La Fiscal General del Estado, entre el sectarismo, la ignorancia y el error

Carlos Jiménez Villarejo
Ex Fiscal Anticorrupción

La Fiscal General dictó el 30 de Septiembre una Instrucción ordenando a los Fiscales que se opongan a los requerimientos de la Justicia argentina solicitando auxilio judicial para la investigación de los crímenes de la dictadura fascista del General Franco. Lo resume así, hay que decidir la “automática denegación” de dicho auxilio.

Para este fin, estamos ante uno de los textos institucionales más conservadores que jamás hayamos visto. Solo utiliza el término “dictadura” una sola vez y reproduciendo el que emplea una sentencia del tribunal supremo. Se refiere en varias ocasiones al “franquismo”, nunca en términos críticos. Y el modo habitual de aludir al objeto del requerimiento de la Juez argentina es que se trata de “hechos cometidos por ciudadanos españoles en España contra ciudadanos españoles” entre 1936 y 1977. O bien a “hechos acaecidos durante la guerra civil”. La conclusión es contundente: ”los hechos estarían claramente prescritos”. Y, el núcleo de la argumentación, sin concretar en ningún momento a qué “hechos” está refiriéndose, cuales son las conductas delictivas de la dictadura franquista que motivan la solicitud de auxilio judicial y su verdadero alcance y trascendencia, se limita a situar el núcleo de su respuesta en la Ley de Amnistía de 1977 y sus efectos, para impedir cualquier investigación penal sobre todos los que denomina “hechos” anteriores, cualquiera que fuese su gravedad y consecuencias lesivas para las personas y los derechos humanos.

¡Algo inaudito!

Es mas, llega a afirmar que dicha Ley garantizó la “instauración del nuevo régimen de forma pacífica evitando una revolución violenta y una vuelta al enfrentamiento”(¿?) La Fiscal General parece desconocer que la transición fue más violenta de lo que afirma. Fue sangrienta. Solo entre 1968 y 1978 noventa y nueve personas fueron asesinadas impunemente por la policía franquista y sus continuadores y por grupos de extrema derecha. ¿Y a qué “revolución violenta” se refiere? Porque debería saber que el único peligro que acechaba a la democracia eran ciertos sectores del Ejército, como se acreditó en 1981.

Con estos antecedentes, la Sra. Fiscal se atreve a afirmar, siguiendo las tesis erróneas del tribunal supremo, que “ningún juez o tribunal… puede cuestionar la legitimidad” de la Ley de Amnistía. Sin embargo, en la sentencia, dictada en 1996, que juzgó la muerte a manos de la Brigada Político-Social de Enrique Ruano en 1969, no se aplicó la Ley de Amnistía. Sí hace constar y lo aplaude que fuera aplicada al “genocidio de Paracuellos del Jarama”. ¡Es la única vez que da nombre a un delito!

Sra. Fiscal, no debe ignorar que durante el periodo histórico que cita al principio, España estaba gobernada por una dictadura donde, como dijo Julián Casanova, la violencia era la “médula espinal” del régimen. Y ello se tradujo en los siguientes “hechos”: detenciones militares o policiales indefinidas y sin ninguna clase de garantías, torturas de mayor o menor crueldad, un régimen penitenciario de extrema dureza, especialmente para las mujeres que sufrían mayores consecuencias para su salud y la de sus hijos, Consejos de Guerra compuestos por militares afines a los sublevados y carentes de garantías, aplicación masiva de la pena de muerte, Tribunales Especiales, el TOP, constituido por jueces y magistrados franquistas para perseguir y condenar por el ejercicio de los derechos humanos, los sancionados por la aplicación arbitraria de la Ley de Orden Público y así sucesivamente.

Y un capítulo aparte, las personas ilegalmente detenidas, asesinadas y enterradas clandestinamente. Los desaparecidos. En 2008, se calculaban en 114.226 y según fuentes de la ONU aún hay 2.382 fosas comunes pendientes de exhumar los restos que allí permanecen. Sra. Fiscal, ¿cómo pueden permanecer indiferentes ante esta terrible realidad, los Gobiernos desde 2007, y Vd. misma?. Son algo más que “hechos”.

Sobre todo, cuando ya disponemos de antecedentes que acreditan y fundamentan que los Crímenes de Guerra y Delitos de lesa humanidad no prescriben jamás. Como dos Sentencias fundamentales del TEDH de Estrasburgo, la de 17/1/2006, caso Kolk y Kislyly contra Estonia, por deportación de una familia acordada en 1949 por las autoridades soviéticas, y la de 16/4/2012, que justificó la persecución de los asesinatos masivos de Katyn (Rusia) en 1940. En ambas, se admite sin reserva alguna que la persecución y condena por delitos contra la Humanidad está completamente justificada y, desde luego, no vulnera en absoluto el principio de legalidad. Por la misma razón que el Tribunal Supremo italiano autorizó la persecución del nazi Priebke por la matanza de las “Fosas Ardeatinas” en 1944. Pues los “principios” del Derecho consuetudinario internacional “están por encima de las leyes internas de cada país, y por tanto son directamente aplicables aunque la legislación interna del Estado donde se perpetraron no los tuviera formalmente tipificados”.

Y, por otra parte, Sra. Fiscal, lejos de su actual pasividad, cumpla lo acordado por el Comité de NNUU contra las Desapariciones Forzadas el 15/11/2013, que exigía al Gobierno español que “todas las desapariciones forzadas sean investigadas de manera exhaustiva e imparcial”.

E, igualmente, inste al actual Gobierno a que siga el ejemplo del Estado alemán y, superando la Ley de Memoria Histórica de 2007, se acuerde definitivamente por Ley, como lo hizo dicho Estado en 1998, “anular las sentencias infames y vejatorias promulgadas por tribunales ilegítimos durante la dictadura hitleriana”.

Sra. Fiscal, no permita que, por más tiempo, las víctimas de las graves y masivas violaciones de derechos humanos durante la dictadura franquista sigan permaneciendo en el más absoluto desamparo. Por todas estas razones, su Instrucción es radicalmente incompatible con el mandato constitucional que le obliga a promover y defender “los derechos de los ciudadanos”

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(Este texto de Carlos Jiménez Villarejo ha sido leído hoy 5 de noviembre de 2016 en la Asamblea de la Plataforma por la Comisión de la Verdad celebrada en Madrid.)

Foto superior: Consuelo Madrigal, Fiscal General del Estado

Un pensament a “La Fiscal General del Estado, entre el sectarismo, la ignorancia y el error”

  1. No sé de què s’estranya, Sr. J. Villarejo.

    L’actitud i les paraules de la Fiscal General de l’Estat, Consuelo Madrigal, que el comentarista analitza amb rigor responen a la mentalitat franquista , que està ben present en gran part de l’aparell judicial espanyol – com ho acaba de reconèixer amb preocupació el Consell d’Europa. És el reflex clar de la cultura antidemocràtica que avui controla tot l’Estat a Espanya, i no només l’executiu, recolzada en els gairebé 8 milions de vots al PP, més els de C’s i del PSOE – encara que aquest últim hagi actuat en contra de molts dels seus votants, de fet, no sabem quants. És l’Espanya que hi ha i que hi haurà.
    No és aquesta mateixa fiscal, la que va afirmar que calia mà dura contra l’ independentisme català? O és que es pot negar el desig de la majoria dels catalans dient que és “el repte més gran que té Espanya” i justificar-ho en nom de la salvaguarda de la democràcia?
    És el mateix cas quan es diu, amb raó, que una dona no pot estar una mica embarassada. O ho està o no ho està. Amb la democràcia passa el mateix: un és demòcrata, encara que això vagi en contra dels seus anhels i creences, o no ho és, No hi ha terme mig.

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