Corrupción, blanqueo de capitales y paraísos fiscales

Liliana Pineda
Magister en derecho y doctora en Ciencias Políticas y Sociología. Miembro de Attac

El primer antecedente moderno de caracterización normativa del fenómeno de blanqueo de dinero “negro”, lavado de dinero “sucio”[1], o lavado de activos / blanqueo de capitales, es el Acta de Secreto Bancario (The Bank Secrecy Act) de Estados Unidos de América de 1970, que estableció la obligación de conservar un registro y reportar a las autoridades gubernamentales determinadas operaciones de las instituciones financieras: «Considerada la pieza central de la legislación norteamericana sobre el lavado de activos, no proporciona, sin embargo, una definición concreta de lo que es la acción ilícita, sino que describe la actividad comercial de las corporaciones autorizadas a realizar operaciones financieras». [2]             

paraiso-fiscalAunque su título era contrario al propósito del legislador (restringir y no defender el secreto de las transacciones financieras), su sistema de reportes (para generar “pistas de papel” que pudieran conducir de los dineros lavados a la actividad delictiva que los originó), resultó ser una herramienta inútil para combatir el lavado de dinero negro, ya que quienes debían informar sobre determinadas transacciones  financieras preocupantes (si se encuentran involucrados empleados o funcionarios del sistema financiero),  inusuales (si no son acordes con la forma regular en que se comporta un cliente), o relevantes (si son de más de 10.000 dólares) [3], podían, igualmente, lavar dinero de manera impune. En realidad, lo más apreciable del contenido de aquella acta es que al ordenar el reporte de operaciones sospechosas, se consideró a las instituciones financieras como herramientas  necesarias para identificar a sus autores y, por tanto, como instrumentos útiles, también para colocar el dinero generado en las actividades ilegales. Durante ese período el Secretario del Tesoro fue la persona facultada para elaborar las normas reglamentarias que deberían imposibilitar el lavado de dinero negro, así como el encargado de garantizar el control y el cumplimento del deber de reportar las operaciones preocupantes; inusuales o relevantes [4].

Más adelante, a finales de los años ochenta, con la evolución de la forma de observar el fenómeno delictivo en Estados Unidos y la difusión de la “teoría del crimen organizado como empresa transnacional” [5], en la que el lavado de activos se asimila a una actividad especializada de las organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico —entendidas éstas como grupos  organizados y estructurados—, la persecución del lavado de activos se presenta como una necesidad, o una vuelta de tuerca en la “guerra contra las drogas” [6]. En consecuencia, en el léxico diplomático, el tráfico ilícito de estupefacientes pasa a ser calificado como “profundamente preocupante”. Y en la medida en que dicha preocupación logra ampliarse y extenderse a buena parte de los países occidentales, los esfuerzos se orientan casi exclusivamente a la identificación y sustracción del comercio mundial de las utilidades de ese delito, aunque la legislación, pensada e inscrita en la lucha contra el narcotráfico, se desliza inopinadamente a la persecución de toda actividad que permita el lavado de activos ilícitos en cualquier parte del planeta.

A partir de ese momento se fuerzan regulaciones penales expeditivas, así como la  introducción de sistemas de control de capitales en todo el mundo: En 1986 el Congreso de los Estados Unidos dicta el Acta de Control del Lavado de Dinero [7], que tipifica por primera vez el delito del lavado de activos sancionándolo con pena de prisión de hasta veinte años [8]; y en diciembre de 1988 se celebra la Convención de Viena [9], con el propósito de imponer internacionalmente dicha política criminal, de lucha contra las drogas.

«Es una implantación con un componente coercitivo “blando” propio de la nueva situación internacional. Muchos países, especialmente los países menos influyentes del Sur, se arriesgan a sufrir represalias directas o indirectas en caso de negarse a hacerlo» [10].

A finales de los años noventa son contados los estados que no tienen tipificado como delito el lavado de activos [11], obviando, por otro lado, las propuestas alternativas “no prohibicionistas” relacionadas con las drogas, que empiezan a plantearse también institucionalmente en los años ochenta [12], a la vez que se generan  nuevas contradicciones y problemas sociales, políticos y jurídicos derivados de dicha regulación [13]. En varios países, además,  esta política se vería reforzada por la “Teoría del Complot”[14] según la cual el crimen organizado, con independencia de cuál sea su principal actividad delictiva, “es un fenómeno de importación, atribuible en gran medida a los inmigrantes y a las minorías, fundamentalmente étnicas”.

Pero también hubo reputados autores, expertos criminólogos, que, por una parte, alertaron sobre su extensión e implantación internacional, junto con sus costes sociales (sin contar lo que repercutiría en las instituciones y el desarrollo democrático) [15], y afirmaron que la política criminal derivada de dicha teoría obviaba la presencia de actividades connaturales al propio sistema, ligadas a la participación en los mercados ilegales [16], y que solo servía para ocultar las actividades autóctonas de blanqueo de capitales, excesivamente consentidas o toleradas socialmente [17], vinculadas íntimamente con el comercio nacional e internacional y los paraísos fiscales como plataformas para la actividad bancaria y financiera opaca [18], todo ello sin control de los gobiernos y sin obligación de tributar. Por otra parte, no veían fácil, desde un punto de vista técnico-jurídico, que efectivamente se produjera el reproche social de una conducta fragmentada, difícilmente perceptible, penalizada a partir de hechos subyacentes y elementos vagos e imprecisos, que suele atacar bienes sociales “difusos” (el medio ambiente, la democracia…) o generar amenazas abstractas para bienes y procesos comunes que no siempre son asumidos socialmente como patrimonio público (el agua, el suelo, las finanzas, la hacienda pública, etc.) [19]. Además, señalaron, son muchos los particulares, profesionales, los sectores económicos y las poblaciones, que perciben, a cambio de su tolerancia o anuencia para con esta actividad delictiva, un beneficio inmediato y concreto [20].

Durante la década de los noventa, trabajando con estos mismos supuestos, la política antiblanqueo de Estados Unidos y Europa sufriría numerosas reformas (principalmente inscritas en la política de persecución del blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico). La primera (1992), fue la llamada la Ley de Lavado de Dinero Annunzio-Wylie (The Annunzio-Wylie Money Launderüig Act.), que introdujo varias modificaciones. La más importante de ellas consistió en autorizar al Secretario del Tesoro para que exigiera a las instituciones bancarias y no bancarias que reportaran transacciones sospechosas. También dispuso que se establecieran programas para preparar al personal de las instituciones financieras para cumplir con sus obligaciones de identificación y de reporte en la lucha contra el lavado de activos: creó un grupo asesor con expertos del gobierno y del sector privado, y agregó a las leyes bancarias federales la posibilidad de que se sancionara a una institución culpable de lavado de dinero con la revocación del permiso para operar. La segunda, fue la Ley de Supresión del Lavado de Dinero (The Money Laundering Suppression Act.) que dispuso la designación de una sola agencia para que recibiera los reportes de actividades sospechosas; la obligación al reporte de las operaciones consistentes en el transporte a través de las fronteras de ciertos títulos de crédito; y la exigencia de registro ante el Departamento del Tesoro de ciertas instituciones financieras no bancarias. La tercera (1998), se hizo con el Acta Estratégica sobre Lavado de Dinero y Crímenes Financieros (Strategic Act. On Money Laundering and Financial Crimes Of 1998). La finalidad de ésta última fue establecer una estrategia para combatir el lavado de activos en el país designando sitios geográficos que recibirían mayor apoyo gubernamental para atacar el problema. Así se establecieron dieciséis factores que se utilizarían por el Departamento del Tesoro y de Justicia para calificar áreas de alto riesgo de lavado de activos y de crímenes financieros. Entre éstos se encontraban: a) población y demografía; b) número y naturaleza de transacciones bancarias; c) Definición de área o centro de banca internacional y comercio; d) volumen o naturaleza de reportes de actividades sospechosas; e) volumen o naturaleza de reportes de transacciones en efectivo; f) Trayectorias inusuales, anomalías o cambios en el volumen o naturaleza de las transacciones a través de las instituciones financieras que operan dentro y fuera de los EEUU; y g) valoración de la necesidad de un incremento significativo de recursos federales para otorgar una ofensiva adecuada a nivel estatal y local en respuesta a crímenes financieros [21].

Pero a partir del 11 de septiembre de 2001, como consecuencia de los atentados terroristas contra las Torres Gemelas, la política criminal estadounidense influiría de manera determinante en las legislaciones de todo el mundo, sobre todo cuando el foco de atención internacional se concentró en la nueva amenaza global y la legislación penal es utilizada  como un arma recurrente en la lucha contra el terrorismo [22].

Así, con el propósito de “detectar, romper y desmantelar la infraestructura de financiamiento del terrorismo” George W. Bush rubrica la “Ley USA PATRIOT”. Concebida para ensanchar el ámbito de aplicación la Ley del Secreto Bancario a los bancos extranjeros, y obtener un control global sobre las transacciones financieras, también amplía el número de conductas comprendidas en la descripción del delito de lavado, alcanzando incluso a aquellas realizadas fuera del territorio estadounidense. Esto supondría la extensión de la lucha contra el lavado de activos a establecimientos financieros de todo tipo (casas de bolsa,  prestamistas prendarios,  casinos, joyeros,  etc.), así como el  “boicot” a aquellos que no cooperen adecuadamente en esa lucha.

“Hoy en día las autoridades de Estados Unidos  pueden prohibir a sus bancos que operen financieramente con uno banco extranjero que se niegue a proporcionarles alguna información. Asimismo, los fondos que un banco extranjero tenga en ese país pueden ser confiscados, si las autoridades estadounidenses consideran que dicha institución financiera participó en una operación de lavado de activos. Esto puede ocurrir incluso si las cuentas que fueron usadas para cometer el delito están ubicadas fuera de su territorio” [23]

Expertos criminólogos temieron de nuevo la extensión e implantación internacional de una política criminal deslavazada [24] y reconocieron, además, un gran desconocimiento del fenómeno del blanqueo de capitales en la comunidad científica [25], no tanto de las estrategias y los procedimientos utilizados en su realización y normalización, sino de los delitos precedentes, su estructura social, así como de sus efectos sociales agregados [26].

 «Mark Galeotti ha hecho observar que ‘hasta ahora, los temores de que haya alianzas internacionales entre terroristas y delincuentes han resultado ser exagerados’ y Louise Shelley sugiere que ‘los vínculos entre terroristas y delincuentes organizados son mucho menos frecuentes que los vínculos entre los delincuentes organizados y los políticos’» [27].

Dicho desconocimiento, dijeron, era aún mayor en lo que se refiere a su dimensión real y al lugar que ocupa el lavado de dinero que procede tanto del terrorismo como del narcotráfico:

“Cuando se dice que el mercado de drogas asciende a 150.000 millones de dólares y es atendido principalmente por tres países (Colombia, Perú y Bolivia), cuyo ingreso nacional no llega siquiera a la mitad de esa cifra, no es difícil concluir que la actividad de estos países está dominada totalmente por la droga. La extinción del negocio llevaría prácticamente al desmantelamiento de las economías. Parte de la fábula se origina en la ignorancia y en la falta de imaginación” [28].

Pero, añadieron otros autores, esto mismo puede afirmarse respecto al volumen global de capitales ilícitos procedentes de la corrupción, el fraude fiscal, y otros delitos contra el orden socioeconómico:

«Dada su naturaleza, la economía sumergida es un fenómeno de muy difícil medición. Por ello, pese a su constante perfeccionamiento, los cálculos que se ofrecen sobre el volumen de producción y el empleo ocultos son bastante dispares en sus resultados, expresando la dificultad de medir lo que deliberadamente se oculta, de “medir lo inmedible”, en expresión de Portes. En efecto, las estimaciones del tamaño de la economía sumergida varían bastante según cuál sea el sistema utilizado para medirla. Uno de los economistas pioneros en los intentos de medición, Vito Tanzi (1999), reconocía 20 años después de iniciados los esfuerzos que las estimaciones de la economía sumergida de un mismo país continuaban siendo extremadamente divergentes cuando se aplicaban los diferentes métodos al uso. Por ejemplo, las expresadas en porcentaje del PIB oscilaban para el caso de Canadá entre el 1,4% y el 47,1%, siendo los extremos el 6,2% y el 19,4% en el caso de Estados Unidos y del 14,5% y el 31,5% para Alemania (Tanzi, 1999). Si algunas de estas estimaciones fueran correctas, algunos países serían mucho más ricos de lo que se cree. Pese a su manifiesta debilidad, las mediciones de la economía sumergida han sido utilizadas por algunos economistas para expresar “sólidas” opiniones acerca de las Cuentas Nacionales de las estadísticas de desempleo o del tamaño de la evasión fiscal. Quizás por ello en algunos países de América Latina una parte de los colegas se refieren a las Cuentas Nacionales como los Cuentos Nacionales. En los últimos tiempos han hecho su aparición nuevos intentos metodológicos y se han propuesto caminos muy sofisticados de medición que nos permiten actualmente contar con aproximaciones algo más fiables a la dimensión real de la economía subterránea. Sin embargo, su valor para la adopción de políticas económicas y fiscales sigue siendo muy limitado, porque, como dice Jim Thomas (1999), estamos ante un caso más de “medición sin teoría” que, al no apoyarse en teoría económica alguna, nos obliga a asumir heroicamente como ciertas algunas burdas manipulaciones numéricas. En todo caso, las diferencias entre unos resultados y otros no pueden explicarse solamente por problemas de método, dado que pueden tener también origen en la dificultad de conceptualizar una realidad tan huidiza como la economía sumergida» [29].

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INTERÉS JURÍDICO EN RIESGO:
EL ORDEN ECONÓMICO GLOBAL

 También, en el ámbito jurídico, se alzaron voces expertas para intentar precisar lo que se entiende por conducta punible, y así pudimos descubrir opiniones diferenciadas, de quienes sostienen que “el blanqueo de capitales es el proceso, mecanismo o actividad usado por los delincuentes para disimular el origen ilícito de su patrimonio e ingresos, colocándolos en el circuito legal del dinero, disfrazando ingresos ilícitos como legítimos, intentando dar apariencia legal a unos fondos obtenidos ilícitamente”[30]; o de los que consideran que este fenómeno implica los procedimientos por los que “se aspira a introducir en el tráfico económico-financiero legal los cuantiosos beneficios obtenidos a partir de la realización de determinadas actividades delictivas especialmente lucrativas, posibilitando así un disfrute de aquéllos jurídicamente incuestionados”[31]; pero también de quienes incluyen, asimismo, dentro de los propósitos del blanqueo, la elusión del pago de impuestos o la evasión de obligaciones fiscales y consideran  que es suficiente demostrar que hubo previamente delito fiscal para poder imputar delito de blanqueo.[32].

A este respecto, la Oficina de Naciones Unidas de Fiscalización de Drogas y Prevención del Delito sostuvo en 1998:

«La comunidad mundial habrá de afrontar la cuestión de la utilización de su soberanía por algunos países para ayudar a los ciudadanos de otros países a eludir las obligaciones impuestas por el orden jurídico de su propia sociedad […]. Se han efectuado, y se siguen efectuando grandes esfuerzos por obtener una mayor transparencia en asuntos financieros, pero el mundo financiero extraterritorial sigue siendo en buena parte un “triángulo de las Bermudas” para las investigaciones financieras» [33].

Y en 2011, Antonio Domínguez Puntas, apuntaba:

«Es obvio que todo blanqueo se proyecta sobre un delito subyacente, pero esto no quiere decir que ese delito principal o subyacente tenga que ser también precedente al blanqueo. De la misma manera que en la lavadora de ropa existe un programa de prelavado, de esa misma forma existe una maquinaria de lavado del producto del delito, ya preparada y en marcha, que organiza todas las actuaciones necesarias para aprovechar mejor los efectos del delito principal cuando éste se cometa en tiempo posterior. En definitiva, en la mayoría de las ocasiones existe un prelavado en marcha en forma de sociedades interpuestas, testaferros, actividades lícitas de fachada, cuentas bancarias, etc., preparada para conseguir la impunidad o al menos la efectividad del producto del delito principal o subyacente» [34].

Opiniones diversas las hay igualmente respecto a las motivaciones de todas estas conductas: la más conocida y aceptada es la que defiende Naciones Unidas:

“Los delincuentes se ven obligados a blanquear el producto de su delito porque la pista del dinero puede convertirse en indicio delator de su conducta; o porque el propio dinero puede ser objeto de investigación y de incautación”. [35]

En conclusión: las definiciones de blanqueo de capitales o lavado de activos negros o sucios que han sido expuestas contienen, esencialmente, dos elementos, que también constituyen lo que se ha denominado “ciclo de blanqueo”: uno, la acción de ocultamiento de la procedencia ilícita de bienes o derechos con valor monetario, y dos, las actuaciones orientadas a  otorgarles un aspecto lícito. Y sobre el “ciclo de blanqueo”, merece la pena recordar la formulación más conocida y aceptada, la del GAFI, para quien éste se divide esencialmente en tres fases:

Fase de colocación: en la que se introducen ganancias ilícitas en el sistema financiero mediante la partición de grandes cantidades de dinero en sumas más pequeñas que luego son depositadas directamente en una cuenta bancaria; o  mediante la compra de una serie de instrumentos monetarios (cheques, órdenes de pago, etc.) que se recogen a continuación y se depositan en cuentas en otra ubicación.

Fase de estratificación: El lavador se involucra en una serie de conversiones o movimientos de los fondos para alejarlos de su fuente y enmascarar el rastro, la fuente y la titularidad del dinero. Los fondos se canalizan a través de complejas capas de transacciones financieras a sociedades vehículo como las registradas en paraísos fiscales, o mediante de la compra y venta de instrumentos de inversión; o simplemente se dispersan a través de una serie de cuentas en varios bancos de todo el mundo. Este uso de las cuentas dispersas es especialmente frecuente en aquellas jurisdicciones que no cooperan en las investigaciones de lavado de dinero. En algunos casos, el lavador puede disimular las transferencias como pagos por bienes o servicios, lo que les da una apariencia legítima.

Fase de integración. En la que el dinero lavado entra en la economía legítima sin que pueda determinarse su procedencia ilegal. El dinero blanqueado queda a disposición de su dueño, quien puede optar por utilizar o invertir los fondos en bienes raíces, bienes de lujo, o negocios”. [36]

Pero a este ciclo habrá que añadir una cuarta fase:
la Fase de prevención o eliminación de entidades y prácticas que posibilitan su iniciación, ya que, naturalmente, como bien concluye G. M. Flick, una vez iniciado el ciclo de lavado “la utilización [del dinero blanqueado] dificulta o imposibilita la identificación del dinero sucio pues impide remontar el curso por el que fluyeron los capitales con el objeto de averiguar su origen”. [37]. Esa es la fase en la que, en mi opinión, nos encontramos…

 

NOTAS
[1] En opinión de  André Luis Callegari «Aunque se utilizan las expresiones dinero sucio y dinero negro con relación al blanqueo, no se puede sostener que sólo el dinero es objeto de reciclaje (…) en muchas ocasiones no será el dinero en efectivo el producto obtenido con la comisión del delito, sino cualquier otra ventaja patrimonial lo suficientemente importante como para que sea preciso dotarla de un disfraz de legalidad». “El delito de blanqueo de capitales en España y Brasil”. Ed. Universidad Externado de Colombia, 2003, pp. 104-105.

[2] Norma Angélica Ortiz Dorantes. “El delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita”, Universidad Autónoma de Barcelona, 2010, p. 16, en: http://www.tdx.cat/bitstream/10803/5247/1/naod1de1.pdf

[3]https://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/WorkingGroups/workinggroup4/2015-August-31-to-September-2/Contributions_NV/Contributions_-_Mexico_Art_9_10_14.pdf

[4] Ortiz Dorantes. Ibíd.

[5] Cfr. Peter Reuter. ”Disorganized Crime. The Economics of the Visible Hand” en: Michigan Law Review Vol. 82, No. 4, 1984, pp. 1127-1131; y Cfr. Resa Nestares, Carlos. Nuevo Laredo: “Crimen desorganizado. El comercio de drogas ilegales en México”, Notas de investigación 01/2004/8, en:
http://www.uam.es/personal_pdi/economicas/cresa/nota0104.pdf

[6] “Convención Contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas, Organización de la Naciones Unidas”. Convocada para coordinar las acciones internacionales en la guerra contra las drogas. Viena, 1988, p. 1.
https://www.unodc.org/pdf/convention_1988_es.pdf

[7] “Money Laundering Control Act”, en: Public Law 99-570-Oct. 27, of. 1986:
http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/STATUTE-100/pdf/STATUTE-100-Pg3207.pdf

[8]  Esta norma creó un delito federal y autorizó la confiscación de las ganancias obtenidas por los blanqueadores, además de proporcionar a las autoridades federales herramientas adicionales para investigar el lavado de activos.

[9] “Convención Contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas, Organización de la Naciones Unidas”. Op. Cit. Pp. 1 y 2.

[10] Armando Fernández Steinko: “Las Pistas Falsas del Crimen Organizado”. Los libros de la Catarata 2008, Madrid, p. 83.

[11] Aunque en muchos países ya existía una legislación sobre enriquecimiento ilícito, en la práctica era letra muerta. En gran parte del mundo, delitos conexos como podría ser el del fraude fiscal seguirían sin estar tipificados.

[12] El 15 de diciembre de 1988. Los diputados radicales italianos presentaron en la Cámara de Diputados italiana una elaborada Propuesta de ley. “Sus autores consideran que debe irse a una legalización progresiva de la fabricación y distribución de estas sustancias en un marco internacional”.  Cfr. Proposta di Legge d’iniziativa dei deputati Teodori, Stanzani. Camera dei Deputati. N.3461. Atti parlamentari. X Legislatura. Disegni di legge e relazioni. Documenti, pp.  1-22.

[13] Problemas sociales y políticos, referentes al grado de sospecha requerido para poner en marcha las medidas de control y persecución policial sobre las personas y sobre el propio sistema económico y monetario, necesarias para la distinción entre lo lícito y lo ilícito, tal y como indicaba Albrecht, Hans-Jörg, en “Criminalidad transnacional, comercio de narcóticos y lavado de dinero”. Ed. Universidad Externado de Colombia, 2001, p. 74.

[14] Letizia Paoli,: “Teoría de la conspiración extranjera (W. Moore, 1974) […] que contamina la vida económica y social del país se ha rechazado por la mayoría de científicos sociales americanos desde los años sesenta”, en: “The paradoxes of organized crime”. Crime, Law & Social Change Nº 37, Kluwer Academic Publishers, Netherlands, 2002, p. 53, en: http://www.cerium.ca/IMG/pdf/Paoli_2002_The_paradoxes_of_organized_crime.pdf

[15] Véase: Tokatlain, Juan Gabriel. En: “Drogas ilícitas en Colombia: Su impacto económico, político y social”. Santa fe de Bogotá. Investigación dirigida por Francisco Elías Thoumi, PNUD. 1997, p.  536.

[16] Anderson, M., “The United Kingdom and Organised Crime – The International Dimension”, in European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice, Vol.1, 1993, Pp. 292-308.

[17] El Mundo (edición impresa) 08 de Agosto 2004: «todos los patriarcas, entre rejas: ‘El blanqueo está muy arraigado, y la gente no lo ve mal. Igual que el delito fiscal, que tampoco está mal visto. La mayor tapadera sigue siendo el sistema inmobiliario’».

[18] “Y así lo han demostrado las operaciones de «ingeniería» contable de Enron y Parmalat; la investigación inacabada sobre las responsabilidades civiles por el desastre del petrolero El Prestige; y las investigaciones sobre el blanqueo de capitales y la corrupción inmobiliaria y política en el marco de las Operaciones Ballena Blanca y Malaya en Marbella, los casos de Ciempozuelos en Madrid, y la financiación de los terroristas de ETA y su sociedad Banaka”. Hernández Vigueras, Juan. “la Europa opaca de las finanzas y sus paraísos fiscales offshore”. Antrazyt, Madrid, 2008,  p.  16.

[19] “[…] se introducen en nuestro ordenamiento unos preceptos muy defectuosos técnicamente llenos de reiteraciones, casuismo y conceptos indeterminados, que si pueden quizá tener alguna justificación en un documento internacional, cuyas formulaciones deben ser lo suficientemente ambiguas como para contentar a la variedad de ordenamientos jurídicos de los países signatarios, resultan inaceptables en un ordenamiento jurídico” (…). Diez Ripolles, Jose Luis, citado por Fernández Steinko, Armando. Op. Cit., p. 90.

[20] Hoy en día, de forma reiterada, los medios de comunicación denuncian casos de blanqueo de capitales convirtiéndolos en noticias de actualidad. Por lo general se suele comentar el papel que en dicho fenómeno juega  el poder político, pero no se intenta bucear en la ideología imperante y en las estructuras sociales que lo posibilitan: Cfr. Hernández Vigueras, Juan. “Al rescate de los paraísos fiscales. La cortina de humo del G-20”. Icaria editorial. Madrid, 2009, p.  32.

[21] Cfr. Norma Angélica Ortiz Dorantes, Op. Cit., p.18 y 19.

[22] Loretta Napoleoni, “Foro sobre el Delito y la Sociedad. La nueva economía del terror: Cómo se financia el terrorismo”  Naciones Unidas. Oficina contra la droga y el delito. Volumen 4, números 1 y 2, diciembre 2004, p. 35. Véase también el artículo del periódico El Mundo (edición on-line) 26 de Septiembre 2001. «Los dineros del terrorismo»; y las declaraciones del Ministro de Interior en el diario El Mundo (edición impresa) 15 de Marzo 2005: «La médula del crimen organizado es el blanqueo de dinero (…) Alonso se refirió a la necesidad de incrementar la efectividad en la lucha contra las mafias que trafican con seres humanos, droga, armas químicas y bacteriológicas».

[23] Winfried Hassemer, en “Localización de ganancias: ahora con el Derecho penal”, versión castellana de Miguel Abel Souto, en Revista de Ciencias Penales, Revista de la Asociación Española de Ciencias Penales, vol. 1, nº 1, 1er semestre de 1998, pp. 217-220.

[24] En Colombia se creó la Superintendencia Financiera, que opera con un Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, denominado SARLAFT, de acuerdo a lo estipulado en el Capítulo Undécimo de su Circular Básica Jurídica 007 de 1996.
http://www.superfinanciera.gov.co/Normativa/NormasyReglamentaciones/titulo1.htm

[25] Cfr. Leopoldo Solí,.: “El lavado de dinero: distorsiones económicas e implicaciones sociales”. Instituto de Investigación Económica y Social Lucas Alemán, A. C. México, 2001, pp. 5-110.

[26]  Cfr.: Hans-Jörg Albrecht,: “Criminalidad transnacional, comercio de narcóticos y lavado de dinero”. Universidad Externado de Colombia, 2001, p. 78-79.

[27] Citados por Frank Bovenkerk y Bashir Abou Chakra, en “Terrorismo y delincuencia organizada”, Foro sobre el delito y la sociedad, Volumen 4, números 1 y 2, diciembre 2004, p.5 en: http://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/Forum/forum4_crime_society_Spanish.pdf

[28] Eduardo Sarmiento al comentar en 1993 algunos datos aparecidos a finales de los años ochenta del siglo XX. Citado por Roberto Velasco en “Las cloacas de la economía”, Ed. Los libros de la Catarata, Madrid, 2012, p.  117.

[29] Roberto Velasco,: Op. Cit., p. 97.

[30] Jordán de Urríes Milans del Bosch; en Boletín del ICAM.  Blanco Cordero.

[31] José Luis Díez Ripollés, “El blanqueos de capitales procedentes del tráfico de drogas: la recepción de la legislación internacional en el ordenamiento penal español” en “El encubrimiento, la recepción y el blanqueo de dinero”. Normativa Comunitaria. Cuadernos de Derecho Judicial, Consejo General del Poder Judicial, Madrid, Número 1, Febrero, 1994, p. 186.

[32] El delito fiscal puede ser considerado precedente o subyacente del de blanqueo de capitales. En España esta cuestión ha sido clave porque el delito de blanqueo tiene un plazo de prescripción superior al del delito contra la Hacienda Pública y permite investigar con mayor eficacia los delitos fiscales previamente cometidos y sus resultados. Véanse los pronunciamientos en los Juzgados Centrales 5 -caso PRETUS- y 1 -caso cuentas secretas de Liechtenstein- y el de Instrucción nº 5 de Marbella -caso Hidalgo.

[33] La Oficina de Naciones Unidas de Fiscalización de Drogas y Prevención del Delito http://www.imolin.org/imolin/finhaspa.html?print=yes

[34] “Crónica Tributaria”, Nº. 141/2011 (73-99), p. 74, en: http://www.economistas.es/Contenido/REAF/gestor/ct141/141_Dominguez.pdf , p.  74.

[35] http://www.imolin.org/imolin/finhaspa.html?print=yes

[36] http://www.fatf-gafi.org/pages/faq/moneylaundering/

[37] Cfr. FLICK, G.M., “La repressione del riciclaggio ed il controllo della intermediazione finanziaria. Problemi attuali e prospettive”, en Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale (R.I.D.P.P.), nº 4, 1990, p. 1265. Citado por Miguel Ángel Abel Souto, en “Normativa internacional sobre el blanqueo de dinero y su recepción en el ordenamiento penal español”. Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. Universidad de Santiago de Compostela, 2001, p.  233.

Leer también de la autora:

Corrupción o intercambio político http://zonaizquierda.org/SueltosDEahora/Corrupcion_o_Intercambio_Politico.htm

Corrupción y partidos políticos
http://zonaizquierda.org/SueltosDEahora/Corrupcion_y_Partidos_Politicos.htm

Corrupción y democracia http://zonaizquierda.org/SueltosDEahora/Corrupcion_y_Democracia.htm

Corrupción y agua
https://www.diagonalperiodico.net/blogs/movimiento/corrupcion-y-agua.html

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