El proceso antidemocrático del PP: la reforma del Código Penal

Cárcel_2Carlos Jiménez Villarejo 
Jurista. Ex fiscal Anticorrupción

La reforma del Código Penal presenta, en primer lugar, aspectos que expresan la negación del precepto constitucional que define la política penitenciaria como orientada a la “reeducación y reinserción social” de los penados. Presenta particular relevancia la incorporación al Código Penal de la llamada “prisión  permanente revisable”, por más que esté sujeta a una “revisión judicial periódica”, que representa la incorporación en nuestro Código Penal de la cadena perpetua. Pena que ya estuvo presente en los Códigos Penales decimonónicos de 1822, 1848 y 1870, mientras que fue suprimida, además de por el Código Penal de 1932, en dos Códigos aprobados en un contexto plenamente autoritario, los de 1928 y 1944.

Es sabido que solo se aplicaría a delitos muy graves, como terrorismo, asesinato, etcétera, pero es absolutamente inadmisible y rechazable por razones humanitarias y democráticas.

La primera de ellas, en clave de política criminal,  porque la tasa de homicidios de España es de las más baja de Europa (así lo exponía, con más datos complementarios, el voto particular de oposición a la misma de varios vocales del Consejo General de Poder Judicial en el Informe sobre el Anteproyecto).

Pero, sobre todo, porque  las medidas judiciales de revisión de la pena no pueden resolver el problema de su extrema inseguridad jurídica, del absoluto aislamiento social de los y de los elementos propios de una pena inhumana que posee, según los términos del Convenio de Roma. Porque, en efecto, está muy fundamentada la oposición a una pena de esta naturaleza. Sobre todo, porque atenta a la dignidad de las personas, en la medida en que “tiende a extenderse durante toda la vida hasta la frontera de la muerte de la persona condenada”. Según alguna de las enmiendas que se han presentado ante dicha pena se afirma: “¿Cómo va a encontrarse socialmente preparado para vivir en libertad una persona después de pasar 25 años ininterrumpidos en una cárcel. ¿Qué circunstancias familiares y sociales podrá tener quién como, por ejemplo, entró con 25 años y a los 50 se plantee la suspensión de su condena?, ¿Sus padres viven?, ¿Qué familiares le quedarán?, ¿Qué amigos conoce?, ¿Qué habilidades profesionales ha aprendido?, ¿Qué secuelas psicológicas tienes?, ¿Cómo las abordará?

Aparte de esta reforma lacerante y radicalmente contraria a los principios constitucionales, hay otras medidas que resultan la expresión de esa política de “inseguridad ciudadana” que describía el Ministro del Interior.

ventacds2Por ejemplo, entre los delitos contra la propiedad industrial, se encuentra en el Artº 274.3 que sanciona “la venta ambulante u ocasional” de productos protegidos por una patente o marca con una pena que puede llegar hasta los dos años. Pena que no contempla el beneficio obtenido y que expresa una absoluta falta de proporcionalidad con la conducta sancionada e infringe el principio de intervención mínima del Derecho Penal dado que, como mucho, solo debería representar una mera infracción administrativa leve. Constituye una medida represiva contra la inmigración, llamada irregular, que pretende subsistir con actos como el descrito en este delito.

Entre los delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros hay ciertas conductas declaradas punibles que además de innecesarias y desproporcionadas, están presididas por razones exclusivas de política migratoria; constituyendo una herramienta para la persecución implacable e injustificada de los emigrantes. Por ejemplo, el Artº.311,bis sanciona a quien “emplee o dé  ocupación” a ciudadanos extranjeros que carecen de permiso de trabajo. El artº.318,bis sanciona a quien “ayude a una persona que no sea nacional o de un Estado miembro de la Unión Europea a entrar en territorio español o a transitar a través del mismo”, excluyendo los supuestos en que “el objetivo perseguido por el autor fue únicamente prestar ayuda humanitaria”. Es evidente que esta circunstancia eximente no impediría la apertura de un proceso penal por las conductas anteriormente descritas sin perjuicio de su estimación posterior. Todo ello resulta un delito que puede calificarse, como ha hecho Izquierda Unida, de “indecente” democráticamente ya que no protege a los extranjeros frente a los abusos de que son objeto sino que se estrangulan sus derechos tratándolos como delincuentes.

En la reforma que se pretende, constan excesos en la definición del delito de atentado que favorecen una notable inseguridad jurídica en la interpretación de las normas, como resulta excesivo en el grado de protección de las autoridades y agentes que se haya definido como tal “cuando el acto de violencia ejecutado resulte potencialmente peligroso” Igualmente resulta inadmisible  incluir como destinatarios de atentados o del delito de desobediencia grave incluir al “personal de seguridad privada” por más que actúen bajo el mando de los servicios públicos de policía. Es un paso más en el proceso de incorporación de dicho personal al aparato de seguridad pública.

Por último resulta necesario plantear la supresión de cuatro preceptos, los artº.557 bis, 557 ter, 559 en su nueva redacción y 560 bis. Se trata de nuevas figuras penales en el capítulo de los delitos de desordenes públicos que representan una excesiva  reacción punitiva que responde a la movilización de colectivos sociales como encierros y otras conductas similares generadas por la crisis económica, reacción  que representa una respuesta desproporcionada y de interpretación confusa ya que sitúa estos nuevos delitos en los límites de la infracción administrativa, rompiendo con el principio de intervención mínima del Derecho Penal. En definitiva, están concebidos para combatir los derechos de reunión y manifestación. Como, igualmente, contra el derecho a la libertad de expresión, al perseguir la “difusión pública de mensajes o consignas” que representa una crítica, ciertamente rotunda y posiblemente con exabruptos, a actuaciones y decisiones públicas y privadas que están causando un grave perjuicio a la ciudadanía. Son delitos que persiguen avalar actuaciones policiales excesivas, con los riesgos que ello genera,  atemorizar la capacidad de convocatoria de organizaciones cívicas y sociales y, en definitiva, crear un clima de amedrantamiento sobre los ciudadanos. Por el contrario se suprime el actual Artº559 del Código Penal que sancionaba al que perturbase el orden público para “impedir el derecho de los ejercicios cívicos” (texto vigente desde el Código Penal de 1848 hasta el que se pretende imponer) y finalmente se sancionan conductas que bajo la denominación de interrupción del transporte público constituye una directa amenaza al ejercicio del derecho huelga.