El porqué del exceso de ganancias de las eléctricas españolas

Pep Puig
Doctor ingeniero industrial

La Plataforma por un Nuevo Modelo Energético (PNME) ha presentado ante la Comisión Europea una denuncia por considerar que las sobrecompensaciones recibidas por las empresas eléctricas españolas deben considerarse ayudas de Estado incompatibles con el mercado interior. En consecuencia, la plataforma (1) solicita la intervención de la Comisión Europea y que ésta exija la devolución de los 3.600 millones de euros percibidos en exceso por las compañías eléctricas.

La historia de ese exceso de ganancias de las eléctricas tiene antecedentes que conviene explicar. Hasta la entrada en vigor de la Ley 54/1997 del sector eléctrico, el negocio eléctrico se repartía entre las empresas de los monopolios que actuaban en cada uno de los territorios que el franquismo les había blindado. Bajo la tutela del Gobierno (primero de los gobiernos de la dictadura y, posteriormente, los de la transición) se procedía a ‘negociar’ las diferentes tarifas a aplicar según las tipologías de usuarios, pero siempre el Estado fijaba las tarifas garantizando la rentabilidad, más que suficiente, de las inversiones que realizaban los monopolios territoriales. Era un seguro y lucrativo negocio en el que salían beneficiados no únicamente las eléctricas sino también los bancos que los participaban.

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El exterior de la central nuclear José Cabrera, en Almonacid de Zorita (Guadalajara)

El sistema funcionaba como una seda, hasta que por intereses estatales (y quizás también militares) la dictadura y los monopolios se enfrascaron en el programa de nuclearización. La excusa fue la denominada ‘crisis del petróleo’ de 1973, pero el proceso había empezado mucho antes. En 1951, se constituyó la denominada Junta de Energía Nuclear (JEN), cuyos primeros presidentes fueron militares (el general Juan Vigón, de 1951 a 1954, el general de división Eduardo Hernández Vidal, de 1954 a 1958, y el contralmirante José María Otero Navascués, a partir de 1960). Así, el dictador inauguraba, en 1958, el Centro de Energía Nuclear ‘Juan Vigón’, y en 1959, la Fábrica de Concentrados de Mineral de Uranio ‘Henández Vidal’. El 12 de diciembre de 1968, el dictador inauguraba el primer reactor para la producción de electricidad en Almonacid de Zorita (reactor José Cabrera, de 160 MWe). Tres años más tarde (22/9/1971), inauguraba el reactor de santa María de Garoña (460 MWe, en el valle de Tobalina, Burgos) y en 1972 empezaba a operar el reactor Vandellòs 1 (480 MWe, en la playa de l’Hospitalet de l’Infant, Tarragona).

Pero los monopolios eléctricos, no contentos con estos tres reactores nucleares, se enfrascaron, con el beneplácito de la dictadura, en un muy ambicioso programa nuclear con una cuarentena de reactores para distintas zonas del Estado español, comprando, antes de 1973, varios reactores de potencias superiores a 900 MW, de los cuales, en aquel momento, no existía ninguno en funcionamiento en el mundo. De todos los reactor anunciados, solo una pequeña parte empezaron a construirse, y, de ellos, solo entraron en funcionamiento los no afectados por la moratoria nuclear, pues los ‘alegres’ planes nucleares toparon con la realidad de la economía y de la tecnología nuclear: incrementos continuados de los costes de construcción e innumerables retrasos en la puesta en marcha, debido a la complejidad e inmadurez de la tecnología. Años después, Juan Manuel Eguiagaray, exministro de Industria del PSOE, manifestaba: “Es conocido que en pleno proceso de transición democrática el sector público hubo que rescatar financieramente a las empresas eléctricas del país, que se habían embarcado en un proceso de inversión faraónico, derivado de una planificación delirante, en absoluta contradicción con las necesidades constatadas de la demanda eléctrica en España. La preferencia por la energía nuclear contenida en aquellos planes puso en marcha la construcción de más grupos nucleares de los razonablemente necesarios, lo que llevó, por razones mucho más financieras que de cualquier otro tipo, a la llamada moratoria nuclear a partir de 1982 [sic]. Los costes de la paralización de proyectos de construcción en curso, así como el saneamiento financiero de las empresas, recayeron sobre los consumidores durante largos años, mediante recargos pagados en el recibo de la luz” (2).

Por esta vía, en una sociedad con una economía formalmente de mercado libre, las consecuencias de las malas decisiones de los consejos de administración de los monopolios recayeron, no sobre sus accionistas, sino sobre los usuarios de la electricidad que fueron obligados a pagar la denominada ‘moratoria nuclear’ (incluida en los denominados ‘costes de diversificación y seguridad de abastecimiento’), que supuso, durante muchos años, un incremento del 3,54%  de la tarifa eléctrica. Una evaluación cuantitativa de lo que supuso para los usuarios de la electricidad, los errores de planificación y ejecución cometidos por las empresas eléctricas cuando eran monopolios territoriales, muestra cifras superiores a 10.000 millones de euros. Un verdadero atraco a los usuarios para financiar los errores de las eléctricas.

Con la Directiva 96/92/CE, de 19 de diciembre de 1996 finalizó la forma de fijar por ley el precio de la electricidad. A partir de la entrada en vigor de la Ley 54/1997 del sector eléctrico, el 1 de enero de 1998, los precios de la electricidad ya no se fijaban por ley, sino que eran la oferta y la demanda quien los determinaba, a través de un sistema de casación marginalista. Además, la Directiva obligaba a romper la estructura de los monopolios verticales y establecer empresas diferenciadas para generar, transportar, distribuir y comercializar electricidad.

Para que los monopolios de la electricidad aceptaran el cambio de reglas de juego, el Gobierno estableció los denominados ‘Costes de Transición a la Competencia’ (CTC), que reconocían, durante un plazo máximo de 10 años (a contar desde el 1 de enero de 1998), una asignación fija adicional a los ingresos por mercado a cada una de las empresas afectadas, hasta alcanzar una cuantía máxima autorizada (inicialmente 11.951 millones de euros). El objetivo buscaba que aquellas instalaciones de generación existentes hasta el momento pudieran materializar la recuperación de los costes de inversión en la nueva situación, algo que el mercado no podía garantizar.

Los CTC fueron eliminados por Real Decreto el 23 de junio, por el que se adoptaban medidas urgentes en el sector energético. En el preámbulo de esta norma se puede leer que los CTC ya no tenían sentido, porque:

  1. “Generan distorsiones en los precios de mercado al ser integradas en las estrategias de oferta”
  2. “Han quedado obsoletas las hipótesis sobre las que se basaron los cálculos de los CTC”
  3. “Los informes disponibles revelan un alto grado de amortización de las instalaciones afectadas”

Pero, de forma paradójica, el Real Decreto-ley, se limitó a derogar la disposición legal que estableció el derecho a cobro de CTC, sin proceder a su liquidación, a pesar de que la ley estableció en su momento la obligación de devolver las cantidades cobradas en exceso.

Según la extinta Comisión Nacional de Energía (CNE) se produjo una importante sobrecompensación a las empresas beneficiarias de los CTC. Según un informe de la misma CNE “no solo se habrían recuperado los CTC a 1/7/2006 sino que incluso las cantidades cobradas por encima de la establecido serían 3.396 millones de euros”.

La desidia o complicidad con las empresas eléctricas de los gobiernos de turno hizo que nunca estos reclamaran a las empresas eléctricas (hoy transformadas en oligopolios) la devolución de las cantidades que ellas habrían cobrado de más a pesar de numerosos informes de la Abogacía del Estado y de la CNE.

Esa es la razón por la que la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético (PNME) ha planteado una denuncia ante los órganos europeos, por considerar que las sobrecompensaciones recibidas por las empresas eléctricas, mediante los CTC, deben considerarse ayudas de Estado incompatibles con el mercado interior. La misma Comisión Europea se había pronunciado al respecto: “La ayuda deberá servir para compensar costes de transición a la competencia elegibles claramente determinados e individualizados. La ayuda no podrá superar en ningún caso el importe de los costes de transición a la competencia elegibles”.

El largo escrito de denuncia de la PNME, de más de 40 páginas, concluye “el establecimiento de un sistema de compensación de los CTC que no tiene en cuenta el periodo de vida útil post-CTC de la instalación, constituye una ayuda de Estado ilegal e incompatible y procede ordenar la devolución de la misma”.

Estos dos textos son ejemplos que ilustran como los diferentes gobiernos han rescatado a las empresas eléctricas imponiendo a la ciudadanía precios de la electricidad muy superiores a los que hubieran correspondido si no se hubieran construido centrales nucleares y si el Gobierno hubiera reclamado las sobrecompensaciones recibidas en los CTC. Existen más ejemplos de rescates eléctricos, pero los comentaremos en otra ocasión.

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  1. http://www.nuevomodeloenergetico.org/pgs2/ 
  2. Reflexiones sobre la incertidumbre energética, Cuadernos de Energía, nº 21, junio 2008, Club Español de la Energía.

 

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