¿Existe el pueblo de Cataluña?

martin rodriguez sol

Eduardo Torres Dulce, fiscal general del Estado y Martín Rodríguez Sol, fiscal superior de Cataluña

José Maria Mena
Ex fiscal Jefe de Catalunya

El Fiscal Superior de Cataluña se pronunció sobre las normas jurídicas aplicables para encauzar una consulta al pueblo de Cataluña sobre su autodeterminación, dentro de la legalidad. En este marco, hizo referencia a las posibilidades de modificación de las leyes vigentes, y a la posible aplicación de futuras leyes del Parlament de Catalunya. Informó como Fiscal Superior de Cataluña, desde su despacho oficial, sobre un tema estrictamente jurídico, como es la legalidad aplicable, en asunto de máximo interés cívico, y consecuentemente mediático. Ya le han criticado los medios afines al propósito de silenciarle, con el argumento de que habló amparado en su cargo oficial, y porque “se metió en política”. Nadie duda que si hubiera opinado sobre la misma cuestión, pero en sentido contrario, es decir, para negar las vías legales, vigentes o imaginables, para que el pueblo de Cataluña se pronuncie sobre su voluntad de autodeterminación, en tal caso no habría pasado nada. No se trata, por lo tanto, de haberse “metido en política”.

El Fiscal General del Estado ha reaccionado de manera fulminante. No ha esperado ni siquiera al día siguiente. Tras la noticia matutina de las problemáticas declaraciones, esa misma tarde anunciaba que inicia los trámites previstos en el artículo 41.5 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.

El artículo 41.5 no está entre los que regulan las sanciones disciplinarias. Es una previsión distinta, no disciplinaria, específica para cesar a los fiscales jefes por pérdida de confianza. Dice así: “Los fiscales jefes podrán ser removidos por el Gobierno a propuesta del Fiscal General del Estado, que deberá oír previamente al Consejo Fiscal y al interesado”. Evidentemente quien pierde la confianza es el Gobierno, que es quien le cesa. Otra cosa es que el Gobierno confíe en el Fiscal General, que es quien toma la iniciativa, obedeciendo, respaldando o anticipando la voluntad del Gobierno. La audiencia del Consejo Fiscal, como la del interesado, no es vinculante.

El indudable contenido prioritariamente político del tema tratado no excluye que el Fiscal de Cataluña lo abordara desde su perspectiva jurídica. Esta es la razón por la que sus declaraciones no se salen del ámbito de sus funciones.

Debería recordar el Fiscal General del Estado que en el mismo Estatuto Orgánico con que amenaza tan drásticamente al Fiscal Superior de Cataluña, está el artículo 4.5 que establece como una de las funciones del Ministerio Fiscal “informar a la opinión pública de los acontecimientos que se produzcan, siempre en el ámbito de su competencia…”. Y el artículo 22.4 atribuye este cometido a los fiscales jefes, que asumen “la representación y jefatura del Ministerio Fiscal”.

El debate sobre la autodeterminación dentro de la legalidad es un debate abierto, candente. Su conducción constituye un acontecimiento de máximo interés cívico. Era una exigencia indudable abordar este debate desde perspectivas jurídicas, informando de los cauces legales, vigentes o imaginables, para canalizar una voluntad popular ampliamente manifestada. El Fiscal Superior de Cataluña cumplió con esta exigencia, amparado en una previsión legal específica, o sea, dentro del ámbito de su competencia.

Otra cosa es que el Gobierno prefiera entender que esa voluntad popular no existe, o que solo puede ser cuantificada en el conjunto de los pueblos de España (o sea, que no existe el concepto concreto de “el pueblo de Cataluña”). Es muy posible que esto último sea lo que ha determinado la pérdida de confianza irreversible del Gobierno: que el fiscal de Cataluña crea que existe un “pueblo de Cataluña”, con capacidad para tener una voluntad propia. Esto es “casus belli”.

No voy a entrar en conjeturas sobre si el Fiscal General disparó primero, o si fue Ruiz Gallardón. Pero tengo la certeza de que ambos coinciden entre si, y con su entorno radicalmente centrípeto, en sus convicciones silenciadoras.

Si cesan al fiscal catalán habrán puesto de manifiesto lo que siempre fue una evidencia. Que Ni Torres-Dulce por saber de cine y ser amigo de Garci, ni Gallardón por llevarse mal con Esperanza Aguirre, son dos “medio-progres” del PP, como creían muchos ingénuos. Eran, son y serán lo que ahora demuestran.

Si le cesan, porque le cesan, y si amagan y no dan, por débiles e irresolutos, el ganador es el fiscal catalán, porque ha actuado como jurista, de acuerdo con la ley, informando lúcida y comprometidamente al pueblo de Cataluña, aunque ahora sean capaces de bajarle del coche oficial.

 

 

 

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4 pensaments a “¿Existe el pueblo de Cataluña?”

  1. Y si existe una posibilidad legal de realizar la consulta, ¿por qué se oculta y se deniega tal extremo a la ciudadanía? Esto implica que en realidad, la democracia en España es una mera fachada que es apuntalada por los poderes de “siempre” que no tienen el menor interés en que los ciudadanos podamos ejercer nuestros derechos, no sea que les quitemos el mango de la sartén o la sartén completa.
    Pero ésta no es la única prueba. Lo hemos visto con la tramitación de las ILP constitucionales a lo largo de la reciente historia “democrática”. Todo un fraude.

  2. gracies per l’esclariment, he entrat a llegir aquest article perque veient el titolar m’he preguntat: EXISTEIXO O NO EXISTEIXO???

  3. Me parece un artículo claro y contundente, con el que, por supuesto, estoy de acuerdo. Ah, y el fiscal general Torres-Dulce metía menos la pata cuando comentaba películas con Garci. Para los intereses del pueblo de Cataluña, el señor Dulce es de una amargura insoportable.

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