El lado oscuro de la democracia

Josep Fontana (*)
Historiador

Siempre me ha fascinado Montesquieu, ese miembro de la pequeña aristocracia
francesa, cosechero de vinos de Burdeos, que vivía en una sociedad sometida al absolutismo, pero tenía conciencia de que el mundo estaba evolucionando, de modo que dirigía su mirada hacia el futuro, tratando de adivinar los rasgos de una nueva sociedad que todavía no se sabía cuándo y cómo iba a aparecer en Francia. En principio su modelo era el de la Inglaterra «constitucional» de su tiempo, con una monarquía limitada y el poder legislativo repartido entre un cuerpo nobiliario hereditario y otro popular elegido.

Menciono estos hechos, e insisto en recordar la fecha de 1748 en que se publicó De l’esprit des lois, para que reduzcamos a sus justos límites el significado «teórico» de sus observaciones sobre la separación de los tres poderes, y muy en concreto en lo que se refiere al judicial, del que opinaba que debía permanecer separado del legislativo (de otro modo el juez se convertiría en legislador) y del ejecutivo (puesto que, si no, sería «opresor»). Conviene además tomar en cuenta que estas observaciones, poco desarrolladas en el texto, aparecen en las páginas dedicadas a la «Constitución de Inglaterra» (Esprit des lois, XI, 6).

El problema, respecto de este planteamiento, es que no dejó definido cómo podía organizarse un sistema que preservase la independencia del poder judicial, como lo demuestra que esta siga sin estar garantizada en los marcos políticos en que vivimos en la actualidad, en los que el juez puede participar con su actividad del poder legislativo (por su capacidad de interpretar la ley que aplica), y del ejecutivo (al sentenciar), lo que efectivamente le convierte en más de una ocasión en «opresor», como había anticipado Montesquieu.

Es bien conocido el problema que se ha planteado en los momentos históricos
en que un cambio político ha abierto nuevas perspectivas de transformación social y ha topado con el aparato judicial, heredado del régimen anterior, que se ha dedicado a sabotear la aplicación de las leyes, interpretándolas de manera restrictiva. Esta fue, sin duda, una de las tragedias a las que hubo de enfrentarse la Segunda república española, cuya moderada legislación reformista topó con la sesgada interpretación de las leyes por una parte del aparato judicial. El caso de la transición española, tras la muerte de Franco, podría parecer otro ejemplo de lo mismo, pero, como veremos, es mucho peor.

Desgraciadamente, no conozco estudios acerca de cuál fue la suerte de los jueces republicanos con la llegada del franquismo, paralelos a los que se han dedicado, por ejemplo, a la persecución del profesorado. Recuerdo un caso, que nos ha transmitido Ronald Fraser en su historia oral de la guerra civil, que aunque es de naturaleza algo distinta, resulta revelador. Francisco Partaloa, que era fiscal del Tribunal Supremo de Madrid en 1936, huyó a Francia, temiendo por su vida, y desengañado ante el desorden y la mortandad de los primeros momentos de la guerra. Como era persona «de orden», y amigo personal de Queipo de Llano, pudo regresar a España por Gibraltar; pero muy pronto pudo advertir que lo que ocurría en la zona franquista era todavía peor, como se lo contó a Fraser: «Pero que quede bien claro: tuve la oportunidad de ser testigo de la represión en ambas zonas. En la nacionalista era planificada, metódica, fría. Como no se fiaban de la gente, las autoridades imponían su voluntad por medio del terror. Para ello cometieron atrocidades. En la zona del Frente Popular también se cometieron atrocidades. En eso ambas zonas se parecían, pero la diferencia reside en que en la zona republicana los crímenes los perpetró una gente apasionada, no las autoridades. Estas trataban siempre de impedirlos. La ayuda que me prestaron para que escapara no es más que un caso entre muchos. No fue así en la zona nacionalista». Lo que significa, dicho llanamente, que el sistema judicial trató de poner coto al terror en la zona republicana, mientras colaboró en la zona franquista a alentarlo.

La brutalidad con que se aplicó la represión en el territorio franquista, sin ningún respeto por los derechos humanos, es bien conocida. La investigación realizada en las últimas décadas lo ha demostrado de forma documentada en obras generales, como las de Preston o Espinosa, y en un gran número de estudios locales que han permitido llegar hasta el detalle de los abusos cometidos y de la falta total de garantías con que se aplicaba la justicia en un territorio en que, como dijo la Comisión Internacional de Juristas de Ginebra, refiriéndose al «Fuero de los Españoles»: «esta disposición carece de importancia práctica, dado que la mayoría de los derechos fundamentales enunciados en el Fuero son menoscabados por la legislación y la práctica administrativa».

No se trata de repetir aquí esta historia, sobradamente conocida, sino de sacar a la luz unos aspectos que suelen ignorarse, como son los que se refieren a la pervivencia actual de prácticas antidemocráticas propias del franquismo en el sistema judicial de este país.

La forma en que se realizó la transición, en que los partidos de izquierda renunciaron a sus principios, a cambio de que se les permitiera participar en el juego parlamentario que reiniciaban los mismos que lo habían asaltado y destruido en 1936, permitió que se amnistiasen los crímenes cometidos en los cerca de cuarenta años de gobierno dictatorial —sin que a nadie se le ocurriese pedir su opinión a las «víctimas del terrorismo franquista», sistemáticamente marginadas— y, lo que es mucho más grave, hizo posible que siguieran administrando justicia los mismos que habían sancionado los abusos ahora perdonados.

Lo peor fue, sin embargo, que no solo se acordó la amnistía, sino que se decretó el olvido. La recuperación de la historia de la represión se realizó por los esfuerzos surgidos de la propia sociedad, desde abajo, y por la actividad de algunos historiadores que hubieron de hacer frente a los obstáculos que se ponían a la consulta de los archivos — alguno de los más importantes sigue siendo inaccesible a cerca de 75 años del fin de la guerra civil—, del mismo modo que se les puso impedimentos a los hijos y nietos de los asesinados para que conocieran el lugar en que yacían los restos de los suyos. En Cataluña, por ejemplo, donde la tarea de recuperación se había llevado a buen ritmo y con cierta eficacia en los últimos años, el retorno al poder de la derecha, con el gobierno de Convergència, no solo frenó esta actividad, sino que fue rápidamente desnaturalizada cuando el nuevo gobierno se apresuró a cambiar las reglas y determinó que había que dedicarse por igual a las víctimas del franquismo y a «los caídos por Dios y por España», como si estos no hubieran recibido ya suficiente atención en cuarenta años de celebraciones y en las beatificaciones que siguen produciéndose en la actualidad.

Todo esto no hubiera sido posible sin la complicidad activa del sistema judicial de la transición, nutrido desde el principio por la plana mayor de los jueces y fiscales que no solo habían intervenido en los juicios de la dictadura, sino que habían contribuido a legitimarlos con su actuación en los cargos políticos del régimen, convirtiéndose así, de acuerdo con los términos de Montesquieu, en «legisladores» y «opresores». El capítulo dedicado en este libro a la tolerancia que la magistratura mostró con la violencia institucional durante la transición puede servir de muestra para advertir cuán poco habían cambiado su conducta. Algunos de los casos que se relatan apenas pueden distinguirse de las historias de tortura y de asesinato de los tiempos más negros del franquismo.

Pudiera habérseles disculpado por el intento de borrar los rastros de su propia culpabilidad, pero su labor ha ido mucho más allá. Lo que comenzaron como un intento por eliminar el recuerdo de los crímenes del franquismo ha acabado convirtiéndoles en guardianes de una parte de los valores del viejo sistema, que la derecha hoy gobernante intenta recuperar.

Este triste presente en que vivimos, marcado por el retroceso de los derechos laborales, la erosión de los servicios sociales y la criminalización de la protesta cívica — unas tareas a las que un sector de los jueces y fiscales han colaborado, y siguen colaborando, con dedicación y entusiasmo— no es más que el comienzo de un proyecto de retroceso global que nuestra derecha se propone proseguir, si se lo consentimos, con el fin de devolvernos a la añorada paz social de la dictadura, con un buen sistema represivo como garante.

Las cosas de que se habla en este libro podrán no parecer nuevas, en la medida en que han sido objeto de innumerables debates públicos, aunque normalmente solo encuentran eco en los medios de comunicación las voces de los partidarios de la derecha, empeñados en la actualidad en una nueva campaña para culpabilizar a la República y legitimar el franquismo. Pero lo que en estas páginas se encontrará es algo muy distinto: un estudio del lado oscuro de la democracia real en que hemos estado viviendo desde la transición, realizado por miembros del propio colectivo, que no se limitan a expresar opiniones, sino que aportan su propia experiencia y la fundamentan en una valiosa base documental: en unos textos oficiales que en ocasiones producen vergüenza, y en otros casos, indignación y horror.

En la medida en que puede ayudarnos a entender el retroceso político, económico y social a que estamos sometidos, lo cual es una condición necesaria para enfrentarnos a él, conviene leer con atención este libro.

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Prólogo de Josep Fontana al libro Jueces, pero parciales. La pervivencia del franquismo en el poder judicial, de Carlos Jiménez Villarejo y Antonio Doñate, de Editorial Pasado & Presente, y del que próximamente ofreceremos un capítulo.

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