Del Desastre de Annual, en 1921, al Instituto Noos, en 2013

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Cadáveres españoles en Monte Arruit. La foto fue tomada meses después del desastre, tras volver a recuperar las posiciones el ejército español.

Santi Vinyals 
Historiador y periodista

Con Urdangarín en Qatar, la propuesta de imputación de la infanta en manos de Miquel Roca, una progresiva insensibilización ciudadana por el amontonamiento de manos metidas en la caja, y los calores veraniegos en puertas, los asuntos de la Monarquía entran en una vía de apaciguamiento. La Casa Real ha optado por aparcar el arriesgado principio constitucional de que “la Justicia es igual para todos”  y sustituirlo por el consejo popular de “una de cal y otra de arena” pero no en su sentido primigenio sino en el de que lo mejor es, una vez metidos los asuntos delicados en la fosa, cubrirlos con paladas de arena y asegurarse tirando encima cal viva, para que no quede rastro.

Hay que reconocer, pues, que aunque Juan Carlos haya heredado algunos hábitos cotidianos de su tatarabuela, ha sabido marcar, en cambio, distancias con las maneras de su abuelo para ocultar los asuntos enojosos. Alfonso XIII hace ahora 90 años bendijo la sustitución de un régimen parlamentario por la dictadura de Primo de Rivera justo cuando una investigación parlamentaria ponía en entredicho la forma de defender sus negocios particulares. No es lo mismo enviar al yerno a Qatar que cerrar el Parlamento, ciertamente.

Alfonso XIII era uno de los principales accionistas de la Compañía Española de Minas del Rif junto con los hermanos Rodrigo y Álvaro de Figueroa Torres, conde de Romanones el primero y duque de Tovar el segundo, presidentes del Congreso y del consejo de ministros ambos en diversas ocasiones. También tenía un importante papel en la empresa (fue vicepresidente) el hijo de Eusebio Güell e Isabel López (la hija mayor del naviero negrero Antonio López), Juan Antonio Güell López, heredero del marquesado de Comillas. Los tres mantenían con el rey una estrecha amistad personal. La protección de sus intereses económicos en Marruecos estuvo en la base de la decisión del gobierno de Maura de mandar allí tropas de reemplazo durante el verano de 1909, para sofocar los atentados de grupos locales que se oponían a la construcción de una línea de ferrocarril para llevar al puerto los fosfatos y otros minerales procedentes de las minas. La oposición popular a la recluta forzosa de los hijos de obreros y campesinos para ir a morir a Marruecos en defensa de los intereses económicos del rey y sus amigos dio origen a los hechos de la Semana Trágica en Barcelona y otras ciudades. Los hijos de los ricos se libraban de ir mediante el pago de unas 1.500 pesetas. Cada ausencia del hijo de un rico suponía la incorporación de un joven, a veces casado, que no pudiera pagar esa cantidad.

El ataque por los rifeños a un grupo de trabajadores que construían un puente para el ferrocarril minero fue sólo el comienzo. Empezó luego la sangría de una guerra en Marruecos caracterizada por los errores militares españoles, que tuvieron su punto culminante en el conocido como el desastre de Annual, en junio de 1921. La causa del desastre estuvo, de nuevo, en un error militar: el general Manuel Fernández Silvestre se adentró imprudentemente en el territorio al no encontrar apenas resistencia y cayó en la trampa del líder rifeño Abd-el-Krim, quien en Annual derrotó las dispersas tropas españolas y les causó un número de muertos que nunca se ha podido precisar exactamente pero que los estudios más recientes sitúan alrededor de los 20.000. Alfonso XIII había animado la incursión de Fernández Silvestre telegrafiando este texto: “¡Olé los hombres!”

Tras el desastre, el ministro de la Guerra, obligado a depurar responsabilidades, encargó al general Juan Picasso González  que efectuase un informe completo de los hechos. Picasso llevó la investigación con tal rigor que los altos mandos militares empezaron a ponerle trabas. Aún así, tras nueve meses de trabajo, el General entregó al Congreso un expediente de casi dos mil quinientos folios. Se formaron sucesivamente comisiones parlamentarias para interrogar a los militares implicados en el informe y los trabajos de esas comisiones originaron exaltados debates en el Congreso de los Diputados.  El malestar en el estamento militar fue en aumento. Los rumores en torno a la implicación del rey crecían y se especulaba con el grado de imputación que podría afectarle. Ante el cariz que estaban tomando los acontecimientos se convocó un  Pleno de la Cámara para el 1 de octubre de 1923 para decidir con una votación las consecuencias de la investigación. Sin embargo, el Pleno nunca llegó a reunirse: el 13 de septiembre el capitán general de Cataluña, Miguel Primo de Rivera, se pronunció militarmente, disolvió las Cámaras y proclamó la Dictadura con el visto bueno del rey. No se volvió a hablar ni del desastre de Annual ni del expediente Picasso hasta que, proclamada la República, y rescatada la documentación, el rey fue procesado y condenado in absentia en las Cortes el 20 de noviembre de 1931.

De Primo de Rivera al emir de Qatar, de 20.000 muertos a un exilio dorado, algo hemos mejorado.