El banquero Sáenz es un delincuente, no es honorable

Alfredo Sáenz

Alfredo Sáenz y Emilio Botín

José Maria Mena
Ex Fiscal Jefe de Catalunya

Cuando el gobierno de Zapatero indultó a Sáenz comenté el indulto en estas páginas, y a ese comentario me remito. Parecía que no había nada más que decir. Pero la osadía del indultado, y de sus acólitos, no tiene límites. Se las arregló para que todo quedara como si aquellos hechos criminales, y bochornosos, nunca hubieran ocurrido. Le indultó el gobierno, cuando estaba ya políticamente muerto, pues estaba en funciones, a la puerta de las elecciones en que fue derrotado. Le indultó añadiendo una coletilla al Decreto de indulto que decía así: “…quedando sin efecto cualesquiera otras consecuencias jurídicas o efectos derivados de la sentencia, incluido cualquier impedimento para ejercer la actividad bancaria”. Sorprendía, y sorprende, que se añadiera esa coletilla, porque nunca se había hecho una cosa así.

Ahora, hace unos días, el Tribunal Supremo ha dicho que esa coletilla es ilegal, y ha ordenado que se deje sin efecto.

La sentencia no tiene desperdicio. El varapalo al exceso insólito del gobierno es memorable. Pero es tan larga que la mayor parte de los lectores seguramente preferirán que se les proporcione un resumen y comentario. A ello dedico las próximas líneas.

Se daba la circunstancia de que la benévola condena impuesta a Sáenz tenía un efecto grave, externo al proceso y al Código Penal. Sáenz, al ser un delincuente condenado, perdía su condición de persona honorable. Y sin esta condición no podía dedicarse a la actividad bancaria. Ello es así porque el Real Decreto 1245/1995 establece que es necesaria la honorabilidad para ejercer la profesión de banquero. Define la honorabilidad comercial y profesional, como la observancia de una trayectoria personal de respeto a las leyes que regulan la actividad económica y la vida de los negocios, así como las buenas prácticas comerciales, financieras y bancarias. Y añade el Real Decreto que carecen de honorabilidad quienes tengan antecedentes penales por delito doloso.

Esta era la severa consecuencia de la benigna condena. Era un delincuente. No era honorable. No podía dedicarse a lo suyo. Por eso el gobierno acudió en su socorro. No solo le indultó. Además pretendió hacerle honorable. Y el actual gobierno, también. El Abogado del Estado, dependiente jerárquicamente del gobierno, ha defendido a Sáenz en el pleito, sosteniendo la pretendida legalidad de la coletilla del indulto.

El Tribunal Supremo ha rechazado los argumentos de Sáenz, de sus acólitos y del gobierno.

El argumento del tribunal es muy sencillo. El indulto borra la pena, total o parcialmente, pero no borra la condena. La condena declara los hechos, tal como fueron, y declara la autoría. Eso es así, y ya no se borra. Y como es así, así debe constar en el Registro de Penados. El condenado tiene antecedentes penales. Estos no se pueden borrar, porque si vuelve a delinquir, será necesario tenerlo presente, porque será reincidente. Eso no lo borra el indulto. Y como tiene antecedentes penales, no es honorable.

Sáenz, y el Abogado del Estado, dicen que si el gobierno puede indultar la pena también podrá indultar las consecuencias de la pena. Pero no es así. El gobierno no puede hacer lo que le da la gana. El Supremo les recuerda que la ley del Indulto concede al gobierno la facultad de proponer el indulto “conforme a la ley”. El gobierno no puede actuar como un poder “ajurídico”, al margen de la ley. Los tribunales no pueden controlar si el gobierno concede o no concede un indulto. Pero sí deben controlar si, al concederlo, el gobierno actúa según manda la ley que establece lo que se puede perdonar, y lo que no. Y la ley del Indulto es muy clara. El indulto sólo perdona la pena.

El Real Decreto que exige la honorabilidad para ser banquero no es una ley penal, es una regla de banqueros. Son ellos los que exigen la honorabilidad a sus iguales. Según esa norma, no quieren tener tratos con mala gente. Esa consecuencia de la condena no es una pena, y por ello no puede ser indultada.  Esta es la razón por la que el Tribunal Supremo ha dejado sin efecto la coletilla del indulto de Sáenz y sus acólitos, pese a su obstinada defensa, y a la no tan sorprendente defensa de la Abogacía del Estado.

Todavía no se nos había acabado la sensación de sorpresa, incredulidad y sonrojo, ante las titubeantes e inconexas declaraciones de otra ilustra componente de la Abogacía del Estado, María Dolores de Cospedal, sobre la simulación de contrato de Bárcenas, y ahora su misma institución parece que quiere configurar la simulación de honorabilidad de otro rapaz de más altos vuelos, todavía. Y aún decían que Ada Colau se había pasado…

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