Autoridades catalanas contra la corrupción

Artur Mas, Felip Puig, Macià Alavedra

 

Carlos Jiménez Villarejo

Con motivo del Día Internacional Contra la Corrupción, instituido por NN.UU el 9 de Diciembre, el president de la Generalitat de Catalunya, un representante del Parlament, el Director de la Oficina Antifraude, el presidente del TSJC y la Fiscal Superior de Catalunya han suscrito un comunicado que es una vaga  e imprecisa   declaración de intenciones. Se limitan a afirmar que Catalunya “Ha efectuat un llarg recorregut i vol seguir avançant pels camins de la transparència i el bon govern”, añadiendo que se comprometen a “promoure la integritat i combatre la corrupció i el frau en qualsevol àmbit”. Faltaría mas, dadas las  responsabilidades que ocupan.

Previamente, conviene recordar que aquella iniciativa no es tan novedosa como parece, con independencia de las autoridades que la suscriben.

Ya en 2003, ante  un déficit de 1.177 millones de euros en las cuentas públicas de la Generalitat , el nuevo Gobierno de Catalunya acordó la práctica de un Informe sobre la gestión de los Gobiernos de CiU, que detectó gravísimas irregularidades, como “un uso ineficaz de los recursos públicos”, causa, entre otras, de dicho déficit. Informe, de extraordinaria amplitud, que no se divulgó como debía de haberse hecho.

El Gobierno, además, acordó el 21 de diciembre de 2004 crear  un  Grupo de Trabajo, denominado de Buen Gobierno y Transparencia Administrativa, con la finalidad de garantizar una Administración sujeta a “los principios de integridad personal, de lealtad al interés público y de rendimiento transparente de su gestión”. Con el propósito de “reforzar la calidad democrática de nuestro sistema político y administrativo y hacer más transparente la gestión de sus organismos e instituciones”, particularmente en el ámbito de la contratación administrativa, de las subvenciones y del régimen de incompatibilidades. El Grupo de Trabajo formuló sus conclusiones el 27 de julio de 2005 planteando diversas Recomendaciones como la “limitación numérica de altos cargos”, la revisión de “normativa actual sobre incompatibilidades… evitando en todo caso situaciones de conflicto entre la función pública e intereses privados” y “(la) declaración de bienes”, sobre contratación pública y, en especial, en los contratos de obra para “garantizar más transparencia y objetividad en la selección de los contratistas”. Se hizo una particular llamada a la revisión de la normativa de ayudas públicas que  respetara “el principio de legalidad y fueran otorgadas con objetividad y gestionadas con eficacia, eficiencia, transparencia, coherencia y responsabilidad evitando conflictos de intereses”. Propuestas que, en parte, fueron ejecutadas. La creación de la Oficina Antifraude es, precisamente, consecuencia de dichas Recomendaciones.

Pero la posición de cada una de las partes que han  suscrito dicha Declaración es sustancialmente diversa.

La Oficina Antifrau, desde el imborrable recuerdo de su impulsor y primer Director, el Fiscal David Martinez Madero, es aún una incógnita. La Fiscalía y la Magistratura, con la excepción del Juez Solaz en el caso Palau de la Música, ha sido por lo general coherente,  rigurosa y eficaz en la investigación y persecución de los delitos de corrupción ,como lo acreditan los casos “Pascual Estevill”,  “Departament de Treball”, “Turisme de Catalunya” y  “Ferrocarrils de la Generalitat”, ya sentenciados, y “Adigsa”- casi todos relacionados directa o indirectamente con los anteriores Gobiernos de CiU- y, más recientemente, los delitos cometidos en la Inspección de Hacienda de Barcelona. Y  es un compromiso ineludible de la Justicia activar y concluir el proceso contra los responsables del expolio patrimonial del Palau de la Música.  Pero, tanto el actual Parlament de Catalunya como el President del Govern deberán acreditar  – aún no lo han hecho- que están dispuestos y efectivamente comprometidos para hacer frente a la corrupción. Concretamente, el partido político de Más, Convergència Democrática, aparece relacionado con el saqueo del Palau y, en particular, con el desvío de fondos a la Fundación Trías Fargas, ahora Catdem, y con una supuesta financiación irregular a través de Ferrovial. Estamos ante un proceso penal que afecta al partido del Gobierno y la definitiva determinación de los hechos y de  las responsabilidades penales pondrá a prueba la credibilidad de su participación en dicha Declaración.

Y, además, debe desarrollar y completar las iniciativas adoptadas por el Govern de l’Entesa en materias tan delicadas como la prevención del conflicto de intereses o incompatibilidades.

CONFLICTO DE INTERESES
Entre las normas sobre el ejercicio de la función pública, las más importantes para  prevención de la corrupción, son las que regulan el régimen de incompatibilidades, particularmente, de Altos Cargos y Diputados, y las que contemplan otros deberes, como las declaraciones de actividades y bienes y el deber de abstención. Sin duda, la legislación de incompatibilidades es la mayor garantía frente a lo que la doctrina moderna denomina, como fuente de corrupción, el conflicto de intereses. El régimen jurídico sobre esta materia desde que se constituyó el primer gobierno autonómico fue manifiestamente insuficiente. Y, en esta materia, el Gobierno de CiU tiene muchos retos por cumplir, mas allá de declaraciones ampulosas y vacías.

Es significativo que hasta el Decreto 261/1992 de 24 de noviembre no se creara el “Registro de Altos Cargos al Servicio de la Generalitat”, disposición en la que se incluyen normas genéricas sobre las declaraciones de causas de incompatibilidad y sobre “el Registro de Actividades y de Intereses”,lo que expresa mejor que nada el vacío normativo en esta materia  desde 1980. Basta repasar las disposiciones que han regulado el régimen de incompatibilidades de  diputados desde esa fecha. En la Llei 3/82, de 23 de marzo, del Parlament, del President y del Consell Ejecutiu de la Generalitat, sólo el artº. 11, aún vigente, contenía una Disposición sobre causas de inelegibilidad e incompatibilidad que resultaba y resulta una burla a un riguroso planteamiento de un problema tan importante para la transparencia de la Administración Pública. Es más, el apartado 3 de dicho precepto afirmaba que “la ley electoral puede determinar otras causas de inelegibilidad”, ley electoral aún pendiente, incluso durante este último periodo, que expresa el elevado grado de tolerancia sobre el régimen de incompatibilidades de los Diputados al Parlament de Catalunya, sobre todo si se compara dicha norma con las contenidas con la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG)  5/85 de 19 de junio (Artºs. 155-160).

 SOBRE EL DEBER DE LOS DIPUTADOS
Hasta esta fecha, se mantiene una grave y preocupante indeterminación respecto de las compatibilidades de los diputados, que no fue superada aprovechándose la reforma del Reglamento del Parlamento aprobada el 22 de diciembre de 2005. No es admisible que el Artº. 11.1 continúe afirmando que “los Diputados han de observar siempre las normas sobre incompatibilidades”, sin relacionar expresa y formalmente las causas de ello. La consecuencia es que están reguladas por más de cincuenta disposiciones estatales y autonómicas, con una tan evidente como rechazable falta de seguridad jurídica sobre todo para los ciudadanos que no podrán conocer si los diputados que los representan se dedican a su función con lealtad al interés público. Dicho Reglamento contiene también la correspondiente norma sobre el deber de los diputados de hacer la declaración “de las actividades profesionales, laborales o empresariales que ejercen y de los cargos públicos que ocupan”, “una declaración de bienes, que debe detallar el patrimonio de quien declara”, pero que carece de la debida pormenorización de los mismos, además de la declaración anual de liquidación del Impuesto sobre la Renta y el Patrimonio. Se establece además el “Registro de Intereses” para la inclusión de dichos datos, al que se atribuye “carácter publico” solo en cuanto afecta “a las actividades y los cargos”. Resulta, sin duda, inaceptable la norma que determina que “transcurridos cuatro años desde  la pérdida de la condición de Diputado dichas declaraciones deben ser destruidas” (Artº. 12.7), precepto absolutamente rechazable e impropio de un sistema democrático que está obligado a preservar la documentación pública y garantizar el derecho de los ciudadanos a  acceder a ella, según prescriben diversas disposiciones como, entre otras, la LLei 10/2001,de 13 de Julio, de Archivos y Documentos. Por variadas razones pero, en este caso,  como forma de evitar la impunidad de dichos cargos si hubiesen incurrido en responsabilidades administrativas o penales por incumplimiento del sistema normativo en esa materia y las mismas no estuviesen prescritas. El Reglamento contiene, en fin, una norma más retórica que efectiva. El Art. 13 dice que “Los Diputados no pueden invocar o usar su condición para ejercer actividades comerciales, industriales o profesionales, o colaborar con terceras personas en el ejercicio de dichas actividades ante las administraciones públicas en beneficio privado”. Si la disposición, como parece, es solo aplicable a los Diputados en activo resulta de difícil aplicación. Debería exigirse inexorablemente cuando se cesa en el cargo.

OTRAS MEDIDAS SON POSIBLES
Además, el Gobierno de CiU debe asumir otras responsabilidades para prevenir la corrupción. Como, por ejemplo, que todos los cargos públicos electos y directivos de empresas públicas deban formular y hacer pública una declaración de bienes e intereses antes y después del desempeño de la función pública y garantizar la accesibilidad -incluso on line– de los ciudadanos a dicha información, superar definitivamente las  actuales deficiencias en lo que respecta a la transparencia de los partidos políticos  en cuanto a sus fuentes de financiación y sus cuentas, la necesidad de una mayor información acerca de los préstamos recibidos, las condonaciones de capital e intereses, las fundaciones y empresas vinculadas, etc., que -los partidos- revisen las condiciones de las deudas contraídas con las entidades de crédito, ya vencidas, pero pendientes de pago y  que registren en sus estados financieros las obligaciones que pudieran derivarse de dichas operaciones, que acrediten suficientemente las regularizaciones de deuda que pudieran producirse con acreedores  justificando las razones de dicha regularización, que posibiliten en  sus registros contables la máxima transparencia en relación a las aportaciones privadas para poder verificar el origen y el cumplimiento de los límites legales establecidos y que establezcan un adecuado sistema de control interno que posibilite el control de su actividad económico-financiera de acuerdo con la Ley de Financiación de los Partidos Políticos. Exigencias mas que fundadas ante un partido como Convergencia Democrática, que en 2004 -de los ejercicios posteriores  se dispone de escasos datos- recibió en concepto de donaciones anónimas 1.515.100 euros.

Todo ello, por una razón tan evidente como la que expone Transparencia Internacional: “Dado que una proporción claramente mayoritaria de los recursos financieros de los partidos políticos es la aportada por los ciudadanos, deberían rendir cuentas a estos y hacer públicas dichas cuentas”. Razón por la que propone la  “creación de un órgano o consejo de transparencia e integridad, no remunerado, con representación plural de los partidos políticos, las instituciones públicas y la sociedad civil” que vele por la aplicación de las disposiciones vigentes con capacidad para exigir su cumplimiento y denunciar los supuestos de corrupción. Sería una forma de aproximarse a la democracia real.

 

Un pensament a “Autoridades catalanas contra la corrupción”

  1. gràcies per la publicació de l’article/ponència de Carlos Jiménez Villarejo, és un exemple doctrinal d’ètica democràtica, us suggereixo la difusió de la mateixa en altres mitjans de comunicació, seria interessant que els movimetns socials i ONGs el puguin conèixer i sigui concepte de debat polític

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