y ordenados por los mercados, es ineludible saber qué lugar en el mercado de la ciencia ocupa ese ignoto estudio, solo conocido por iniciados.

Pero dejando de lado estas fruslerías academicistas, lo cierto es que los populares no dejan de meter la pata, aunque los afectados, que van de bracete en público, nada han opuesto. Se trata de que esa presión estructural violenta contra la mujer ejercida en el 90% de los casos de las gestantes en el ámbito laboral solo puede provenir … de los empresarios, emprendedores o como se les llame ahora.

Será por eso que se ha hecho la reforma laboral y se ha volatilizado la conciliación de la vida personal y familiar y se ha convertido en quasi omnímodo el poder organizativo del empresario, pasando por encima de derecho de la personalidad de las trabajadores. O quizás sea que quienes propugnan deshacer el entuerto de la violencia estructural contra la embarazadas, con el ministro Gallardón a la cabeza, consideran que la maternidad no estaba protegida en España y que se había superado el modelo chino del vásta@ únic@, yendo a la cárcel quien a esta política se opusiera.

Pese a llevar viviendo buena parte de mis trienios en este país, nunca he tenido noticia de semejante práctica genocida, pues es lo que tal actuación supondría.

Sí he tenido noticia, en cambio, de que cada vez que un empresario ha despedido a una embarazada y ésta ha reclamado, como la sospecha era de que se la despedía por el hecho del embarazo, ese despido ha sido declarado nulo por discriminatorio, siguiendo toda la regulación normativa y jurisprudencial española, europea y mundial: infrecuente unanimidad jurídica.

Es más, cuando al empresario, listo él, decía que el embarazo no le era conocido, que la trabajadora no le había hecho partícipe, seguramente para que también el emprendedor gozara con el estado de buena esperanza de a la postre infiel currante, los tribunales han dicho que la ley no distinguía a la hora de prohibir el despido bajo cualquier condición, siendo indiferente que el embarazo sea público, notificado o notificable. Consta el embarazo y santas pascuas.

A no dudar cambiará  la ley. No irán, sorprendentemente, a la cárcel los acosadores laborales –tan numerosísimos, según el Gobierno- sino las mujeres y los médicos y enfermeras que los ayuden. Volveremos a la caverna. Allí, sin luz, se está más calentito.

 

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3 pensaments a “Gallardón, ese desconocido”

  1. Sólo una pequeña corrección. En el segundo párrafo escribe oximorón y lo correcto es oxímoron.

    Yo hago montones de faltas diariamente, seguramente más graves por hacerlas en palabras más frecuentes, pero el error en esta palabra es recurrente en los medios y como me llama la atención, pues lo digo.

  2. No olvide en el anecdotario oscuro de Gallardón su salida de pata de banco en la noche electoral de las generales de 1993, cuando denunció en una rueda de prensa junto con Jvier Arenas una serie indeterminada de graves irregularidades que habrían convertido las elecciones en un pucherazo. Tras la rueda de prensa, hicieron mutis por el foro y por suerte para todos no se volvió a hablar más de asunto, aunque posteriormente he escuchado decir a gente como Millás que se sospecha que el rey llegó a llamar a Aznar para que atara corto sus incontrolados.

  3. Yo he sido uno de los incautos sorprendidos por el reaccionario Gallardón y debo confesarlo sin que me quepa eximente.
    Mi auto-engaño tiene su origen en un prejuicio: me dejo seducir por personas de apariencia civilizada sin indagar en su trasfondo. Insisto, no puedo pedir indulgencia porque ya soy bastante mayor para ello. Quizá sea por aquello de que a los catalanes nos pierde la estética. Cada uno tiene que apechugar con sus limitaciones.

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