Consecuencias del largo ‘reinado’ del PP en Murcia

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Diego Jiménez
Profesor

Era cuestión de tiempo. La larga crisis institucional a que condujo el enrocamiento,  en su cargo,  del presidente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, Pedro Antonio Sánchez  llegó a su fin en la mañana del pasado día 4 de abril, con el anuncio de su dimisión en reunión extraordinaria de la dirección regional del PP convocada con el requerimiento a sus componentes de “asistencia inexcusable”. El hecho de que a la citada reunión la dirección estatal desplazara a Murcia al coordinador general del PP, Fernando Martínez Maíllo, hacía suponer, como así fue,  que esa dimisión podría producirse.

Ayer,  la presidenta de la Asamblea Regional, Rosa Peñalver, inició una ronda de consultas con los portavoces de los Grupos Parlamentarios para conocer sus respectivas propuestas de candidatos a la Presidencia de la Comunidad Autónoma de Murcia, en sustitución de Pedro Antonio Sánchez.  Valoradas las opciones,  Peñalver emitirá una resolución durante los próximo días con la propuesta de un candidato a la presidencia de la Comunidad Autónoma.  Veremos qué pasa. Mientras tanto, echemos la vista atrás.

Los veintidós años ininterrumpidos en los que el PP ha venido gobernando, con mayoría absoluta (excepto en este último periodo legislativo) la Región de Murcia han sumido a este territorio en un desierto industrial y una crisis económica y social sólo mitigada en parte por la actividad agroexportadora. Pero, todo hay que decirlo, ha dejado secuelas, como lo demuestra la situación del Mar Menor, una laguna litoral única en el Mediterráneo, pero que acusa gravemente los efectos de una agricultura intensiva que ha dañado este singular espacio.

Por lo demás, la exposición de una serie de indicadores puede darnos una idea de la situación en que se encuentra la Región de Murcia.

La actividad especulativa del ladrillo y el final de la misma, ligada al estallido de la burbuja inmobiliaria, ha traído consecuencias. De los cuarenta y cinco municipios con que cuenta la Región de Murcia, en un total de 25 se dan casos de corrupción ligados a esa especulación urbanística, con el señuelo, muy deseado en su día, de la firma de convenios urbanísticos de difícil ejecución. El fin de la burbuja inmobiliaria ha llevado también a que, en una Región con casi 1,5 millones de habitantes, el presupuesto ha ido menguando año tras año, por la caída de la recaudación. El de 2016 es de 4.862 millones de euros, pero la Deuda actual asciende a 8.035 millones de euros, la décima por comunidades autónomas.

En lo social,  según la EPA de 2016, el  paro entre la población activa menor de 25 años es del 46,3%.  Además, un 44,9% de personas se encuentran en riesgo de pobreza y de exclusión social.  Con un Índice de Desarrollo Humano en 2.014 de  0,876, la Región se sitúa en el antepenúltimo lugar de todas las autonomías, sólo superada por Andalucía y Extremadura. Tal situación de pobreza motiva que un 56% de murcianos y murcianas confiese no poder salir de vacaciones al menos una semana al año…

Frente a estas cifras, la megalomanía y el despilfarro han dado lugar a proyectos inacabados o fracasados, de los que son ejemplos el Parque Tecnológico y la Paramount, de los que nada más se supo; urbanizaciones proyectadas para un turismo de élite no consolidadas por sentencias judiciales, tales como Novo Carthago, junto al Mar Menor, y las de la Zerrichera y Cabo Cope; autopistas sin coches, como la de Cartagena-Vera, que ha de rescatar Fomento; aeropuertos sin aviones, como el de Corvera, terminado pero sin funcionar, tras retirarle el Gobierno la concesión al anterior consorcio de empresas adjudicatario; una desaladora en el Valle de Escombreras, sin funcionar y en proceso de investigación en una Comisión del parlamento regional; el proyecto megalómano de un macropuerto en el paraje costero de El Gorguel, cuestionado por el movimiento ecologista por sus indudables repercusiones medioambientales sobre el hábitat mediterráneo costero, al pretender ubicarse junto a  la dársena de Escombreras, lugar especialmente contaminado; unas comunicaciones ferroviarias tercermundistas, volcadas ahora en un AVE que no llega y con el olvido de la línea tradicional con Albacete, mientras se anuncia la paralización del corredor Mediterráneo, a favor de Madrid…

Como se ve, la crisis institucional de Murcia coexiste con una Región situada en el furgón de cola de las autonomías. Un último dato: el Gobierno del PP se dispone a concertar la FP y el Bachillerato, enseñanzas, como se sabe, no obligatorias, en una Región en la que en los últimos años el incremento de las partidas destinadas a esos conciertos ha crecido un 24% de media, al tiempo que el deterioro de la Enseñanza Pública es evidente, lo que ha levantado la alarma de un sector de la sociedad murciana, sumida en gran parte en una anestesia que conduce a que el PP haya venido disfrutando, hasta hoy, de una cómoda mayoría, bien es cierto que ahora  con la complicidad de Ciudadanos.

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