Alicante es diferente

Pere Miquel Campos
Periodista

El titular de estas líneas –y el supuesto contenido que alojan– no es de quien suscribe. Resume lo que los diputados del Partido Popular de la Diputación Provincial mantienen y esgrimen (incluso, dado el caso, arrojan) para mantener su pobre argumentario. Ese que desde que hace dos años se instalaron en el gobierno de la institución les sirve para ir, con  armas y bagajes, contra València. En realidad, contra el gobierno del Consell Valenciano y defender un alicantinismo del que se viene echando mano para defender un poder que de otro modo no tendrían y que no es otro que el administrar los presupuestos de muchos ayuntamientos de la provincia.

Antes de continuar, quede claro que el PP ahora, y el PSOE antes, han mantenido esa misma tesis con mayor o menor virulencia, pero sobre todo, es mi opinión, ignorancia. Y el consiguiente atrevimiento que ahora se traduce en campañas publicitarias o de concienciación de los alicantinos -de la provincia, claro– en las que se usan mantras como Gobierno de Alicante o Diputación de Alicante, gobierno provincial.

César Sánchez, Presidente de la Diputación Provincial de Alicante

Con estos principios, el trabajo político del equipo de gobierno del presidente César Sánchez, asesorado especialmente por, al parecer, el ideólogo diputado de Presidencia, Carlos Castillo y con la única oposición manifiestamente abierta de los diputados de Compromís (el PSOE suele pasar de esta cuestión, nada menor), es de aquellos de acción-reacción.

Así, en los últimos días, sin dios ni diablo jurídico-político que les ampare, el autollamado gobierno de Alicante, no se ha cortado ni un pelo y ha presentado ante la Audiencia Provincial un recurso contra el Decreto de Plurilingüismo de la Generalitat Valenciana, aprobado recientemente y cuyas divergencias con el gobierno de Rajoy ha sido solucionado, en favor valenciano, por el ministro de Educación y el conseller de la Generalitat. Entonces, ¿a santo de qué el recurso del ridículamente denominado Gobierno de Alicante?

Según Castillo, para preservar el derecho de los alicantinos que mayoritariamente hablan castellano y no valenciano, y según la dinámica del decreto, el tercer idioma, el inglés, se verá disminuido en la normativa que se implantará el próximo curso en el País Valencià. Alicante es diferente, es el punto de partida de este modo de hacer política a la contra. Pero claro, los alicantinos de la ciudad de Alicante son los que mayoritariamente hablan castellano. ¿O es que ocurre en Dènia, Altea, Benimantell, El Campello, Alcoi, Cocentaina, y el resto de la geografía alicantina?

El primer idioma en cuanto al uso de otros lugares de la provincia es el castellano. Es el caso, por ejemplo, de  Orihuela, Torremendo, Rojales, Dolores, Catral, San Fulgencio, Torrevieja y otros, donde por cierto, y por el turismo residencial, se habla más inglés o ruso, que castellano. Y también es cierto que ha habido en los últimos años solicitud para aprender en las escuelas primarias e institutos el valenciano, idioma oficial como el castellano y, sin duda, la lengua más minorizada y desasistida de las dos.

Fíjense hasta qué punto lo anterior se produce día sí día también, que el presidente de la Diputación, César Sánchez, insiste: presentará batalla para defender la división provincial de España frente al modelo de Estado Federal que plantea el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, «y que va más allá de acabar con las diputaciones». Sostiene Sánchez (que Tabucchi me perdone) que «cuando el presidente de la Generalitat dice que quiere terminar con las diputaciones, lo que en realidad quiere es terminar con las provincias, porque quiere un modelo de Estado distinto al que nos dio la Constitución de 1978».

Diputación de Alicante

Para Sánchez, «no tiene ningún sentido quitar una competencia a una institución como la Diputación de Alicante, que está saneada, es eficiente y da un buen servicio a los ciudadanos, para traspasar esa competencia a una Administración que está endeudada, no funciona y es ineficaz».

Todo porque al jefe del Consell se le escuchó decir –y está publicado– que SUMA, el organismo provincial recaudatorio de impuestos de los ayuntamientos, podría ser el germen de la Agencia Tributaria Valenciana.

La guerra continúa.

La vicepresidenta del gobierno valenciano es la bicha para los gobernantes de la diputación alicantina. A la tercera intentona, tras dos negativas porque sí, Mónica Oltra y Sánchez pudieron intercambiar ideas sobre qué servicios podrían mancomunarse o transferirse directamente a la Generalitat, tales como los servicios sociales, especialmente, los destinados a personas mayores y niños de familias desestructuradas.

Sin embargo, Sánchez ha apelado a la colaboración entre Administraciones y da su apoyo, claro, a los servicios que impulsa la  Diputación: «esperamos reciprocidad respecto a los proyectos que parten de la institución provincial».

¿Contradictorio? Me atrevo a decir que en absoluto. Políticamente lógico en algunos políticos. Lamentablemente cierto.

Cómo entender que para redondear faena, Sánchez, alcalde de Calp (que no ha renunciado a recastellanizar su topónimo, volviéndolo a oficializar como Calpe) , haya declarado días pasados que el Consell del president Ximo Puig «ha abandonado la provincia». Victimario reiterado. Explotar el que aquí conocemos muy bien, el “Alacant a part” del que escribió un jumillano , cultísimo y jumillano, José Vicente Mateo.

Así están. Echando leña al fuego a esa entelequia manida durante décadas, que es el llamado alicantinismo que, todo hay que decirlo, muchos gobiernos de la Generalitat, del PP y ahora, del formado por socialistas y Compromís, han ignorado o no han querido entender.

Continuará… nuestra fe, que no confianza. Y es que quizá seamos muy escépticos, desconfiados. Quizá.

 

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