La crisis de los fiscales

José María Mena
Jurista. Ex fiscal jefe de  Catalunya

Casualmente he encontrado un artículo que escribí el 29 de junio de 1997 en la revista de Jueces para la Democracia, que llevaba por título “La crisis de los fiscales”. Todavía no hacía dos meses de la investidura de Aznar, tras el llamado Pacto del Majestic, y su sorprendente confidencia de que en la intimidad hablaba catalán. Acababan de nombrar Fiscal General del Estado a Jesús Cardenal, y éste a Eduardo Fungairiño como Fiscal Jefe de la Audiencia Nacional.

Este nombramiento se produjo en contra de la opinión unánime y repetida del Consejo Fiscal, mayoritariamente compuesto por fiscales representando al sector más conservador de la profesión. Cardenal exhibió, en aquella primera ocasión, lo que luego fue su más destacada condición: el cinismo. El breve informe que precedía al nombramiento de Fungairiño decía, literalmente, “conforme con el informe del Consejo Fiscal”. Los del Consejo, y especialmente los que le eran más próximos, montaron en cólera, inútilmente. Fungairiño fue el fiscal jefe de la Audiencia Nacional durante diez años, hasta que le relevó Javier Zaragoza el 2006, nombrado por el Fiscal General de Zapatero, Cándido Conde-Pumpido.

En aquel artículo señalaba que “la llamada crisis de los fiscales es una anécdota de un fenómeno o de un problema mucho más profundo”. Y auguraba que se está empezando a desmontar el edificio venerable, pero constitucional, del Poder judicial, comenzando por la nave lateral del Ministerio fiscal. La explicación del problema profundo que se denunciaba hace veinte años era que el Poder Ejecutivo pretende confundir el principio de dependencia jerárquica de la fiscalía con la dependencia gubernativa, olvidando que la dependencia jerárquica interna de la institución va acompañada de la obligación de imparcialidad, absolutamente incompatible con depender del Gobierno.

Veinte años después, la crisis de los fiscales reaparece clamorosamente. No es fácil determinar si se trata de una nueva explosión, o de una implosión, porque no se sabe si es una crisis cíclica o crónica. Aunque no sería arriesgado deducir que, si es cíclica, coincide con los relevos gubernamentales propios de la alternancia parlamentaria y gubernativa. Y si la alternancia, como expresión institucional del bipartidismo, es la enfermedad crónica de nuestra democracia, entonces la crisis de los fiscales no es más que una secuela anecdótica del bipartidismo, que sobrevive. Los fiscales que han sido cesados, en la Audiencia Nacional, en Euskadi y en Murcia, habían sido nombrados en tiempos de Rodriguez Zapatero.

Parece, por lo tanto, que estamos ante una dinámica de relevos normal y corriente. Sin embargo hay una circunstancia novedosa en el horizonte que no conviene desatender. Está prácticamente preparado el proyecto de reforma del proceso penal para equiparar el proceso penal español con lo que es el modelo de proceso penal en casi todos los países de Europa. Según este modelo la función de investigar los delitos, hasta el momento del juicio oral, pasará de los jueces de instrucción a los fiscales. Los jueces serán, únicamente, los árbitros entre la acusación y la defensa, garantizando la igualdad entre ellos, y los derechos de los participantes en la preparación del juicio.

La nueva función de los fiscales implicará que podrán adoptar decisiones y actuaciones difícilmente controlables anticipadamente. Por eso, y para las investigaciones de máxima importancia que puedan acometerse, el Gobierno necesita personas previsiblemente coincidentes con sus criterios. Esa previsibilidad de coincidencia no equivale necesariamente a fidelidad ideológica o de adscripción asociativa. Hay fiscales conservadores que no admiten presiones contra su criterio jurídico y ético, y hay fiscales progresistas que sí las admitirían por comodidad, cobardía o conveniencia.

Alejandro Luzón

Veamos algunos de los relevos. El nuevo Fiscal General ha rechazado el nombramiento de Luzón para la fiscalía Anticorrupción, pese a su talante conservador, porque es notorio que su prestigio técnico y ético va unido a un sentido profundo de la imparcialidad profesional, que no augura fidelidades ni coincidencias previsibles. Y eso sería inquietante para el PP, en la institución que dirige las investigaciones más importantes de corrupción existentes y las que existirán.

El ministro del Interior Fernández Díaz condecora al fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza

El fiscal jefe de la Audiencia Nacional que sustituyó a Fungairiño es persona de indiscutible perfil progresista. Pero por su trabajo, primero en la persecución del narcotráfico y luego del terrorismo de ETA, ha quedado excesivamente señalado como próximo a la policía, y singularmente al ministro Fernández Díaz, lo cual, posiblemente, no le haya favorecido en esta remodelación ministerial. El fiscal jefe de Euskadi se había comprometido muy positivamente en la dimensión jurídico-penal y penitenciaria del final de ETA, y en el acercamiento de los presos de acuerdo con la legalidad penitenciaria vigente.

El exfiscal jefe de Murcia Manuel López Bernal ha denunciado coacciones por hacer su trabajo.

El fiscal jefe de Murcia era, para la corrupción política y social de la Región, una piedra en el zapato, o más bien un adoquín insoportable. Si estos fiscales habían de ser responsables de la investigación de los importantes delitos que corresponde a sus respectivas fiscalías, no era posible anticipar, con razonable certeza, que sus criterios coincidieran con los intereses del gobierno. Por eso se optó por defenestrarles.

El ministro de Justicia, al parecer, está empeñado en pasar a la historia como el renovador de la ley procesal, y para eso pretende, según se dice, asegurar que las investigaciones más importantes sean dirigidas de manera “previsible”, sin sobresaltos, para ellos. Esa es la razón profunda y última de la crisis de los fiscales. No se trata de relevos partidistas. Se trata de preparar un nuevo sistema judicial en el que la llave de la investigación penal esté en manos “de confianza”. La operación de desmontar el vetusto edificio del Poder Judicial, constitucional y garantista, ha comenzado por el anexo lateral del Ministerio fiscal.

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