El ‘modelo Alzira’

El plan para privatizar la sanidad pública y dejarla en manos de empresas controladas por las familias del PP nació en Alzira. Ahora se extiende por toda España.

 

Antonio Burgueño y Juan José Güemes durante la visita a un hospital de Madrid

e-Mail del País Valenciano
Javier Andrés Beltrán
Periodista

Juan José Güemes tiene derecho al trabajo, faltaría más. El mismo derecho, no mas, que los casi cinco millones de españoles que están en el paro. El ex consejero de Sanidad de Madrid tiene derecho, además, a poder trabajar en la empresa privada porque así lo dice la ley. El yerno del ex presidente de la diputación de Castellón, Carlos Fabra, puede pues, con toda tranquilidad, hacer suya la frase de su mujer, la diputada popular Andrea Fabra, y soltar un estruendoso “¡¡qué se jodan!!” dedicado a quienes le han afeado el hecho de ponerse a trabajar en la empresa que se queda la contrata de los análisis clínicos y que él mismo privatizó.
Los hay que han recorrido el camino a la inversa. Si tecleamos el nombre de Antonio Burgueño en cualquier buscador de la red nos remite al actual Director General de Hospitales de la Comunidad de Madrid, cargo al que accedió en 2008 nombrado por el entonces consejero de Sanidad… exacto, Güemes. Burgueño, el máximo ideólogo del proceso de privatización de la sanidad madrileña, llega avalado por una amplia experiencia. Este médico de carrera y gestor de profesión ha estado en la génesis del negocio que nos ocupa desde los años en que trabajó en la Comunidad Valenciana para la empresa de seguros médicos Adeslas.
Un negocio al que el PP le puso el ojo nada más acceder al gobierno. Sólo llevaba un mes instalado en la Moncloa cuando José María Aznar aprobó el Real Decreto ley 10/1996, de 17 de junio, sobre ‘habilitación de nuevas formas de gestión del Insalud’. Un texto que un año más tarde, en abril de 1997, daba pie a una ley tan corta –un único artículo-, como devastadora para el sistema de salud público, universal y gratuito: La ley 15/1997 de 25 de abril recogía que “La prestación y gestión de los servicios sanitarios y sociosanitarios podrá llevarse a cabo, además de con medios propios, mediante acuerdos, convenios o contratos con personas o entidades públicas o privadas….”
Hecha la ley, el espíritu emprendedor de una empresa privada, Adeslas, con Antonio Burgueño al frente, puso el resto. Faltaba lo más importante, el hospital, y para eso estaba un Eduardo Zaplana que en aquellos años igual construía la ruinosa Terra Mítica que pagaba contratos millonarios a Julio Iglesias. En febrero de 1999 se inauguró en Alzira (Valencia) el Hospital de la Ribera, el primero en España en ser gestionado mediante una concesión administrativa bajo cuatro premisas aún hoy vigentes: financiación pública, propiedad pública, control público, y gestión privada. Nacía así el ‘modelo Alzira’ según el cual la empresa adjudicataria recibe de la administración una cantidad fija por cada uno de los más de 250.000 habitantes de la zona de influencia del hospital. Además se factura a la consellería de sanidad por la atención a aquellos pacientes que no pertenzcan a su zona. Otro negocio. Como el de la realización de los análisis clínicos, las resonancias, etc…
Por contra, y según señaló el Sindicato de Médicos de Asistencia Pública (Simap) en un informe elaborado por el diario El País, “las condiciones laborales y salariales de los trabajadores con contratos laborales (la amplia mayoría, a excepción del 20% de los heredados de la red pública) son peores que las de los empleados de la Consejería de Sanidad. Trabajan 180 horas más al año y el salario fijo es un 10% inferior, de acuerdo con el sindicato”.
La realidad, siempre tozuda, rebate con cifras los argumentos de quienes defienden que la gestión privada de la sanidad es más barata que la pública. Se calcula en 441 euros por habitante el gasto medio en la sanidad privada frente a los 600 euros en la pública, pero en 2012 la Generalitat Valenciana pagó un canon de 639 euros por habitante a Ribera Salud UTE, la empresa que gestiona en la actualidad el hospital de Alzira y que desde que entró en el negocio en 2003 ha obtenido unos beneficios de 28 millones de euros hasta el ejercicio de 2011.
Presidida por Alberto de Rosa, hermano de Fernando de Rosa, ex conseller de justicia con Francisco Camps y en la actualidad vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial, esta empresa gestiona también los hospitales de Torrevieja, Denia, Manises (vendido a Sanitas), y el del Vinalopó, además de ‘Erescanner salud’, concesionaria del servicio de Resonancias Magnéticas. En la Comunidad de Madrid está presente en el Hospital de Torrejón y en la sociedad BR salud, gestora del servicio del Laboratorio Central de San Sebastián de los Reyes que da cobertura a seis hospitales públicos.
Los mismos hospitales que ahora están en peligro de privatización por el proceso de exportación del ‘modelo Alzira’ que el PP quiere implantar en el resto de España. En eso están… desde 1996.