Algo pasa con la Justicia en el Reino de España

Los casos de corrupción que salpican a juristas y PP ponen en cuestión si en España la separación de poderes existe realmente

Xavier Caño Tamayo
Periodista

Algo pasa en el Reino de España, cuando han sido reprobados de una tacada por el Congreso de los Diputados el ministro de Justicia, Rafael Catalá, el Fiscal General del Estado, José Manuel Maza, y el Fiscal Anticorrupción, Manuel Moix. Por abrumadora mayoría absoluta, por cierto.

Se les ha reprobado por su “injerencia en procedimientos judiciales en los que se investiga a cargos públicos del Partido Popular así como por su comportamiento que ha provocado el menoscabo del Ministerio Fiscal”. El Congreso también exige la destitución del Fiscal General, José Manuel Maza “por incumplimiento grave y reiterado de sus funciones“.

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Fernando Martínez Maillo

Para el Partido Popular el problema no es que la justicia se tambalee o que la división de poderes sea un espejismo, como parece indicar esa reprobación. El problema es la conspiración contra ellos. Así lo cree Martínez Maillo, Coordinador General del Partido Popular, que acusa de inquisidores a los otros grupos parlamentarios y cuestiona la legalidad de lo que llama causa general contra el PP. No hay tal causa sino una adecuada actuación de la comisión parlamentaria que investiga la presunta financiación ilegal del PP. Maíllo incluso amenaza con acudir a los tribunales para recurrir lo que haga esa comisión.

La cuestión es cristalina como el agua de las altas cumbres. Da igual que haya indicios de presunta corrupción o de financiación irregular que ha pagado campañas electorales. El PP tiene patente de corso y puede hacer lo que le dé la gana y, si alguien osa investigarlo, es un inquisidor. El PP está por encima del bien y del mal. Como creía estarlo el dictador Franco.

Indicios y pruebas
Desde luego, esos neofranquistas o criptofranquistas del PP olvidan el informe de la Fiscalía Anticorrupción (antes del tiempo de Moix) que afirma haber indicios de que en 2014 y 2015 proveedores de campañas electorales del Partido Popular cobraban de cuentas del partido sin notificarlo a la Cámara de Cuentas ni al Tribunal de Cuentas. Además de que hay pruebas de ingresos en efectivo de más de un millón de euros de procedencia desconocida, así como de una caja B del PP de Madrid para pagar campañas y encuestas. Ignoran o simulan ignorar que a estas alturas el lodazal de corrupción que anega el Reino de España no son ‘casos aislados’, como repiten voceros y portavoces del PP. La corrupción ya está en el sistema y no afecta solo al PP.

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El ministro de Justicia, Rafael Catalá. Foto: Alberto Morante

Sobre el reprobado ministro de Justicia, Catalá, cabe recordar que en menos de tres años ha nombrado tres fiscales generales del Estado. Torres-Dulce, que dimitió tras desencuentros con el Gobierno; Consuelo Madrigal, que duró poco más de un año porque no se plegó a las exigencias del ejecutivo, y José Manuel Maza, que no es problema para al gobierno sino todo lo contrario.

Maza hizo las propuestas de nombramientos que no hicieron los fiscales generales que le precedieron. Propuso al gobierno nombrar a Jesús Alonso nuevo fiscal jefe de la Audiencia Nacional; Alonso es portavoz de la conservadora Asociación de Fiscales. También propuso a Manuel Moix, cercano al Partido Popular, como fiscal Anticorrupción. A pesar de ser advertido por fuentes diversas de no ser buen candidato por no tener experiencia alguna en ese campo. Maza además sustituyó a más de 30 fiscales de casos de corrupción sin explicar las razones. La Unión Progresista de Fiscales denunció que esas sustituciones solo podían entenderse desde el interés político e ideológico y que “el mensaje transmitido era que se cambia a los fiscales que persiguen la corrupción”. Desde que Alfonso Guerra aseguró hace décadas que quien se mueve no sale en la foto, hemos ido a peor.

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El fiscal Moix con González, y al fondo un busto del Rey Juan Carlos

Presión mediática y ciudadana
Otrosí, cuando Manuel Moix era Fiscal de Madrid, sacó de prisión provisional al principal acusado de un fraude con cursos de formación, pero que no implicara al gobierno de la Comunidad de Madrid. Después, Moix calificó como falta el incidente de tráfico en la Gran Vía madrileña que protagonizó Esperanza Aguirre, ex-presidenta de la Comunidad de Madrid. A pesar de que la Audiencia de Madrid consideró que debía investigarse como presunto delito de desobediencia a la autoridad. Y, ya nombrado Fiscal Anticorrupción, Moix quiso detener un registro en la investigación del caso Lezo relacionado con operaciones aprobadas por el gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón. También intentó apartar a los fiscales del caso e ignoró la denuncia de un campo de golf ilegal relacionado con la empresa Canal de Isabel II de la que Ignacio González fue presidente durante nueve años.

También quiso Moix detener las intervenciones telefónicas al ex-presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, hoy en prisión preventiva. Y, contra el criterio de los fiscales que llevaban el caso Lezo, quiso frenar los registros de la Guardia Civil en el domicilio y despacho de González. También libró de prisión preventiva al ex-ministro de Economía, Rodrigo Rato, a pesar de evidencias que presuntamente lo relacionaban con delitos. E intentó reestructurar la Fiscalía Anticorrupción, lo que hubiera supuesto apartar a los fiscales más combativos que han actuado eficazmente contra políticos corruptos de todos los partidos.

Finalmente Manuel Moix dimitió como Fiscal Anticorrupción tras una gran presión mediática y ciudadana. Durante semanas, aparecieron noticias críticas sobre Moix, su afinidad con el PP y sus actuaciones como fiscal en diarios, emisoras de radio y televisiones. Pero el alboroto cívico estalló al saberse que poseía el 25% de una empresa radicada en el paraíso fiscal de Panamá. En pocos días una organización de activistas de la Red recogió 147.000 firmas pidiendo su destitución como Fiscal Anticorrupción.

Corrupción
Cospedal impone una condecoración a su amigo Espejel

Presidenta de quienes la apartaron
En ese tiempo Dolores de Cospedal, secretaria general del PP, se movió para que la magistrada conservadora Concepción Espejel Jorquera fuera nombrada presidenta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Esa sala resolverá casos de corrupción como los Púnica y Lezo que afectan a cargos del Partido Popular. Espejel fue elegida presidenta de esa Sala de lo Penal por 11 de los 21 los vocales del Consejo General del Poder Judicial. Tendrá amplio poder para organizar esa sala de la Audiencia, puede presidir cualquier vista oral en su jurisdicción y hacer que cualquier asunto que ella considere sea resuelto por el pleno de la Sala de lo Penal. Por cierto, Espejel fue obligada por los magistrados de lo Penal de la Audiencia Nacional a excluirse de juzgar el caso Gurtel, los papeles de Bárcenas y la caja B del PP por afinidad de la magistrada con ese partido. Ahora es la presidenta de los magistrados que la apartaron de juzgar la Gürtel.

Tras elegir a Espejel, el Consejo General del Poder Judicial designó a Enrique López para ocupar una de las dos plazas de magistrado de la nueva Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional. Con López en Apelaciones, magistrado también excluido antaño por su cercanía al PP, parece que los conservadores tienen mano en todos los niveles judiciales.

En este tiempo de corrupción, las llamadas élites saben la importancia de controlar los medios. Pero no solo los medios. Lo muestran las películas de gángsteres de Nueva York o Chicago. Por ejemplo, Vito Corleone, el Padrino, era envidiado por las otras ‘familias’ por la influencia o control que tenía sobre algunos jueces. Pero, por supuesto, esto no es El Padrino ni Muerte entre las flores de los Cohen. Ya no se dan esas situaciones. Entre otras cosas porque ya no se usan metralletas Thompson de carga circular.

División de poderes
Sin embargo, tras todo lo expuesto, cabe concluir que algo no funciona en el Reino de España. Tal vez porque la estructura del poder judicial, como tantas otras cosas surgidas de la nada modélica Transición, no se construyó todo lo bien que era necesario. Ese Consejo tiene veintiún miembros de los que veinte son elegidos por el poder legislativo: diez por el Congreso y diez por el Senado y su Presidente es el del Tribunal Supremo.

Hasta aquí no parece estar mal. No obstante, la elección de vocales reproduce los defectos y carencias de la democracia española y de su sistema electoral. Por ejemplo, los vocales elegidos son nombrados tras arduas negociaciones de los partidos mayoritarios, PP y PSOE, o que lo eran. ¿Y los jueces? ¿Y el resto del país? ¿No tienen nada que decir? Si a un sistema democráticamente insatisfactorio, se suman injerencias gubernamentales, la división de poderes en el Reino de España es más un anhelo que una realidad incontrovertible.

Lo ha expuesto con nitidez el filósofo Antoni Domenech: “Salta a la vista que en el Reino de España el poder ejecutivo, aun en clara minoría parlamentaria, controla la justicia a su placer.”

Se podrá decir más alto, pero no más claro.

2 pensaments a “Algo pasa con la Justicia en el Reino de España”

  1. MÉS
    Els periodistes Carlos Enrique Bayo i Patricia López van fer la compareixença més punyent, fins ara, de la comissió d’investigació de l’operació Catalunya al parlament. Fa temps que tots dos revelen al diari Público què s’amaga a les clavegueres de l’estat: les connexions entre fiscals, magistrats, el Ministeri d’Interior, la cúpula policíaca i les grans companyies espanyoles. Fins a l’esclat de l’operació Catalunya, ‘l’escàndol de corrupció política i de màfia d’Interior més gran des dels GAL, tal com diu Bayo… Això seria un escàndol mundial en qualsevol altre país europeu!’, diu, indignat. Aquest ‘això’ de què parla, i que fa posar els cabells de punta, és la continuïtat que s’estableix entre l’antiga brigada político-social franquista i els escàndols que veiem ara.

    Es va dissoldre aquella brigada político-social, però els membres més destacats no van ser ni processats, ni investigats, ni destituïts, ni enviats a l’atur. Van ser recompensats pels seus serveis, que recordem que van ser tortures i detencions il·legals durant la dictadura.

    Es va recompensar aquesta gent amb càrrecs amb salaris impressionants, com a directors de seguretat de les companyies més grans d’Espanya: Renfe, Iberia, les elèctriques… I fins i tot d’estrangeres, com és el cas de Billy el Niño, el més conegut de tots, que fou col•locat a la Renault. Tots es coneixien, van continuar reunint-se i coordinant-se i van crear una policia paral•lela que protegia a qui els pagava. Tota aquesta gent surt d’aquella brigada, i creen una xarxa paral•lela parapolicíaca que protegeix en tots els sentits els multimilionaris que surten del no-res, com a la Rússia de Ieltsin o de Putin; la gent que es fa rica amb totes les privatitzacions, que comencen amb Boyer i continuen amb Aznar, de totes les grans companyies estatals que van ser privatitzades. Telefònica inclosa.
    ….La unitat d’afers interns de la policia va fer un informe, que era un encàrrec d’Eugenio Pino per a saber d’on havia sortit aquest imperi. I en aquest informe es demanava específicament a la fiscalia que investigués d’on havien sortit aquests fons; perquè els investigadors deien que era molt sospitós, que provenia d’emblanquiment de capitals, i potser també de fons reservats. Això ho van enviar a la fiscalia anticorrupció, que ho va recollir, però els va cremar als dits tan bon punt ho van veure, i ho van enviar a la fiscalia superior de Madrid. (Per cert, Manuel Moix va ser fiscal superior de Madrid i quan va marxar va deixar-hi el seu home de confiança…) Doncs a la fiscalia de Madrid, aquest informe, amb un contingut gravíssim perquè parlava de corrupció policíaca en els graons més alts del cos, és desat en un calaix. El van tancar amb clau i el van llançar al Manzanares. I un any després continua en el calaix.
    … Doncs ningú no reacciona, tot queda silenciat. És la llei del silenci, és l’omertà, és la màfia en estat pur; però és que en la màfia hi participen magistrats, fiscals, el ministre de Justícia i el president del govern espanyol! Això seria un escàndol mundial en qualsevol altre país europeu.
    Perquè han aconseguit que aquestes grans companyies i grans entitats financeres que van ser privatitzades i lliurades a gent com Villalonga (en el cas de Telefónica), s’hagin quedat tots els grans mitjans de comunicació. I no hi ha cap mitjà que ho denunciï, això. Ara perquè encara hi ha xarxes… És una aliança, en què hi ha Interior, que inclou policia i serveis d’informació, la guàrdia civil; la fiscalia, totalment controlada i jeràrquicament obedient a les ordres de l’executiu; també una gran part de la magistratura; controlen el Consell General del Poder Judicial, que nomena els càrrecs; i tenen, és clar, el poder econòmic, i polític…

    Pel que fa a l’OPERACIÓ CATALUNYA Vicky Álvarez va baixar d’Andorra una vegada amb Jordi Pujol Ferrusola i amb 25.000 euros, no amb mig milió. I quan ell la va deixar, va pensar que trauria rendibilitat d’haver tingut aquella relació d’amants. Va mirar la manera de guanyar diners amb això. I és aquí on apareix el senyor Villarejo, que es relaciona amb ella fent-se passar per periodista d’El Mundo, amb l’aval dels periodistes Eduardo Inda i d’Esteban Urreiztieta. En els àudios que hi ha entre Álvarez i Villarejo –encara fent-se passar per periodista d’El Mundo– parlen de Jorge Moragas [cap de gabinet de Mariano Rajoy].

    Sí, ja sabeu que es coneixia amb Sánchez Camacho perquè van ser companys d’estudis quan eren joves. I Moragas diu a Camacho que aquesta noia que coneix de l’escola ha estat l’amant del fill gran de Pujol, que té moltes ganes d’explicar coses i que pot anar molt bé per a destruir la reputació dels Pujol. I li diu que la rebi. Álvarez va a la seu del PP a Barcelona, i quan comencen a parlar al despatx de Camacho, s’emplacen a dinar un dia. I és aleshores que Camacho organitza el dinar de la Camarga, amb el famós enregistrament. Tinc proves que Camacho ha prestat fals testimoni en seu judicial i ha presentat denúncia falsa i ha mentit en seu parlamentària. I ara és la vice-presidenta primera del congrés espanyol.

    …L’auge de l’independentisme a Catalunya és vist com una amenaça des de la comissaria general d’informació a Madrid, i des de la direcció adjunta operativa de la policia. Per això examinen què es pot fer i comencen a preparar dossiers, que es fan públics quan Fernández Díaz ja és al ministeri i diu endavant, a totes, enfonsem-los. Per això Daniel de Alfonso se’n va a parlar amb ell. Cerquen el que sigui per mirar d’enfonsar els polítics sobiranistes catalans, i ho han de fer abans del 9-N, i ho publiquen a la premsa afí. Tot això queda clar en els àudios.

    És l’escàndol de corrupció policíaca i de màfia d’Interior des dels GAL, és clar. És comparable en l’execució, en els objectius, en allò que té de corrupció de la democràcia. La diferència és que, és clar, els GAL van cometre assassinats i de moment aquesta brigada, no. També en van aprendre, dels GAL. Si t’apareixen dos cadàvers en calç viva, malament rai. Però al mateix temps a nosaltres ens han amenaçat dient-nos: ‘Anirem a totes.’

    És que el fet més greu de la claveguera és que no es limita a Interior. Perquè sempre tens un aparell judicial que et pot donar la raó, et pot protegir i defensar. Si hi ha investigacions pel compte de Xavier Trias que es demostra que són falses i s’arxiven… La cosa més perillosa és que la claveguera contamina la judicatura. En aquest cas veig que no els fa falta la claveguera policíaca perquè hi haurà ordres de la fiscalia, del TC, del Suprem, perquè s’arribi a inhabilitar una gran part del parlament.

    (VEURE ENTREVISTA COMPLETA A VILA WEB , diari digital)

  2. A l’excel·lent article caldria afegir-hi les declaracions d’avui, 8 de juny de 2017, de Emilio Fernández García, nou president de la Unió Progressista de Fiscals (UPF), per a completar el “quadre”:

    El nou president té al davant el repte d’intentar evitar que el fiscal general “es converteixi en un Rei Sol”…. El govern espanyol ha perseguit els fiscals generals perquè passessin per l’adreçador.: …va fer el pas de situar un afí del govern espanyol a Anticorrupció i va rellevar els fiscals de Múrcia i el País Basc, a més de Saragossa. Ho va fer servir com a missatge per a navegants: si es carregava aquest fortí [l’Audiència Nacional], que era sobretot simbòlic per als progressistes, volia dir que s’atreviria amb tot.

    Tot això més que por, genera molta angoixa, inquietud i desànim entre els fiscals. Som professionals acostumats a moltes amenaces, pressions… Però no estem parlant d’atracadors, sinó d’actuacions molt pròximes al poder…. I els últims mesos hem vist la influència directa del poder polític sobre la cúpula fiscal.

    … S’està demostrant que no només els corruptes han campat lliures molt de temps, sinó que existeix un moviment paral·lel per intentar protegir-los perquè no siguin processats.

    … en la majoria de països europeus, el fiscal porta la investigació de delictes assistit per la policia. Però Catalá, Maza i Moix ho han tirat tot per la borda. S’ha instal•lat la idea en l’opinió pública que el fiscal és controlable i que la fiscalia no té cap tipus d’autonomia. La gent no voldrà que ens donin la instrucció després que el ministre digués, en una intervenció lamentable, que el govern podia donar instruccions al fiscal general de l’Estat. Tot el pla de reformes ha naufragat. Catalá sempre parla de consens, però no hi haurà pacte d’estat en la justícia ni mentre ell continuï en el càrrec.

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